Teléfono rojo
La seguridad presidencial en entredicho y la recomposición del Congreso de la Unión y el retorno a clases …
El viernes pasado no se llevó a cabo la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieron el paso a unos cuantos metros de ingresar al cuartel de la VII Región Militar. Decenas de maestros irrumpieron su paso y fue rehén para exigirle que atienda sus necesidades, a lo cual, el presidente se negó.
Transcurrió una hora y el mandatario mexicano había enviado un mensaje a través de un video que grabó desde la camioneta que lo transportaba desde el hotel. Destacó que “el presidente no podía ser rehén de nadie” y por ello no había accedido a dialogar con los miembros de la CNTE. “Estoy acostumbrado a este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura no acepto chantajes de nadie, estamos ofreciendo dialogo que los atienda la secretaria de Educación, pero quieren que yo mismo les resuelva aquí”.
El problema es que López Obrador, obstinado como es, nuevamente pone en peligro su integridad y en su necedad de no ampliar su seguridad personal, puso en entredicho la presidencia de la República cuando los grupos beligerantes como las secciones de la CNTE de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán no entienden que un diálogo constructivo se forja bajo reglas de respeto mutuo y de ninguna manera bajo la base de presiones, amenazas, chantajes o tomas ilegales de casetas de carreteras federales, bloqueos de las vías del ferrocarril o daños en edificios públicos, incluyendo destrozos y pintas.
López Obrador ya lo sufrió en carne propia las presiones de la CNTE, pero no puede decir como presidente de la República que protesta por la forma en que lo trataron tanto a él como a su investidura. Debe actuar con severidad le guste o no. Cabe destacar que, al momento, los integrantes de la CNTE, que le impidieron el paso en Chiapas, buscan evitar el regreso a clases presenciales.
El domingo por la tarde, la recién ex titular de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue elegida presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para el primer año de la LXV Legislatura. De esta forma, en el pleno de Senado, Sánchez Cordero relevó al senador de Morena, Eduardo Ramírez. La decisión se llevó a cabo con 79 votos a favor, 17 votos por otras planillas, y una abstención. Luego de su nombramiento, la ex ministra de la Suprema Corte tomó protesta ante los miembros del senado.
Olga Sánchez Cordero dijo que se impulsará una agenda para el porvenir democrático en el país. Afirmó que seguirá actuando por y para las mujeres y recordó que parte de sus objetivos, es la confianza depositada en ella por parte de todos los partidos políticos y garantizó la comunicación con todos los coordinadores de las bancadas en el Senado. Destacó el papel de la mujer en la política y resaltó, la oportunidad de ser secretaria de Gobernación y poder trabajar en coordinación con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otras gobernadoras en funciones.
Adán Augusto López Hernández solicitó licencia por tiempo indefinido a la gubernatura de Tabasco, y el delegado de Programas Integrales de Desarrollo de la entidad, Carlos Manuel Merino Campos, tomó protesta como gobernador provisional. Por unanimidad fue aprobada la solicitud de licencia Adán Augusto López durante la sesión de la Comisión Permanente, en la que también se decidió que sería el secretario de gobierno quien lo sustituiría de manera provisional. Carlos Merino siempre ha sido el suplente en los cargos de elección popular que ha ocupado.
AMPAROS
Por otra parte, un juez federal ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suministrar a un menor de 18 años la vacuna contra el Covid-19, ante la negativa del gobierno federal de adquirir y suministrar vacunas a ese segmento de la población.
El juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Martín Santos Pérez, concedió una suspensión provisional a Alfredo Clemente Mata García, para que el gobierno federal, a través de funcionarios de la Secretaría de Salud, aplique la vacuna al menor Ángelo “M”. El amparo fue promovido por el padre del menor contra actos del presidente de México y otras autoridades.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a la brevedad posible al menor quejoso la vacuna contra el virus para la prevención del Covid-19 en México, quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a su valoración, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud, es candidato a la aplicación de la misma y en las modalidades (tipo o marca de la vacuna) así como las dosis que correspondan”.
El 12 de agosto pasado se conoció el primer amparo ganado por la abogada Alma Franco, para que su hijo de 12 años y tres menores más que viven en Oaxaca, reciban la vacuna. Al momento se han promovido 50 amparos en favor de menores para acceder a las vacunas.
En julio pasado, el juez federal Germán Cruz Silva negó una suspensión a familiares de un menor para que fuera inmunizado con alguna de las vacunas que se aplican en nuestro país. Sin embargo, los amparos para que un sector de la población sea considerado en la vacunación contra el Covid-19 no es un asunto nuevo.
Desde diciembre pasado, cuando comenzó la vacunación para el sector salud en nuestro país, médicos del sector privado que fueron relegados de recibir las vacunas por lo que promovieron amparos para obtenerlas. En mayo pasado, con motivo de un juicio de amparo impulsado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un juzgado de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva en favor de médicos privados que no son considerados de “primera línea” de control del coronavirus.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, insistió en que no hay evidencia científica para justificar la aplicación de vacuna a menores de 18 años, ya que, argumentó, las niñas, niños y adolescentes tienen riesgo bajo de tener una enfermedad grave por Covid-19.
“Esto en el contexto de la reapertura de las escuelas también se ha querido utilizar como un argumento de que sólo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas, no tiene sentido esto, sentido científico porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión. En este momento ese es el estado que guarda la evidencia científica. Insistimos, si apareciera un elemento científico sólido, convincente, en sentido distinto, posiblemente consideraríamos un sentido distinto”, dijo López-Gatell.
En apoyo a dicho argumento, el presidente López Obrador dijo: “si científicamente se demuestra que es necesaria y de utilidad la vacuna para niños, vamos a la vacuna; pero tenemos que ir actuando poco a poco, con prudencia, con evidencias”.
REGRESO A CLASES BAJO PROTESTA
El inicio del ciclo escolar en el nivel básico –primaria y secundaria- 2021-2022 ha generado una amplia discusión, pues prevalece en el centro del debate si es correcto o no que sea de manera presencial. La semana pasada, parecía que la mayoría de los padres de familia y docentes estaban en contra del regreso a las aulas. Pero ante la proximidad del inicio de las clases, la balanza se ha equilibrado y están parejas las posturas sobre de asistir a la escuela o que siga la impartición de la enseñanza en línea. Muchos padres de familia han dicho que llevarán a sus hijos bajo protesta.
Académicos, intelectuales, organizaciones empresariales, partidos políticos, asociaciones civiles, han adoptado posturas a favor y en contra del retorno a las clases presenciales. Y lo que parecía una opinión mayoritaria y aplastante en contra, ahora está en un equilibro de 42 por ciento a favor y 58 porque no se regrese.
La secretaría de Educación asegura que hay garantías sanitarias para permitir el regreso a las clases presenciales y todos los protocolos listos. Además, asegura que se cuenta con estrategias diseñadas para evitar situaciones de riesgo. Los gobiernos federal y estatal han insistido en que el regreso a las actividades presenciales es voluntario por parte de los alumnos, y se reculó en la carta compromiso que se les pediría a los padres de familia.
Y es que ante el inminente regreso a clases, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, debe de contar con un plan para rehabilitar a todas las escuelas que fueron vandalizadas y junto con las autoridades federales, estatales y municipales, resolver inmediatamente los temas hidráulicos y de limpieza general en las instalaciones escolares, pues la mayoría de las escuelas tienen problemas con la falta de agua para los baños, además de que se quejan que en todo el año no les han surtido insumos.
Todavía estamos en pandemia y hay muchas posibilidades de rebrotes.