Teléfono rojo/José Ureña
LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA LXXIV…Por naturaleza, los periodistas somos incómodos al poder público; los rezagos en la justicia laboral en los casos de unomásuno, Excélsior y Notimex
En el libro “El reino y el Poder”, donde narra una parte de la historia del periódico Nueva York Times, Gay Talase, sostiene que las relaciones entre los medios de comunicación con los poderes públicos son relaciones perversas, pues los primeros buscan encontrar siempre noticias frescas, atractivas para sus lectores, que no son siempre bien vistas desde el poder, porque cuestionan un proceder que muchas veces cae en la ilegalidad y que pueden afectar los intereses de millones de personas.
Pero la realidad nos muestra que los medios de comunicación jamás hemos sido “el cuarto poder”. La prensa no puede ser intolerante ni tampoco constituirse en un tribunal de confrontación, pero tampoco puede convertirse en cómplice de las atrocidades o de las malas prácticas gubernamentales. El Nuevo Periodismo exige un compromiso con sus lectores, le da voz a quienes no las tiene, investiga hechos, circunstancias. La prensa no es un contrapoder, cumple con su función de informar e investigar, lo que al poder público le incómoda, le irrita y a veces lo asfixia. Es un fenómeno mundial el hecho que a los políticos no les guste el periodismo libre y no tienen aprecio ni por el trabajo de los periodistas ni por la prensa.
En México, por ejemplo, Vicente Fox llamó a sus críticos, el «círculo rojo» o los “contreras”, mientras que los priístas, con mayor oficio de gobierno, son más cuidadosos en público, pero en privado se unen a las quejas de los otros partidos políticos importantes. En realidad, el proceso de transformación de las relaciones entre la prensa y los políticos iniciaron finales de la década de los setenta y principios de los ochenta. El problema es que muchos de los empresarios propietarios de los medios de comunicación enturbiaron la relación con el poder público con acuerdos perversos y, ahora, López Obrador, generaliza y lo utiliza como un distractor ante la ineficacia de su gobierno para afrontar los graves problemas nacionales.
López Obrador descalifica a los medios y según él no debe haber un periodismo “en donde no se deben mezclar intereses económicos con el derecho a la información, no utilizar la libertad de expresión como negocio, no excusarse en eso y hacer siempre un periodismo objetivo, profesional, plural, que le dé oportunidad a todas las voces; no un periodismo tendencioso, ni mucho menos un periodismo al servicio de grupos de intereses creados, de mafias, un periodismo contrario a los intereses del pueblo”.
Pero nosotros, los verdaderos reporteros, académicos, investigadores y analistas, por naturaleza somos incómodos al poder público porque no nos dejamos engañar tan fácilmente. Y López Obrador, convertido en el gran censurador de la prensa, no quiere entender que es muy saludable para todos, incluyendo a su propia administración, contar con una prensa crítica. Le sirve más que un grupo de aduladores.
Es más. Nosotros, para poder informarnos de las acciones del gobierno, disponemos de la información que el mismo nos brinda en sus portales, en su sección de información y, cuando ésta no existe o es insuficiente, la buscamos a través del sistema de transparencia. De ahí obtenemos los datos duros, de fuentes de gobierno y la contrastamos con otras fuentes independientes. Los datos que tenemos son los que nos da el gobierno, no son datos falsos sino insuficientes. La información completa sólo la tiene el sector superior de gobierno y sin duda y en teoría la debe tener el presidente. Pero muchas ocasiones ha demostrado que no.
Actualmente, entre los supuestos periodistas que cubren las conferencias mañaneras destacan los representantes de modestos medios de redes sociales, muchos de ellos simpatizantes o militantes de Morena, quienes defienden las ideas y las mentiras del propio López Obrador. Es más. Le aplauden sus socarronas ocurrencias. Hay otros que provienen de provincia y exponen todo tipo de problemáticas y gestiones que no tienen que ver con lo periodístico y son pocos, escasos los reporteros de los medios nacionales que cuestionan datos o incongruencias entre dichos o hechos con respecto a las acciones de gobierno, porque el presidente los insulta y exhibe como empleados de sus adversarios. Allá él.
¿De qué sirve que el gobierno brinde a los ciudadanos la cifra de homicidios dolosos si, cuando se confronta al presidente con esas cifras, él afirma que tiene «otros datos»?
Pero el tema de fondo es que, en ese contexto, ayudaría mucho a esclarecer la política de comunicación social del gobierno federal. México necesita quien lo gobierne con seriedad y cumpla sus atribuciones constitucionales, que son muchas. Para eso fue elegido presidente. La prensa no sabe, por eso critica: esa es la lógica del gobierno. Pero la mayor parte de los funcionarios responsables de las áreas de comunicación social del gobierno federal, están cooptados o no saben hacer bien su trabajo. Así de simple.
El malestar del presidente con los medios de comunicación es una constante en sus conferencias mañaneras. “No sólo pasa en México, es una crisis mundial”, ha tratado de matizar. Sólo se salvan, según él, “honrosas excepciones”. No los menciona, pero obviamente se trata de sus incondicionales. Y ahora, con su nueva sección en las conferencias mañaneras denominada “Quién es quién en las mentiras de la semana” trata de sentar en el banquillo de los acusados a los medios y protagonistas que le resultan incómodos.
