Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA AGENDA DE LAS CAMPAÑAS Y LA INBATIBLE VIOLENCIA 

Más allá de los ataques personales entre los propios candidatos a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de los resultados parciales de las encuestas, lo que es un hecho, es que Andrés Manuel López Obrador sigue marcando la agenda diaria, tal y como ha ocurrido desde antes de que se iniciaran las campañas y precampañas.

Independientemente de los dimes y diretes entre candidatos, llama la atención de que muy pocas de sus propuestas, con sus respectivos “cómo”, han dejado algún tipo de huella entre los ciudadanos. Solamente han sido vistas con “buenos ojos” el reparto de dádivas mensuales para mujeres, ninis y adultos mayores, como pequeños paliativos que no resuelven el problema de fondo y que es, con todas sus letras, la desigualdad social y la pobreza. No ha escuchado ningún programa que venga a fortalecer a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, para evitar que dejen sus estudios prematuramente porque tienen que trabajar.

No nos han dicho los candidatos hasta ahora “cómo” van a hacerle para frenar la inseguridad y la violencia cotidiana. Ni tampoco qué van a hacer para acabar con la corrupción que se ha convertido, lamentablemente, en una forma de vida. Una corrupción que va más allá del cobro de dinero, para hacer “favores” o ascender a cargos públicos, corrupción que llega hasta la incitación a la prostitución para mujeres de todo tipo, incluyendo jóvenes y adolescentes. Reclutamiento de ninis, para defraudar bancos y robar en cajeros automáticos o para pagarles dos mil pesos porque maten a una persona que no saben quién es.

En lo que si están de acuerdo los candidatos presidenciales es que se debe de instaurar la segunda vuelta para darle certeza a la gobernabilidad. Y tres de ellos –salvo Margarita Zavala y José Antonio Meade–, se pronunciaron a favor de la revocación del mandato, cada dos años, y para ello se debe construir una ley para legalizar el referéndum.

Desde el día que arrancó la contienda electoral se vivió la violencia que las acompañaría. El día de inicio de las precampañas, el pasado 8 de septiembre del 2017, murió asesinado Ángel Viveros López, un joven priísta de Xalapa, Veracruz. Después de Ángel, durante las #Elecciones2018 se han contado más de 60 asesinatos a candidatos a puestos de elección, alcaldes, regidores e integrantes de partidos políticos. Estos números, equivalen a un político o candidato muerto cada tercer día.

La cosa en México está así: desde 1997 que empezaron a medir los homicidios dolosos en nuestro país, los meses finales de 2017 y el principio de 2018 han sido los más violentos en la historia. Así, no es de extrañarse que la situación atrapara a los que aparecerán en las urnas el próximo 1 de julio.

Y por si eso no fuera suficiente, no sólo es la cantidad, también la manera en la que se presenta la violencia. Se publicó que estos “políticos han sido asesinados con armas de fuego, calcinados, o incluso, sus cuerpos han sido encontrados desmembrados”.

La Organización de Estados Americanos mostró su preocupación sobre la situación actual, aunque esto no ha hecho nada para aminorar las condiciones de las campañas en México.

En ese contexto del proceso electoral, ante los diversos hechos de violencia que se han presentado, los cuales han comprendido desde el asesinato hasta ataques verbales en contra de simpatizantes de partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular y agresiones físicas que han ocasionado lesiones e inclusive que los candidatos se retiren, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento, cuyos puntos torales son:

Reprobar y condenar todo acto de violencia y hace expresa su solidaridad con quienes han sido víctimas de los mismos y sus familiares, a la vez que demanda de las autoridades competentes que se investiguen de manera pronta, objetiva e integral los delitos que se hubiesen cometido, a efecto de que los responsables sean sancionados y estos hechos no queden impunes.

Que un elemento esencial de la democracia es el respeto a la dignidad y derechos de los adversarios, de las minorías y las oposiciones. El intercambio vigoroso de ideas y propuestas en beneficio del país no puede llevar, bajo ningún motivo, a que se incurra en agresiones y se ejerza violencia bajo una pretendida justificación de índole política o ideológica.

Expresa que nada afecta más a los procesos democráticos, que los mismos se realicen en un entorno de violencia, polarización e intolerancia, en tanto que el miedo y la incertidumbre que generan, imposibilitan el ejercicio pleno, libre e informado de los derechos.