Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La pandemia y la economía XCX…El gobierno federal y Morena afinan sus baterías para la Revocación de Mandato; la oposición en contra de la reforma eléctrica y los entretelones del caso Scherer Ibarra.

El domingo entrante, cuando comienzan los festejos de Semana Santa, con el llamado “domingo de ramos”, se llevará a cabo la consulta pública sobre la revocación de mandato y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversos gobernadores, integrantes de su gabinete y los dirigentes y legisladores del partido del oficialismo, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han estado promoviendo dicha consulta e inclusive desafiando a la autoridad electoral federal –que es la responsable de promoverla y llevar a cabo dicho evento–, no obstante que desde el Congreso de la Unión le redujeron el presupuesto de este año, amplios sectores sociales han manifestado públicamente que no acudirán a las urnas.

¿Por qué?

Muchos han manifestado que se sienten decepcionados por la gestión gubernamental y porque luego de tres años al frente del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete han mostrado ineficacia para afrontar los principales retos económicos; la mayoría cuestiona la estrategia para combatir al crimen organizado que poco a poco y con un altísimo grado de violencia se ha venido apoderando de amplias zonas del país. Mientras que otro tanto, cuestiona el manejo que se ha dado y la estrategia global para combatir la pandemia y porque no se ha frenado la creciente inflación y desempleo, además de que el crecimiento de la economía nacional ha sido escaso o nulo. También, de que no se ha podido frenar el flujo de migrantes por la frontera sur.

De acuerdo con el “Reporte de Gobernabilidad de Marzo” del Grupo de Economistas Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) una encuesta reveló que el 51 por ciento de la población mexicana desaprueba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a un 45 por ciento que si está conforme con su gestión. Además, la credibilidad del presidente de México continúa a la baja, y solamente el 25 por ciento de los encuestados dijeron que le creen “mucho”. El 56 por ciento de los mexicanos piensa que el país va por el rumbo equivocado, lo que representa el punto más alto en lo que va del sexenio y el 53 por ciento de los consultados opinan que debe cambiar la estrategia de seguridad, mientas que el 56 por ciento considera que las organizaciones criminales han crecido y se han vuelto más violentas en este sexenio.

El 48 por ciento de los consultados consideró que el presidente no ha implementado acciones para eliminar la corrupción en México, y el 64 por ciento estimó que el caso de la “Casa Gris” de su hijo, José Ramón, sí fue un acto de corrupción. Se mantiene al alza el porcentaje de personas que desaprueban el manejo de la pandemia de Covid-19, con el 46 por ciento, mientras que el 2 por ciento la aprueba. Otro punto relevante es que el 44 por ciento de los encuestados dijo que México se encuentra en una severa crisis económica.

La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana con el que se busca consultar a la población sobre si desea que un funcionario continúe en el cargo o sea destituido y este año será la primera vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que dicha institución llevó a cabo más de 280 foros a nivel nacional, estatal y distrital, para promover la participación de la ciudadanía.

Pero para el oficialismo, el evento del próximo domingo es crucial. Un ejemplo de ello es lo que dijo el pasado fin se semana, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo, quien advirtió que para ese día habrá un operativo partidista intenso para vigilar, supervisar y garantizar que se instalen las 4,810 casillas en la capital.

(El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, instalar 57,677 casillas para la consulta de revocación de mandato, lo que representa una tercera parte de las 161,640 que originalmente tenía previsto colocar. La cifra de 161,640 estaba basada en la ley federal en la materia, que mandata que para un ejercicio de este tipo se instale el número de mesas de votación correspondiente a una elección federal. Sin embargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al INE organizar el proceso con los recursos de los que disponga, el organismo redujo la cantidad por falta de presupuesto).

Pliego Calvo indicó que luego de todos los obstáculos que se han presentado para la realización de esta consulta, como es la instalación de sólo una tercera parte de las casillas, la falta de información sobre la ubicación de estas y el supuesto boicot que han ejercido tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, “no van a lograr su objetivo para que este instrumento de la democracia participativa fracase”.

