Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CLXI…Miles de personas se manifiestan en el país y en el extranjero en contra de las reformas electorales de López Obrador y en defensa del INE. Y el gobierno, como ha sido su costumbra, las descalifica…

Los miles de personas que caminaron y marcharon en esta capital, así como en diversas ciudades del país, de Estados Unidos y de Europa – es la segunda movilización masiva en menos de seis meses –, para defender a la institución electoral nacional y contra la embestida que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de la coalición conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México  tiene que verse como un acto de libertad y como una parte importante de mexicanos no están de acuerdo absolutamente con la política que ha emprendido esta administración para pretender mantenerse en el poder destruyendo o modificando la estructura de la autoridad encargada de los comicios.

A pesar de que López Obrador y sus testaferros traten de descalificar estas impresionantes movilizaciones, y de que, desde el 23 de febrero, el propio presidente, cómo ha sido su costumbre en la mañaneras, insultó y desacreditó a su manera, en forma grave a uno los oradores, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, de quien dijo es un «corruptazo, conservador, hipócrita», sin presentar ningún tipo de prueba, lo que es un hecho concreto y tangible es que la nación está dividida y son más los mexicanos que están inconformes con la forma de gobierno del tabasqueño, el cual no hay día que no insulte, agreda o desautorice cualquier tipo de crítica a sus absurdas decisiones, como defender a plagiarios, corruptos o funcionarios ineptos y estúpidos.

Pero volvamos a lo ocurrido el pasado domingo. En el improvisado templete que se instaló en Zócalo y ante miles personas, la mayoría vestidas con playeras blancas rosa mexicano, el retirado ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz, aseguró que los actuales once ministros del máximo tribunal de justicia del país están siendo sometidos a presiones de cara a las impugnaciones que se han presentado en contra el llamado Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

«Sabemos de las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a las que están siendo sometidos por quienes pretenden apropiarse del sistema electoral mexicano», señaló al participar como uno de los oradores en la protesta en defensa del INE celebrada en el Zócalo de la ciudad de México. Cossío Díaz, que habló después de la intervención de la periodista tabasqueña Beatriz Pagés Rebollar, directora general de la revista Siempre!, dijo que las y los ministros están siendo sujetos de presiones desde el Ejecutivo, pero apeló al «talante democrático» de los onces juristas para reconocer que el Plan B «tiene un serio potencial invalidatorio».

Llamó a los actuales ministros a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del llamado Plan B y confió en que declararán inconstitucionales las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de dichos órganos electorales, pues violan los principios de equidad y certeza.

«El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes (de la Corte) ante la posibilidad de que declaren total o parcialmente sus reformas electorales. El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas. Al contrario, los ministros podrían ser señalados por corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que regulan los procedimientos electorales. El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas legales, los ministros serían

hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes, o si distorsionan las votaciones en las que participen», precisó Cossío Díaz.

Denunció también que el Ejecutivo Federal ha dicho que, si los ministros rechazan su reforma, serán aliados de la oposición; «y esto no es así, los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios sólo si debilitan a las instituciones electorales para que los poderes fácticos y la delincuencia organizada puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros representantes populares».

Ante un Zócalo saturado donde en la asta los militares, sin explicación alguna, no instalaron la bandera nacional, José Ramón Cossío dijo que, en las próximas semanas, los once ministros tendrán la oportunidad de demostrarse si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento: «Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán de que no son ciertas las expresiones del presidente. Decirle a los señores ministros y ministras que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país», concluyó.

Varias personas que fueron entrevistadas por diversos medios de comunicación, a los que tanto critica López Obrador, en el Zócalo, coincidieron en señalar que estaban en contra de las reformas electorales aprobadas en el Senado de la República y sostuvieron que su reclamo no significa «la defensa de criminales ni corruptos» como se ha hecho creer en una campaña desde Palacio Nacional. Uno de ellos comentó que hacía un llamado nacional para que la SCJN vote contra estas y para hacer visible a las generaciones de hoy, que no conocen la historia de lo que ha costado la democracia, «el INE es una institución que se debe defender».

