Libros de ayer y hoy/Teresa Gil
La pandemia y la economía CLXVII…Analistas piden que en la Cumbre contra la inflación se revise también la crisis migratoria. Un homenaje a las madres “buscadoras” y más.
En la primera cumbre de la recién creada Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación y que se celebrará en nuestro país a principios de mayo, diversos analistas y académicos piden que aprovechando la presencia de tantos mandatarios, también se aborde el tema del desarrollo regional y el asunto migratorio, por las implicaciones tan graves que implica, entre ellas, la inseguridad, la insalubridad, la muerte, la propagación de enfermedades ligadas a la desnutrición y a la pobreza extrema, al problema alimentario y a la seguridad nacional y regional, sobre todo fronteriza.
El encuentro que se realizará a iniciativa de México el 6 y el 7 de mayo, y en la que se espera la participación de los mandatarios de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, San Vicente y las Granadinas (en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), se espera que avalúe el fenómeno inflacionario postpandemia en Cancún, a la que sumarán a cancilleres, ministros de Economía y empresarios y convocarán a otros países de la región.
En un primer acuerdo previo, parte de la visión compartida por los representantes de esas naciones, fue que el abastecimiento mundial de alimentos y productos de la canasta básica genera un impacto negativo en “la crisis multidimensional que afecta la economía global, marcado por conflictos militares extrarregionales”. El mandato al grupo técnico es que se definan medidas de cooperación regional para reducir costos en productos básicos e insumos para su producción, como fertilizantes químicos y orgánicos, siempre de acuerdo con los respectivos acuerdos multilaterales de cada país.
Los representantes de esas naciones también resolvieron definir un plan de acción para favorecer el intercambio comercial de alimentos e insumos en la región, con reducción de costos y transferencia de tecnología. La alianza buscará gestionar mecanismos más ágiles para acceder al crédito internacional, que permita apoyar proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura para el traslado de mercancías.
Sin embargo, el asunto de la migración ha trastocado la relación entre Estados Unidos y Canadá con el resto de los países del continente y con México en particular. Las aglomeraciones debajo de los puentes en la frontera entre México y Estados Unidos y la saturación de servicios en las del norte como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Laredo y otras, han venido afectar la vida fronteriza, al igual que en el sur como es el caso de Tapachula.
Desde principios de 2021, se ha producido un aumento cuantitativo de migrantes no sólo centroamericanos y caribeños, sino también sudamericanos, africanos y orientales. Estos migrantes expulsados de sus países de origen, como señalamos la semana pasada, por razones socioeconómicas o políticas, se desplazan en su mayoría por vías irregulares, y en el camino se encuentran a barreras burocráticas, sufren accidentes y lesiones. Además, se tienen que enfrentar a la extorsión, a la violencia de las bandas regionales del crimen organizado, a bandas de traficantes de personas conocidos como polleros, o desaparecen y se separan de sus familias. Trágicamente, otros son violados, asesinados o mueren por enfermedades, por accidentes o por las duras condiciones ambientales.
Según el «Reporte Migratorio Mundial 2022» de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2020 había alrededor de 281 millones de migrantes internacionales. Sin embargo, en los últimos dos años han ocurrido importantes eventos de migración y desplazamiento debido a conflictos o a una grave inestabilidad económica y política en sus países de origen. La Organización de Naciones Unidas también resalta los desplazamientos provocados por desastres climáticos.
La semana pasada, por ejemplo, tras la búsqueda de un grupo de migrantes en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, con los que se perdió contacto, autoridades estatales reportaron que habían sido localizadas por lo menos 105 personas privadas de su libertad, que fueron capturados dos presuntos responsables y se aseguraron dos camionetas y armas de alto calibre.
Al respecto, autoridades federales informaron que encontraron a 51 extranjeros, de los cuales 31 fueron hallados en la brecha de la comunidad de San Gabriel en Matehuala, donde también se encontraban los dos choferes secuestrados por una banda de criminales extorsionadores. Mientras, las otras 20 personas fueron rescatadas en cateos a una casa de seguridad y un hotel en el mismo municipio. En cada lugar se detuvo a una persona armada que custodiaba a los secuestrados. La búsqueda comenzó después de que se reportó que 23 turistas habían sido plagiados en Matehuala cuando viajaban en dos camionetas de Guanajuato a Saltillo, Coahuila. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal dio a conocer que hallaron a 35 civiles en una brecha del poblado de San Gabriel, municipio de Matehuala, entre ellos a Luis Felipe Macías, uno de los choferes de las dos vagonetas de turismo de la empresa Grupo Eifel; se confirmó que 31 de ellos eran de nacionalidad extranjera y cuatro mexicanos. De acuerdo con la fiscalía potosina, durante el operativo de búsqueda de este grupo de indocumentados fueron localizadas en total 105 personas secuestradas, de las cuales 97 son migrantes.
En este contexto, Veracruz se encuentra entre los diez estados con mayor número de detenciones de migrantes en lo que va del 2023, de acuerdo con las estadísticas migratorias elaboradas por el Instituto Nacional de Migración. Según los datos oficiales, Veracruz se encuentra en el séptimo lugar, después de los estados de Chiapas, Tabasco, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California. Y antes de Tlaxcala, Nuevo León y Tamaulipas. Este informe del gobierno federal indica que durante los meses de enero y febrero del 2023, Veracruz acumuló 2,308 migrantes detenidos. Y dentro del territorio estatal, los municipios con mayor cantidad de detenciones, se encuentran: Acayucan, Veracruz, Córdoba, Agua Dulce y Jesús Carranza.