No sabe o se le olvida que los medios son parte de una industria donde existe la publicidad comercial y gubernamental. Lo que es necesario es regularlo para que en lo público no sea repartido de forma discrecional y se use para coaccionar, cooptar o censurar a los periodistas. Si López Obrador transparentara la distribución del gasto habría una digna transformación en el periodismo. Pero es un simulador, por eso inventa eso de quien es quien en las mentiras, cuando él es el mayor mitómano e impostor. Un día dice que los empresarios son la mafia y al otro día los invita a comer en Palacio Nacional y les pide su apoyo y que inviertan. Pero todo está a la vista y cada día más ciudadanos despiertan de esta triste realidad, lo malo es el tiempo perdido y que se ha afectado a muchas personas.
LOS REZAGOS DE LA JUSTICIA LABORAL
Y en cuanto a la justicia laboral se refiere, el gobierno federal prácticamente se ha lavado las manos y ha quedado a deber. Por supuesto me refiero a los casos de los ex trabajadores de unomásuno, de Excélsior y de Notimex, que esperan que la justicia laboral cumpla con su mandato constitucional y haga precisamente lo que se la demanda: justicia.
En el caso de Notimex, la agencia de noticias del Estado, a un año de huelga, sus funcionarios encabezados por Sanjuana Martínez Montemayor persisten en violar los derechos de los trabajadores. Mientras los sindicalizados malviven apostados a las afueras de las instalaciones de la agencia, la autoridad, inflexible, persiste en desprestigiar, golpear y dividir el movimiento sindical. Esta es la huelga más larga de la era de la 4T.
Estalló el 21 de febrero de 2020, y desde entonces no hay ni intención de dialogar de la parte patronal, ni mucho menos resolver el conflicto. El 80 por ciento de huelguistas son mujeres, la mayoría madres solteras y jefas de familia que dependen de sus ingresos para vivir y hoy sobreviven de préstamos de amigos y familiares.
Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), denunció que Sanjuana Martínez corrió, hostigó y vulneró los derechos del personal administrativo, del equipo de corresponsales internacionales, nacionales y reporteros locales, mandos medios, editores y jefes de sección. “Para ella todos eran corruptos, malos trabajadores y tenían que renunciar, aunque no documentó sus acusaciones”, lamentó la dirigente.
En el asunto de unomásuno, llevan 17 años de huelga, y el líder sindical de los trabajadores, el cetemista Mario Chágary Cossío, se ha negado a informarles acerca del proceso de liquidación de los activos de la desaparecida empresa, con la que habrían de obtener los recursos para pagar las respectivas liquidaciones de unos 240 empleados que iniciaron el movimiento. Algunos de ellos ya fallecieron, pero sus familias esperan recibir lo que en justicia tienen derecho.
En ese tiempo, el dirigente se ha negado a convocar a asambleas para rendir cuentas sobre el proceso de compraventa de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, el cual implica unos 65 millones de pesos, recursos que a la vez servirían para cubrir las liquidaciones de los trabajadores en huelga y que ascienden a 56 millones de pesos. Hay, además, una demanda contra Mario Alberto Chágary Cossío por fraude y despojo a los trabajadores. Está demanda fue presentada por Eduardo Guzmán, corredor de bienes inmuebles, que llevó a Chágary a un grupo de judíos inversionistas y quienes le compraron tres propiedades por un monto de 43 millones de pesos.
Así lo dieron a conocer representantes de los reporteros, correctores de estilo, rotativeros, diseñadores, redactores, secretarias y empleados de administración del que fuera emblemático periódico. Los trabajadores también denunciaron el contubernio existente entre Ernestina Hernández Solano, exdirigente sindical, con Chágary Cossío, los cuales han hecho todo lo que está a su alcance para confundir a los trabajadores; han entorpecido el proceso de liquidación, incluso por el mínimo detalle; han callado o cuando mucho ofrecen versiones contradictorias, sin fundamento alguno e incluso se han ocultado.
“Ambos han hecho mancuerna para manejar con la más absoluta discrecionalidad los vericuetos de esta larga, larguísima espera de los trabajadores y sus familias”, indicaron.
A once años que se hizo la venta de algunos de los activos del periódico Excélsior, cooperativistas exigen rendición de cuentas a sus representantes Armando Heredia Suárez, presidente del Consejo de Administración y Javier de Anda, gerente General, ya que según el comprador Olegario Vásquez Raña pagó 585 millones de pesos y a los socios sólo se les repartió 277 millones en liquidación y el resto que son 300 millones no saben en donde quedaron.
Como socios, señalan los cooperativistas encabezados por Alfredo Jiménez Ramos, están dispuestos a negociar con Olegario Vásquez Raña, el Banco HSBC, Javier de Anda, Armando Heredia, pues ya llevan 11 años en estar en la lucha para que se les haga justicia, 70 socios han muerto y muchas personas sufren enfermedades graves. Mencionan que han presentado demandas civiles y denuncias penales ante las autoridades de la Ciudad de México, para que llamen a los implicados y expliquen a los socios de la cooperativa Excélsior, que todavía no se ha disuelto, de cómo, qué edificios y cuál es la cifra real en que se vendió el periódico.
“Queremos saber si realmente dieron los 585 millones de pesos, les digan a estas personas que nos rindan cuentas, además es su obligación porque somos una sociedad cooperativa y la cual no se ha disuelto y sigue siendo cooperativa”, especificaron los afectados.