Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CLXII...Diariamente el país amanece ensangrentado y no se frena la violencia. Se comienza a desmantelar el INE y la absurda defensa de Yasmín Esquivel.  

A pesar de su cotidiana cantaleta de que “no somos iguales”, y de sus contradictorias declaraciones mañaneras, lo que es un hecho es que diariamente diversos estados del país amanecen ensangrentados y Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores no han podido frenar esta cada vez más creciente ola de violencia y muerte.

Ni sus programas sociales ni la aplicación de su absurda política de “abrazos no balazos” han podido frenar el crecimiento de los grupos delincuenciales que ya controlan a centenares de ayuntamientos de al menos doce entidades federativas en las que sus autoridades y sus policías no los pueden frenar a pesar de contar con el apoyo del Ejército, Marina y Guardia Nacional.

Y aunque el discurso oficial intente negar las matanzas cometidas por militares, el recién asesinato de cinco jóvenes, ocurrido en Nuevo Laredo, a manos de soldados, evidencia el fracaso de militarizar la seguridad pública, además de que muestra que la estrategia emprendida por este gobierno es igual o peor a la seguida por los últimos dos sexenios a los que tanto critica el tabasqueño, pero cuyas cifras de muertos y de desaparecidos ya rebasaron a los dos anteriores.

La detención de cuatro soldados, como probables responsables de la matanza de los cinco jóvenes en Tamaulipas es insuficiente para calmar los ánimos. La prioridad del gobierno, sin duda, es cubrir al Ejército y lavar la cara al verdadero “cuarto poder”, por encima de la justicia a las víctimas. No estamos en una guerra, ni los jóvenes masacrados eran enemigos, según revelan los hechos, sin embargo, resulta preocupante observar cómo los militares criminalizan a las víctimas, descalifican a los defensores de derechos humanos y cubren los hechos bajo el manto de la opacidad. Pero no es sólo Tamaulipas. Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Colima, Oaxaca, Chiapas, México, Guanajuato y Sinaloa, por mencionar algunos, cotidianamente se registran asesinatos, desplazamientos masivos y cobros “de piso” a comercios y comerciantes inclusive ambulantes, por parte de los grupos delincuenciales ante la complacencia y complicidad de las autoridades locales.

Se ha repetido, hasta el cansancio, que los soldados están entrenados para matar enemigos en aras de la seguridad nacional y no para ejecutar labores de seguridad pública que debe estar a cargo de una policía civil, adiestrada para cuidar a los ciudadanos y no para asesinarlos a balazos. Pero no se puede frenar esta creciente ola delictiva, si las propias autoridades de Morena y de otros partidos, están ligados o sometidos a los grupos criminales que con una facilidad inaudita sacan un arma y asesinan a cualquiera. Ahora, en Matamoros, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por un grupo criminal. En fin.  Por ahora, dejemos este tema, para abordarlo después con mayor profundidad.

La más reciente campaña emprendida por Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial Federal y de su titular la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, es con el objetivo de tratar de intimidar a los ministros para que no le tiren su llamado “plan B” de reforma electoral, por inconstitucional.

Apenas la semana pasada se atrevió a decir en una de las mañaneras que con la nueva presidenta del Poder Judicial de la Federación han aumentado las sentencias a favor de delincuentes y que el Poder Judicial está infectado de corrupción, construido para proteger a corruptos y a las élites del poder, a diferencia, aclaró, de cuando estaba Arturo Zaldívar que cuando fue presidente había más vigilancia, según él. Pero no dijo que muchas veces los Ministerios Públicos no integran bien las carpetas de investigación ni tampoco que los jueces gozan de absoluta autonomía para tomar sus decisiones. Puras verdades a medias pues. Y si hay corrupción ¿por qué no la denuncia?

El INE sí se tocó.

El “Plan B” impide el correcto funcionamiento del INE; lo descuartiza y ataca su autonomía. Le otorga facultades al Poder Ejecutivo para meter mano en el padrón electoral. Privilegia al Órgano Interno de Control, claramente ligado a Morena. La publicación del llamado Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sigue causando repercusiones al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), pues el pasado viernes se presentaron renuncias masivas en dicho órgano electoral.

(Y es que, desde la mañanera, López Obrador ataca a Norma Piña, embiste al INE y defiende a Yasmín Esquivel, sin el menor recato a su embestidura. Cotidianamente insulta, agrede y descalifica a quien quiere, igual que cual vil “porro”).

La Suprema Corte tiene 30 días para evitar este atropello; la obligación de resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas por el INE, legisladores, partidos de oposición y trabajadores afectados, que trazan la ruta para evitar esta masacre a la democracia. En concreto, la Corte tiene la última palabra en defensa de la Constitución.

De acuerdo con lo informado, integrantes de la Junta General Ejecutiva (JGE) presentaron al consejero presidente, Lorenzo Córdova, su renuncia “de carácter irrevocable”, las cuales se ejecutarán entre el 31 de marzo y el 3 de abril del presente año. Cabe señalar que dicha área es una de las que resultará afectada por las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral, ya que, tras su publicación en el DOF, va a desaparecer.

