Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XCXIV…Los destapes anticipados, los desplazados por la violencia, las incontenibles olas de migrantes y el presupuesto participativo. 

Andrés Manuel López Obrador, a la mitad de su sexenio, ya “destapó” a su segundo secretario de Gobernación y paisano Adán Augusto López; a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores y a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, como serios aspirantes a sucederlo en la presidencia de la República e inexplicablemente no ha mencionado al presidente de la junta de coordinación política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien abiertamente ha dicho que pretende ser candidato en las próximas elecciones del 2024. 

El pasado fin de semana durante un mitin en Acatlán, Hidalgo en una gira de trabajo del candidato a gobernador por Morena en el estado, Julio Menchaca Salazar, varias personas rodearon a Ebrard Casaubón y le gritaban, «presidente, presidente, presidente», mientras que Ebrard se dejaba ver entusiasmado. Lo mismo ocurrió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López con los diputados morenistas y sus rémoras la semana pasada. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a Andrés Manuel López Obrador por considerarla como aspirante a la Presidencia en 2024.

Y es que, con estos destapes anticipados, la oposición no ha dicho ni tampoco ha dejado entrever quien podrá ser su candidato, y si juntos, llevarán como candidato a un personaje que no sea un militante dentro de sus filas, pero que goce de prestigio y de buena fama pública. Lo que es un hecho, es que la carrera por la sucesión presidencial ya comenzó y es muy probable, como van las cosas, que haya alternancia. En fin, hay que esperar. 

Por otra parte, desde mediados de 2021, el recrudecimiento de la situación de violencia en varios estados y municipios, en el marco de disputas entre grupos del crimen organizado, ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. En la primera semana de marzo, varias personas desplazadas de los municipios zacatecanos de Jerez, Susticacán y Tepetongo viajaron a la Ciudad de México para pedir al presidente garantizar la seguridad necesaria para que puedan retornar a sus comunidades. 

De acuerdo con testimonios de las personas desplazadas, muchas de ellas perdieron casi todo lo que tenían, incluyendo ganado, instrumentos de trabajo y enseres domésticos, y ahora viven en otras comunidades con parientes, amigos o en casas rentadas. Debido a los desplazamientos por la violencia también quedaron abandonadas alrededor de 6 mil hectáreas de cultivo de durazno en Jerez, lo que podría representar una pérdida económica de 900 millones de pesos. Por considerar que la visita al Palacio Nacional los había dejado “con las manos vacías”, un grupo de habitantes de Jerez acudió a la Cámara de Diputados para exigir un juicio político en contra del gobernador zacatecano David Monreal. 

La Organización civil, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) indicó que, ante la violencia y los desplazamientos en la región, los gobiernos estatal y federal diseñaron el “Plan de recuperación Jerez y sus comunidades”, en el marco del cual se instalaron tres destacamentos permanentes del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal en la región serrana del municipio con la intención de recuperar el territorio que el crimen organizado arrebató.

Sin embargo, hasta ahora, las personas sólo han retornado a sus comunidades acompañadas por fuerzas de seguridad para recuperar sus pertenencias, sin intenciones de quedarse, ya que al volver a sus comunidades sólo han encontrado desolación y saqueos.

En Chihuahua, el pasado 7 de marzo fue asesinado a manos de un grupo armado José Trinidad Baldenegro, hermano de Isidro e hijo de Julio Baldenegro, quienes también fueron asesinados en 2017 y 1986, respectivamente. La familia Baldenegro, originaria de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, ha dedicado su vida a la defensa del territorio rarámuri en la sierra de Chihuahua, donde grupos armados se dedican a la tala ilegal de madera y a la siembra de drogas.

Debido a su labor en defensa de la tierra y del bosque y a las consecuentes amenazas y ataques de los grupos armados, diversos miembros de la familia Baldenegro han tenido que abandonar sus hogares en Coloradas de la Virgen a lo largo de los años. En total, al menos ocho defensores del territorio han sido asesinados en la comunidad, donde, de acuerdo con organizaciones locales, los habitantes padecen de una situación de abandono estatal, despojo e impunidad.  

En marzo hubo al menos tres eventos de desplazamiento interno causado por violencia en tres estados de la República: Chiapas, Guerrero y Zacatecas. Tanto en Guerrero como en Zacatecas se trataron de desplazamientos de personas que ya se habían visto obligadas a desplazarse anteriormente. En Guerrero, diez días después de haber retornado a la comunidad de Zihuaquio, en el municipio de Coyuca de Catalán, unas 203 personas tuvieron que abandonar de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen organizado. Las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento en enero de 2020.

En Zacatecas, tras haber retornado semanas antes a sus hogares, al menos 15 familias se vieron obligadas a huir por segunda vez a causa de enfrentamientos en el municipio de Valparaíso. 