Lorena Barajas, tomó el micrófono para urgir de igual modo a la SCJN que frene la reforma que sería un retroceso en la vida democrática de México, planteó. «El INE ya se tocó en la Cámara de Diputados y Senadores. La única vía posible para revertirlo es la SCJN. Tú y yo podemos ser parte de todo esto. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Debemos decirle que juzgue pronto y juzgue bien», puntualizó.

Y como la mayoría esperaba, ayer en la mañanera, López Obrador, no se cansó de proferir improperios en contra de los organizadores, dirigentes políticos, legisladores de oposición e intelectuales que acudieron a las marchas del domingo y pidió a la oposición echarle “más ganitas” porque, según él, su movimiento llenó el Zócalo 60 veces:

«Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el Zócalo, bueno sí; pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces, y no sólo lo llenamos, lo desbordamos, son las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia del país», dijo como siempre su verdad, aunque sea muy cuestionable. Allá él y sus seguidores.

Tras Jazmín Esquivel.

No obstante, su ciega y obstinada defensa y de decirle a los reporteros que este caso de escándalo “ya no es nota”, López Obrador por más que quiera defender a Jazmín Esquivel, el caso sigue creciendo y la presión para la presunta plagiaria está al borde de su punto de ebullición.

El michoacano Germán Martínez Cáceres, senador perteneciente al grupo plural, presentó una segunda solicitud de juicio político en contra de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual es investigada por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El senador Martínez Cáceres argumentó que dicha persona carece de probidad, honorabilidad y buena reputación que exige el cargo de ministra de la Suprema Corte. Aunado a esto, solicitó «la destitución inmediata» de Esquivel, «por robar, mentir y traicionar a la Constitución». Esta es la segunda solicitud de juicio político en contra de la ministra y fue presentada ante la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, todo esto conforme a lo dispuesto en los artículos 390 y 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Apenas el pasado 19 de enero, el mismo senador Martínez presentó la primera solicitud de juicio político en contra de la ministra; en aquella ocasión, hizo el trámite ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Arguyó que la funcionaria «no cuenta con las credenciales» para ejercer tal cargo. Además, la propia UNAM ya cuenta con un proceso interno para determinar si la tesis ‘Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A, presentada por Esquivel para obtener el título de licenciatura en 1987, es o no un plagio de un trabajo similar presentado por Édgar Ulises Báez Gutiérrez durante 1986.

Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional, a favor de Esquivel y con la finalidad de que la máxima casa de estudios no ofrezca mayores detalles acerca del proceso interno, ya que esto violenta el principio de presunción de inocencia, de acuerdo con el equipo de defensores de la ministra. Pero a esto se le suma otra acusación en contra de la propia Yasmín Esquivel, quien es señalada por el presunto plagio de su tesis doctoral presentada ante la Universidad Anáhuac.

Tras el nuevo escándalo de Yasmín Esquivel sobre el presunto plagio de su tesis para obtener el doctorado- la ministra no se presentó a la sesión ordinaria del pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ayer. Esto ocurre luego de que el diario El País dio a conocer que además la ministra también cometió plagio en su tesis de Doctorado en la Universidad Anáhuac en el 2009.

De acuerdo con la investigación, realizada por los periodistas Zedryk Raziel y Beatriz Guillén, al menos 209 de las 456 páginas de la tesis doctoral de Esquivel son una copia de trabajos publicados antes por 12 personas.

Al respecto, la institución educativa anunció que no podrá llevar alguna acción para cancelar la tesis doctoral de la ministra: «El reglamento vigente de la Universidad Anáhuac, que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, establece que, a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione», dijo la universidad en un comunicado.

En caso de ser aceptada alguna de las dos solicitudes de juicio político en contra de Yasmín Esquivel, las comisiones de la Cámara de Diputados tendrán que discutirlo y votarlo, para que luego pase al pleno y de ahí al Senado de la República, sólo así se podría retirar de su cargo a la ministra de la Suprema Corte.