No obstante, las renuncias masivas fueron presentadas el viernes a fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del INE, que entrará en funciones el próximo 4 de abril. La nueva dirigencia compuesta por tres nuevas consejerías y la presidencia, serán quienes tendrán la responsabilidad de proponer a quienes habrán de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución.

Recordemos que los nuevos integrantes de la JGE, integrada por un titular de la Secretaría Ejecutiva y 16 funcionarios públicos, son propuestos por la presidencia del Consejo General del órgano electoral, y deben ser votados por mayoría calificada de ocho votos.

La publicación del Plan B, reforma que reduce la estructura y presupuesto del INE, ha causado una serie de posiciones en contra, por los múltiples ajustes que se tendrán que hacer al interior del órgano electoral. Incluso el consejero Ciro Murayama adelantó que la reforma electoral ocasionará que desaparezcan el 85 por ciento de las plazas del servicio profesional.

En ese sentido, la consejera electoral Carla Humphrey adelantó que buscará proceder en contra de la decisión del Comité Técnico Evaluador de dejarla fuera de la carrera por la presidencia del INE. La también doctora en Derecho cuestionó el argumento señalado por ese comité, en el sentido de que refieren que cuenta con impedimento constitucional, pues considerarían su participación como reelección, cosa que la propia Humphrey rechazó.

Explicó que las atribuciones que tiene la presidencia del consejo general del INE son distintas a las funciones de los consejeros electorales, por lo que no se puede interpretar que se tratara de un mismo cargo. Ante esta situación, acudió a las instancias correspondientes para proceder en contra de la resolución; primero ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y luego analizará otras opciones legales.

En otro tema relevante, todo parece indicar que la UNAM podrá anular el título profesional de su ex alumna Yasmín Esquivel.

Hace unos cuantos días, la UNAM sustituyó a su abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, por Hugo Concha Cantú, quien, en una entrevista exclusiva con Azucena Uresti, el funcionario universitario fue tajante: sostuvo que, a través de la normatividad de la Universidad, sí es posible quitarle el título a la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo no soy de la opinión de que no se le pueda, eventualmente, y a través de los procedimientos y órganos que les toque, dejar de hacer lo que toca desde un punto de vista de sanción académica. Está abierta la posibilidad de que se le pueda retirar el título siguiendo las rutas que la Universidad tiene (…) son rutas que tiene que hacer uso de las facultades que le da la legislación, a través de reglas que existen dentro de la normatividad de la Universidad, pero esa posibilidad claro que existe desde el punto de vista académico”, explicó.

Esa declaración vino, un día después de que más de un centenar de académicos e investigadores demandaron en un desplegado la renuncia de Yasmín Esquivel por las acusaciones de plagio en su tesis.

A través de un pronunciamiento público, los firmantes sostuvieron que la respuesta de Esquivel ante las denuncias de plagio son un «insulto al rigor, a la honestidad y al trabajo intelectual que se ha venido construyendo a lo largo de los siglos desde la academia». Además, consideraron que los estándares en la ciencia están claramente definidos desde hace ya bastante tiempo, por lo que la honestidad intelectual y la cita de fuentes son un requisito indispensable.

«Alegar que Esquivel no plagió su obra ya que se limitó a «invocar puntos de vista» de renombrados juristas es inadmisible, pues el estándar mínimo para estos casos exige que cualquier idea ajena tenga que ser reconocida para no ser presentada como propia», señalan los académicos e investigadores y añadieron que “aducir que ‘la posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, sólo tienen ese significado -el de deficiencias o descuidos- pero jamás una forma de plagio’ pretende menospreciar e ignorar los estándares sobre los que se desarrollar un verdadero trabajo académico».

La carta fue suscrita por 172 integrantes de instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Cinvestav, El Colegio de México, Universidad de Alicante, entre otras. Entre los firmantes contra el plagio de Esquivel destacan personalidades como Antonio Lazcano, José Narro, Blanca Heredia, Julia Carabias, José Woldenberg, Javier Martín Reyes.

Al respecto, nuevamente Andrés Manuel López Obrador entró en defensa de Yasmín Esquivel y justificó, como ejemplo, que cuando «Felipe Calderón robó la Presidencia no pasó nada».

«No pasó nada cuando se robó Calderón la Presidencia. No dijeron nada. Hubo un gran plagio porque se robaron la Presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros; los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni lo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo de la ministra Esquivel lo han inflado, casi está al nivel de lo de García Luna», comparó.

Hace unas semanas, El País reveló además que la ministra cometió plagio no sólo en su tesis de licenciatura, sino que también lo hizo en su proyecto de doctorado en la Universidad Anáhuac en el 2009. Al respecto, la Universidad Anáhuac informó que no podrá llevar alguna acción para cancelar dicha tesis doctoral.

No obstante, su ciega y obstinada defensa, López Obrador sabe que su protegida tiene los días contados en la Suprema Corte de Justicia y quiere que aguante hasta que se resuelva lo del llamado “plan B”. Ojalá y la UNAM resuelva antes y le tire el amparo porque Morena frenará en la Cámara de Diputado las solicitudes de juicio político que tiene en su contra. Al tiempo. ¿Será melón o será sandía? … Lo que es inaudito es que un presidente de la República proteja lo ilegal y critique ásperamente al poder judicial encargado de la legalidad.