Hace dos semanas, la Iglesia Católica mexicana pidió a las tres órdenes de gobierno –federal, estatales y municipales– sumar esfuerzos por el bienestar de migrantes, así como garantizar un trato digno y humano. Esto luego de lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron al menos 40 migrantes por un incendio provocado en uno de los dormitorios y enfatizó que lo ocurrido en Ciudad Juárez pone en evidencia que las políticas migratorias implementadas se enfocan en la contención y no en la protección de los derechos humanos de estas personas.
Las buscadoras
El periodista y escritor Noé Zavaleta escribió el libro Las buscadoras, el cual está compuesto por 15 capítulos, un epílogo escrito por el propio autor como una reflexión personal sobre qué es la cobertura de desaparecidos, y un prólogo de Ricardo Ravelo. En cada capítulo el lector conocerá lo que es buscar a un desaparecido en México, desde los obstáculos, las trampas, las pifias y “los yerros garrafales” de las fiscalías de los estados a los que se enfrentan los familiares.
Zavaleta recoge los desgarradores testimonios de madres, esposas, hijas, y amigas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en las múltiples fosas clandestinas que hay en nuestro país. “Es un flagelo — afirma Zavaleta–, que impone el crimen organizado, ya que no hay nadie que lo pare de sus abusos, crímenes, secuestros y asesinatos.
“Sé que en 20 estados de 32 que tiene el país hay problemas de desaparecidos, pero en esta primera edición de Las buscadoras nos centramos en Veracruz, Michoacán y un pedacito de Jalisco. El libro se fue a imprenta a finales del año pasado y yo ya estoy trabajando en actualizaciones de Quintana Roo, Jalisco y Nayarit, no he trabajado Guanajuato y Zacatecas, sé que lo tengo que hacer, pero bueno, tenemos todo este 2023 por delante”, sostiene el autor.
El primer capítulo, “¡A la mamá del Chapo sí, a nosotros no!”, es una crónica del desdén gubernamental desde la principal oficina de Palacio Nacional y de cómo se reprime a los familiares de los desaparecidos, porque hay otras prioridades para el gobierno mexicano. Recientemente, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez se reunió con las madres de los distintos colectivos del estado, ahí la activista Rosalía Castro le llevó el libro para “restregárselo en la cara”, ante la indiferencia gubernamental y el poco trabajo de la Fiscalía.
“La idea es llegar a lectores que afortunadamente no hayan vivido este viacrucis, y que puedan tener una idea integral y completa de lo que es buscar a un desaparecido en nuestro país y también llamar la atención de las autoridades y exhibirlas”, explicó Noé Zavaleta, el cual consideró que la publicación del libro Las buscadoras’, es un retrato de la labor de búsqueda de desaparecidos que realizan cientos de madres en diversos lugares de México.
Personajes como Lucy Díaz, del Colectivo Solecito o María Herrera o mujeres de Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C o de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas son las protagonistas de este libro.
Hay otros casos. Por ejemplo, en Sonora, la fiscalía estatal investiga el homicidio de Aranza Ramos, bajo el protocolo de feminicidio, luego de que fuera víctima de un ataque armado en su domicilio. Una de las líneas de investigación es su labor como buscadora de personas, ya que pertenecía al colectivo Madres Buscadoras de Sonora en el que participaba para encontrar a su marido desaparecido en diciembre de 2020. Integrantes del grupo dicen que tanto Ramos como otras mujeres habían recibido amenazas por esta labor.
En el libro se trata el caso de Brian Hernández, un joven estudiante veracruzano, quien sólo quería conseguir trabajo para apoyar económicamente a su mamá. Encontró un anuncio pegado en una caseta telefónica para atender un carro de hamburguesas en las noches, ganaría 400 pesos diarios. Acudió, al igual que otros cinco jóvenes, a la cita en un parque público en Poza Rica, Veracruz, llegó un comando armado con pistolas de alto poder y se los llevaron. Al día de hoy no se sabe nada de él y su madre Elba lo sigue buscando por todo el país.
También está la historia de una jovencita con notas sobresalientes en la escuela a la que sus padres no le daban permiso de ir ni a pijamadas. Un día tomó un taxi para ir a su clase de inglés, pero nunca llegó a ella ni a la cita que tenía después con su novio. El taxista tiene orden de aprehensión, pero no lo encuentran.
“Así podemos seguir con más y más historias que he documentado en estos años que como periodista he cubierto delincuencia organizada, inseguridad, pero con un especial enfoque de atención en esta crisis humanitaria que son los desaparecidos”, explicó Zavaleta.
Aquí lo que llama lo atención es que, por ejemplo, mientras que el gobierno de López Obrador ha puesto todo su esfuerzo en el caso del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala, Guerrero, no le ha dado la misma importancia al grupo de Las Buscadoras de Iguala, que buscan a más de cien desaparecidos y han encontrado por su propia cuenta diversas fosas clandestinas. En fin. Y las madres de los desaparecidos, consultadas por quien esto escribe, nos preguntan: ¿Cuál justicia? ¿De qué estamos hablando? ¿Hay gobierno para todos?