Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XCIII…En el pleno de la Suprema Corte habrá mayoría de ministros que no son de carrera judicial; Además, el pleno tira los intentos releccionistas promovidos por Amlo. 

Con el retiro en diciembre próximo del ministro José Fernando Franco González Salas, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acortan los que son de carrera judicial y solamente quedarán cuatro de los once. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, serán minoría ante siete ministros que no provienen directamente del Poder Judicial de la Federación.

Hace unos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, declaró inconstitucional el artículo Décimo Tercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –que fue agregado de último minuto bajo la justificación de que así se garantizaría la adecuada implementación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador–, que establecía la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.

Esta ampliación invalidada establecía que Zaldívar permanecería como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal hasta 2024, año que coincide con la conclusión del sexenio del presidente López Obrador. En la sesión, el ponente, Fernando Franco González Salas, indicó que el transitorio viola la Constitución al constituir una reelección de facto. “El citado transitorio resulta evidentemente violatorio de los artículos 97, párrafo quinto y 100, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló el ministro.

“Al determinarse la extensión de un plazo constitucionalmente previsto por cuatro años, con prohibición expresa de reelección inmediata, la extensión del periodo a que se refiere el transitorio impugnado constituye una reelección de facto, resultando evidente el fraude constitucional en este punto”, dijo.

En ese sentido, el ministro Luis María Aguilar Morales consideró que la ampliación del mandato de Zaldívar y del cargo de los consejeros puede generar una ruptura en el equilibrio de poderes y constituye una intromisión indebida del Congreso de la Unión en la forma de organización del Poder Judicial de la Federación. La ministra Norma Piña Hernández destacó que los tribunales constitucionales no tienen como misión la de complacer a las fuerzas políticas y que el Congreso aprobó la ampliación del mandato en total desapego a la Constitución.

“(El artículo décimo tercero transitorio) atenta radicalmente contra la independencia judicial y la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y representa una gravísima violación a uno de los fundamentos de una constitución democrática como es la nuestra”, afirmó la ministra. En una hora con 20 minutos, los ministros invalidaron el artículo que fue severamente cuestionado por integrantes de la oposición en el Congreso de la Unión, académicos y activistas. Como se ve, los ministros de carrera fueron los que expusieron los argumentos sólidos para tirar este despropósito.

En este sentido, comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz, candidatos de López Obrador para cubrir la vacante que dejará Fernando Franco González Salas.

El exprocurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, aseguró que, en caso de ser electo como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuará con plena independencia y combatirá la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Dijo que estará del lado de quienes combaten el nepotismo y la corrupción, que estaban muy arraigados en el Poder Judicial.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, a fin de exponer a los legisladores la idoneidad de su candidatura, Bernardo Bátiz destacó que será respetuoso de las leyes y procurará que las resoluciones que se tomen estén apegadas a derecho y que actuará siempre con absoluta libertad e independencia, como lo ha hecho en las funciones que ha tenido, sin aceptar consignas ni amenazas.

Bernardo Bátiz Vázquez reveló que él no solicitó ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia y no negó su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró “el mejor presidente que ha tenido nuestro país en los últimos 60 años” y reconoció que se requiere equidad de género en la Suprema Corte de Justicia, aunque aceptó participar en el proceso a fin de que los legisladores tuvieran alternativas para llevar a cabo la elección del nuevo ministro. La consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz Ahlf, se comprometió a fortalecer el combate a la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, en caso de ser designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras que la también consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés, aclaró que no tiene vínculos con el poder político e incluso afirmó que no se considera una persona cercana al presidente López Obrador.

En este mes estamos por cumplir 22 meses del primer caso detectado del nuevo coronavirus en México, el 27 de febrero de 2020, se reportó al primer enfermo diagnosticado por esta nueva enfermedad en nuestro país. El 19 de marzo, es decir a los 20 días del primer caso, se reportaba el primer fallecimiento en un enfermo internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México.

Para el 20 de noviembre del 2021, se han documentado más de 3.8 millones de infecciones y más de 292 mil fallecidos. Pero en forma inexplicable, lo que causaba alarma hace 22 meses solo fue el inicio que ha llevado a dar como habitual que día a día tengamos más casos y más muertos. Ahora sabemos que el número de fallecidos por exceso de mortalidad alcanza más de 600,000.

Lo importante es no que no se relajen las medidas preventivas sanitarias y para el mes de diciembre no bajar la guardia. Algo que tanto queríamos evitar está sucediendo. Una nueva ola de contagios por la COVID-19 ya llegó y los países de Europa que son los que se encuentran más afectados; por ello, diversos gobiernos han implementado duras restricciones a sus habitantes, como lo es el confinamiento total y la obligatoriedad de la vacuna.

La semana pasada el gobierno de Austria informó que, a partir de este lunes 22 de noviembre, comenzaría el confinamiento general para frenar la actual oleada de la pandemia de Covid-19. Esto porque en las últimas horas se han contabilizado más 13 mil nuevos contagios, la cifra más alta registrada desde que inició la pandemia. Además, las autoridades austriacas estipularon que la vacuna contra el nuevo coronavirus será obligatoria, ya que -hasta el momento- 5.9 millones de personas, es decir el 66 por ciento del total, ha recibido la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus.

Por último, insistimos en el tema de los 250 ex trabajadores de unomásuno, así como sus familias, quienes gallardamente llevan la friolera de aproximadamente 14 años de litigio, en el que exigen a la Junta de Conciliación de Arbitraje y al sindicato Cetemista, encabezado por Mario Alberto Chágary Cossío, su respectiva liquidación.

Los trabajadores son propietarios de varios bienes inmuebles, pero un Notario Público y Chágary Cossío, en contubernio con un empresario libanés están haciendo lo imposible para no pagar las liquidaciones que son de aproximadamente 650 mil pesos por trabajador. Y los extrabajadores ya pidieron que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno capitalina, los respalde para que a la brevedad, se reciban sus respectivas liquidaciones.