El dirigente capitalino reiteró que los organismos electorales no han hecho nada para promover el Referéndum Revocatorio y para rematar no han difundido la ubicación de las casillas, con el objeto de desestimular que la población pueda ejercer su derecho a ser tomada en cuenta. Por último, Pliego Calvo aseveró que el próximo domingo “el pueblo” con su participación va a dar una lección “a los conservadores reaccionarios de derecha de la sociedad civil y de los partidos políticos”.

Pasando a otro tema de relevancia, cuando se acerca la discusión de la controvertida reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, los dirigentes de la oposición han manifestado que no aprobarán la iniciativa presidencial que está impulsando Morena ya que “el capricho presidencial costaría a los mexicanos más de 500 mil millones de pesos, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considerando las inversiones privadas vigentes en proyectos de generación de energías limpias y la renovación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), ratificó la postura negativa de dicho partido sobre “la regresiva y destructiva reforma eléctrica” del gobierno de López Obrador y dijo que es  “altamente nociva para México, porque ahuyentaría la inversión para la generación de energía, provocando pérdida de empleos y desabasto energético, que ocasionaría grandes apagones, además de encarecer el costo de la luz y provocar un grave daño al medio ambiente”.

En tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno y su bancada en la Cámara de Diputados encabezados por el coordinador Rubén Moreira, refrendaron su postura en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente, al asegurar que viola la Constitución.

Desde el auditorio Plutarco Elías Calles del CEN nacional, Moreno Cárdenas argumentó que, el incremento en los energéticos, el gasolinazo en la parte norte del país, los apagones en todo el país, la sequía en curso y la creciente contaminación por energías sucias hace que la propuesta no pueda ser aceptada y tenga que ser modificada ante la nueva realidad de México y de mundo.

“Hoy por hoy, la propuesta del oficialismo es un peligro para México en el presente, un desastre que avizora una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro al poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones y proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético.

Por otra parte, la semana pasada se conoció que la fiscalía general de la República (FGR) inició una investigación en contra el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Es la primera indagatoria que se integra en contra del exfuncionario, en medio de una disputa pública entre éste y el fiscal Alejandro Gertz Manero. 

Trascendió que el Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación en contra de Scherer Ibarra, derivada de la denuncia interpuesta en febrero pasado por el abogado Paulo Díez Gargari. En la carpeta de investigación FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000122/2022, además de Julio Scherer, también están señaladas otras personas, “integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes”, según el propio denunciante.

¿De qué se le acusa?

El denunciante dijo que los probables delitos que incluyen esta denuncia son: Asociación delictuosa; Ejercicio ilícito del servicio público; Coalición de servidores públicos; Uso ilícito de atribuciones y facultades; Ejercicio abusivo de funciones; Tráfico de influencia y contra la administración de justicia, entre otros. 

Además, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, publicó una carta en sus redes sociales dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que acusa al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de intervenir en su detención y posterior encarcelamiento.

Señaló en su carta que, en 2019, previo a su detención, fue informada que el presidente López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra se reunieron para discutir su situación: “En una reunión entre usted (AMLO), el fiscal general y el exconsejero jurídico (Julio Scherer Ibarra) se discutió mi situación. El Fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel”, escribió en su cuenta de Twitter la exfuncionaria.

Esto se suma, a la denuncia pública hecha el 19 de marzo por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, a través de una carta publicada en el semanario Proceso, donde asegura que López Obrador tuvo conocimiento directo de diversos actos presuntamente ilícitos cometidos por la exsecretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, –actual senadora del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional– y el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, el propio López Obrador no ha negado los hechos y solamente ha dicho que no se va a pronunciar, y no presentó en su momento las denuncias penales correspondientes ni contra Sánchez Cordero ni contra el Fiscal, como estaba obligado.