Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XCXXXI…México país de matanzas, desapariciones, el lamentable manoseo de las investigaciones, la impunidad desde el poder político y la falta de justicia ante la crudeza de los sangrientos hechos. 

Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Tlatlaya, Villas de Salvarcar, Tlaltelolco, “El halconazo” del 10 de junio de 1971, Acapulco y el casino de Monterrey, son unos cuantos casos que me vienen a la memoria sobre matanzas irracionales, despiadadas y sin sentido, comisiones de la verdad infructuosas, investigaciones judiciales deficientes, insuficientes y encubridoras, demandas de justicia de los deudos de las víctimas, que no cesan de exigir, a pesar del tiempo transcurrido; planteamientos para saber lo que realmente ocurrió. Gobiernos van y vienen, y los verdaderos asesinos — intelectuales y materiales–, gozan de cabal salud, algunos de ellos, hasta la muerte, como fueron los casos de los expresidentes Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz. Por supuesto que hay mucho más.

Lamentablemente, eso forma parte de la historia reciente de México. Por más que se diga que se hace justicia. La semana pasada sostuve que varios sectores de la población mexicana — sobre todo los que razonan y piensan–, que se sienten y con razón, preocupados y hasta avergonzados, por contar con un sistema de gobierno que a lo largo de los años le ha apostado a la impunidad, al encubrimiento, a la mentira y a la corrupción. También, dije que el sistema de partidos políticos ha demostrado, en el tiempo, ser una absoluta basura y como consecuencia de ello, hemos transitado por un largo proceso de representación popular a una democracia viciada y, ahora, contamos con un gobierno que no nos mereceremos, que realmente no nos representa, ni nos protege.

Como consecuencia de la pandemia, en nuestro país ya fallecieron poco más de medio millón de personas. Eso, sin contar, con alrededor de 100 mil menores de edad que murieron porque no se les aplicaron otro tipo de vacunas ni tampoco se les proporcionaron tratamientos adecuados en instituciones públicas, como son los casos de los que padecen cáncer. Además, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del primero de diciembre de 2018 al 25 de agosto de 2022, tiempo que lleva la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 133 mil homicidios dolosos en México. Eso, sin contar por supuesto, con un alto volumen de personas desaparecidas, descuartizadas y sepultadas en fosas clandestinas.

En México, han sido asesinadas 374 mil personas en 19 años. ¿Cómo dimensionar y humanizar esta catástrofe? Es como si desaparecieran la mitad de las personas que viven en Baja California Sur, o toda la población de un país como Islandia. La letal violencia de las últimas décadas no es normal – ni en términos de su magnitud, ni en términos de los niveles que vivíamos en el país hasta hace al menos 15 años – no es posible normalizarla, ni mucho menos tratar a los criminales “con abrazos no balazos”, aunque su autor diga burdamente que él tiene “otros datos”, provocando la irritación y el malestar colectivo.

Pero vamos por partes. Me pregunto ¿Cuál es la verdad histórica? En los hechos, hay 43 estudiantes normalistas que fueron en su momento secuestrados, torturados, heridos y asesinados. Y después, mutilados e incinerados. También, se asesinó colateralmente a balazos a otros seis jóvenes guerrerenses de un equipo de futbol, de manos de policías municipales y estatales, que fueron los mismos que detuvieron a los normalistas y los entregaron a diversas células de un grupo de delincuencia organizada dedicado al narcotráfico, al secuestro, extorsión y al control territorial en contubernio con autoridades municipales, estatales y delegados federales, tanto en Iguala, como en los municipios aledaños. Esa es la verdad incontrovertible. Ahora bien. ¿Cuál es la responsabilidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero? El mismo que sustituyó al asesino ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, responsable de la matanza de campesinos en Aguas Blancas. Hasta ahora nada.

¿Se acuerdan de Aguas Blancas?