En Chiapas, familias tzotziles —conformadas por hombres, mujeres, niños— de la localidad de Santa Marta, en el municipio de San Pedro Chenalhó, se vieron obligadas a huir de sus hogares y refugiarse en comunidades cercanas luego de ser atacadas con armas. Se presentaron dos iniciativas para crear una ley en materia de desplazamiento interno. En Michoacán, se presentó la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Michoacán de Ocampo y, en Zacatecas, se presentó la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Zacatecas. En ambos casos, los legisladores que presentaron las iniciativas reconocieron la gravedad de la situación de violencia y desplazamiento en sus estados y destacaron la urgencia de atenderla.

En la Ciudad de México, diputados de Morena presentaron una propuesta para abrogar la Ley para la Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal y expedir la Ley para la Atención y Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, la cual incluye entre las definiciones clave el concepto de “desplazamiento forzado interno» y prevé la elaboración de planes de retorno para las personas beneficiarias que hayan tenido que desplazarse. 

Asimismo, se aprobaron en el Senado una serie de puntos de acuerdo presentados por la senadora Geovanna Bañuelos con el fin de abordar la situación de inseguridad en Zacatecas, entre los cuales uno que exhorta a dependencias de los gobiernos federal y estatal a proteger y atender a la población desplazada internamente y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes desplazados. 

De las 392 personas que se encontraban alojadas en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, entre ellas 70 menores de edad, la mayoría eran desplazadas por la violencia de distintos estados de México. Este es el caso de la familia de Ana Laura, quien se vio obligada a abandonar Michoacán y emprender el viaje hacia los Estados Unidos con su esposo y sus tres hijos. Al encontrar la frontera cerrada y ante la imposibilidad de retornar a su hogar, llevan siete meses viviendo en el albergue, donde Ana Laura coordina a un grupo de mujeres voluntarias en la cocina. 

La Secretaría del Migrante identificó a cerca de 3,500 personas michoacanas desplazadas en Tijuana, provenientes de los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán, Buenavista y Churumuco, quienes llevan entre seis meses y un año ocho meses fuera de sus hogares. La titular de la dependencia informó que se está trabajando en un plan de retorno seguro en el que colaborarán 15 instituciones estatales y algunas del gobierno federal, el cual se formalizará tras la firma de un convenio entre el gobierno de Michoacán y el de Baja California. 

En Oaxaca, una niña de tres años de una de las familias desplazadas de San Esteban Atatlahuca falleció por un severo cuadro de desnutrición, ya que en la zona donde se encuentran no hay médicos ni alimentos suficientes. Ante esto, se demandó el cumplimiento de la medida cautelar otorgada por la CIDH y se señaló la urgencia de contar con apoyo humanitario para evitar situaciones como esa. Además, personas desplazadas señalaron que el pago de la pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores les fue negado a más de cien beneficiarios por solicitar que se realizara en un lugar distinto, ya que la vida de las personas adultas mayores desplazadas corría peligro si se trasladaban a la cabecera municipal. A todo esto habría que agregar las olas incontenibles e incontrolables de migrantes que atacan la frontera sur y se desplazan con muchos peligros a lo largo y ancho del país en búsqueda de poder alcanzar a penetrar al territorio estadounidense, con los riesgos que ello conlleva y con una administración mexicana frágil, corrupta e ineficaz ante las demandas de los gringos de poder contener las hordas.

Finalmente, en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 opinaron 286 mil 312 vecinos, equivalente al 4 por ciento del Listado Nominal de Electores. Esta cifra supera en un 19 por ciento, la participación respecto del último ejercicio similar realizado en 2019, en el que se registraron 238 mil 905 opiniones.  

Lo anterior se dio a conocer durante el cierre de la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), donde además se dio a conocer que con el avance en el cómputo del 97.27 por ciento de las actas, la participación por demarcación fue la siguiente:

Azcapotzalco, 3.56 por ciento; Coyoacán, 5.41; Cuajimalpa, 5.59; Gustavo A. Madero, 3.03; Iztacalco, 5.58; Iztapalapa, 3.76; Magdalena Contreras, 3.12; Milpa Alta, 2.13; Álvaro Obregón, 4.08; Tláhuac, 4.34; Tlalpan, 5.54; Xochimilco, 4.12; Benito Juárez, 2.06; Cuauhtémoc, 3.71; Miguel Hidalgo, 2.99, y Venustiano Carranza, 5.29 por ciento.

En este ejercicio, los 48 pueblos reconocidos por la Ley de Participación Ciudadana determinarán, con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas o formas de organización internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), se determine el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para su comunidad.  

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, reconoció el reto que representó el desarrollo de la Consulta, en aspectos como una nueva normatividad y la pandemia. “La apatía siempre es el enemigo a vencer, debemos celebrar y agradecer el esfuerzo realizado, indicó, al tiempo de que llamó a medir, en el futuro, el impacto cualitativo que tienen