La historia en breve. El 28 de junio de 1995 un grupo de 40 campesinos, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, salieron muy temprano de sus viviendas para trasladarse en cinco camionetas de carga al mitin de su agrupación, en el que pedirían al gobierno la presentación con vida de uno de sus miembros detenido. El 24 de mayo, quien fuese el vocero, Gilberto Romero Vázquez, desapareció.

Sin embargo, cuando circulaban por el vado de Aguas Blancas, comunidad perteneciente a Coyuca de Benítez, municipio colindante con Acapulco, un grupo de al menos 400 policías —de las extintas corporaciones Judiciales y Motorizada— ya los esperaban. Los emboscaron. El resultado fue 17 campesinos muertos y 23 heridos, la mayoría de gravedad. Los miembros de esa organización campesina afirmaron que los policías que cometieron ese genocidio (como lo llamó la Comisión Nacional de Derechos Humanos) iban al mando del mayor Manuel Moreno González, quien pretendía evitar su llegada al palacio municipal en Atoyac. De acuerdo con informes de la CNDH, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, sabía que se llevaría cabo ese mitin por lo que ordenó que los frenaran.

Otras de las pruebas que se muestran en ese informe de la CNDH es que un día antes de la masacre fueron retirados todos los policías municipales de Atoyac —lugar en donde se haría la protesta— y se avisó en el hospital regional que estuvieran preparados para recibir a los heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 104/95 en la que quedaron detallados los hechos, que en un principio fueron negados por Figueroa Alcocer y sólo se avocó a destituir a funcionarios de primer nivel. Finalmente, el 12 de marzo de 1996, Figueroa Alcocer solicitó licencia al Congreso de Guerrero, y fue sustituido por Ángel Heladio Aguirre Rivero como mandatario interino. Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina —a la que pertenecían los campesinos asesinados— exigió por igual castigo a los responsables, y pidió al gobernador Aguirre Rivero que la Comisión de la Verdad tenga capacidad ejecutora con orden judicial. Un año después de estos trágicos eventos, el 28 de junio de 1996, hizo su aparición pública el Ejército Popular Revolucionario.

Tal y como ocurrió en Aguas Blancas, ahora el gobierno de López Obrador pretende juzgar a quienes en su momento detuvieron a la mayoría de los responsables de este atroz crimen masivo de los 43 normalistas. De ninguna manera justifico que a los asesinos los hayan torturado y grabado. Por supuesto que no. Y es que con el arresto y consignación del exprocurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presuntamente por la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia, por la fabricación de la llamada “verdad histórica”, el gobierno de López Obrador pretende dar un vuelco al caso, aunque la realidad es que el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes, en unos deleznables y aborrecibles hechos.

Está comprobado, la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala, de Tepecoacuilco y de Huitzuco. Esa misma conclusión a la que llegó en su momento Murillo Karam, coincide con la nueva investigación que encabezó Alejandro Encinas. Llama la atención en que en ambas investigaciones no se le finquen responsabilidades a quien era en su momento el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ni tampoco a quien fue su procurador de justicia, Iñaki Blanco. En cuanto, a Tomás Zerón de Lucio, se mantiene en Israel, protegido por las fuerzas de seguridad de ese país.

Quien dio la orden de desaparecer a los estudiantes fue el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, el cual está preso acusado del asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, pero no por la muerte y desaparición de los muchachos. Lamentable. Que porquería. Y, ahora, después de ocho años de mantenerse preso, luego de que fue arrestado junto con su esposa en una casa de Iztapalapa, el tipo se dice inocente. ¡Carajo, qué cinismo!

¿Y la justicia terrenal? … no llega y sigue esperando. Algún día…

Los hechos son que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y desaparecidos. Los hechos son que hay autores intelectuales y materiales impunes. Los hechos son que hay otras seis personas más asesinadas colateralmente. ¿Cuáles son las nuevas pruebas? ¿Para qué le dan más vueltas a este penoso y lamentable asunto? ¿A quién le importa si fue un crimen de Estado si no se hace justicia? ¿Por qué quieren medrar con el dolor de las familias?

Esa es la verdad incontrovertible. Y la justicia no llega.