Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CLXIX…

Dudas sobre el estado de salud del Ejecutivo. López Obrador arremete contra Suprema Corte y no respeta la división de poderes. La sospechosa venta del avión presidencial.

El pasado fin de semana corrieron diversas versiones en las redes sociales sobre el estado de salud del presidente de la República. La propia oficina presidencial en un comunicado difundido el mismo domingo indicó que “aunque no es grave y su corazón se encuentra en óptimas condiciones, el primer mandatario suspendió la gira por el sureste mexicano, donde supervisaba avances del Tren Maya, y regresó a la Ciudad de México para permanecer en aislamiento” como consecuencia de contagio de Covid. Además, dio a conocer que será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien encabece las conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

Ayer, en la mañanera, el funcionario dijo que “es una absoluta mentira”, el supuesto desvanecimiento de AMLO en Yucatán que fue consignado por la prensa estatal. “Eso quisieran, pero goza de cabal salud”, comentó ante los rumores sobre un posible infarto que sufrió su paisano y confirmó que lo que padece es su cuarto contagio de Covid-19. “No soy doctor”, respondió el secretario de Gobernación al ser cuestionado sobre los síntomas presentados por López Obrador y que en los próximos días darán un parte médico sobre el estado de salud del Ejecutivo, aunque insistió en que “todos esperamos el pronto restablecimiento del presidente”. Comentó también que la relación con la Suprema Corte de Justicia “solo será institucional”.

Y es que Andrés Manuel López Obrador no respeta la división de poderes y como vil porro, desde el principio de su sexenio, ha arremetido en contra del Poder Judicial de la Federación, con un resentimiento atroz y pocas veces visto, por el hecho de que fue sustituido cuando ocupaba el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, por no acatar una sentencia definitiva de amparo con relación de un predio de Santa Fe, para abrir una calle.

Es tal su coraje, que ahora, dijo que se arrepentía de haber propuesto como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Juan Luis González Alcántara Carrancá y a Ana Margarita Ríos Farjat por haber votado en la mayoría para que la Guardia Nacional se mantenga en la Secretaría de Seguridad Pública y no dependa bajo el control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay más, desde la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, a la presidencia del máximo tribunal de justicia del país, López Obrador no ha cesado los ataques y los insultos en contra de ella y otros ministros a los que tacha de “conservadores”, una de sus frases favoritas. Y como niño berrinchudo ordenó a los integrantes de su gabinete que no les contenten el teléfono, como si los ministros lo requirieran.

La semana pasada, López Obrador aseguró que no le sorprendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque “están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos y por eso no hay mal que por bien no venga porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación del país”.

Añadió que la Suprema Corte actuó a partir de los intereses de la cúpula y no recogiendo el sentimiento del pueblo, “que sea una élite la que decida siempre, por eso hablo de que en sentido estricto no había una democracia en México sino imperaba una oligarquía disfrazada de democracia, como una fachada porque dominaba una oligarquía que es el gobierno de los ricos, de la minoría, la democracia es el gobierno de pueblo, eso es el fondo”. Y como siempre se escuda en el pueblo y acusa a la oligarquía de sus erróneas decisiones políticas que quiere hacer pasar por encima de la Constitución. Allá él y sus jilgueros.

Y en esa nueva arremetida en contra de los ministros, el tabasqueño leyó un escrito que preparó sobre su postura por la decisión asumida por la Suprema Corte de Justicia y expuso cinco puntos. El primero para afirmar que, a excepción de tres ministros –Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf–, el resto actuó “de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

Según él actuaron al estilo del gobierno de Felipe Calderón y su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Dijo que los ministros de la Corte “están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría de la gente. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público. Cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces”.

El tercer pronunciamiento fue que “para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional”, instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quién dependerá está corporación, que mantenga al general retirado David Córdova Campos como comandante de la GN, “por su buen desempeño”. También instruyó a la funcionaria federal para que inicie un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles de la corporación para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos como los de las fuerzas armadas, “porque la seguridad pública sigue siendo prioridad”.

En otro punto comentó que la GN “continuará recibiendo la orientación, formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la constitución se establece que en la Defensa como en Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir esfuerzos y recursos para proteger a los mexicanos, eso es fundamental”. Y el quinto punto es que en septiembre de 2024 enviaré otra iniciativa de reforma constitucional a una nueva legislatura para lo que espera “con toda el alma” que la población vote por legisladores de su partido o aliados para que alcancen las dos terceras partes y se logre esta reforma a la Constitución que, dijo, “es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció de que la seguridad pública esté en manos de la delincuencia”.

Al día siguiente, López Obrador arremetió nuevamente contra la Suprema Corte de Justicia por resolver como inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, al asegurar que “los obnubila su conservadurismo y la politiquería. No les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente. Entonces usan de pretexto, de excusa tecnicismos y argumentos legaloides. Además, sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo politiqueramente”, insistió.

Es tal su coraje, que en enero pasado quiso imponer como presidenta de la Corte a Yasmín Esquivel Mossa, la que se supo días después plagió su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y también su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, lo que ha generado enormes escándalos que todavía no concluyen, pues la UNAM está a punto de retirarle su título profesional y, por lo tanto, su cédula profesional emitida por la SEP se invalidará, una vez que se resuelva un juicio civil tramitado por la propia Esquivel, pues el amparo que tramitó ya lo perdió.

Además de la “plagiaria” Yasmín Esquivel Mossa, como la llaman en el ámbito académico, hay otros dos ministros cercanos a López Obrador. Loreta Ortiz Ahlf, egresada de la Escuela Libre de Derecho, ex directora y catedrática del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Ex consejera de la Judicatura Federal y esposa de Agustín Ortiz Pinchetti. El otro es Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.

Otro tema que está en la palestra, es la venta del avión presidencial. Tras más de cuatro años a la venta, el controvertido avión presidencial de México fue vendido al gobierno de Tayikistán pagó algo más de 1,658 millones de pesos (unos 92 millones de dólares) por la aeronave, que es un Boeing 787-8.

La venta del avión presidencial «José María Morelos y Pavón, inevitablemente con el tiempo tendrá consecuencias penales y jurídicas, pues se vendió, según los expertos, a un 45 por ciento de su valor real de mercado, aunque López Obrador, sostuvo que el importe se fijó «de conformidad con el avalúo oficial» actual. Cuando se compró en 2012, sin embargo, la aeronave costó 218 millones de dólares.

Según López Obrador, el dinero de la venta del avión será destinado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se utilizará para construir «dos hospitales de 80 camas en las zonas más pobres de México». Ambas instalaciones serán construidas por ingenieros militares en Tlapa, en Guerrero; y en Tuxtepec, Oaxaca; y serán inauguradas antes de que concluya su mandato en octubre de 2024. La duda es si con el dinero pagado con su venta, se pagarán los adeudos pendientes y si alcanzará para construir dichos hospitales. Analistas financieros dicen que no. Muchas dudas y mucha opacidad.

«Después de mucho tiempo se logró vender este avión», dijo el tabasqueño y agregó: «Estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden». El lujo en el interior del avión (cuenta con acabados de mármol, baños y alcoba presidencial) fue objeto de críticas por parte del mandatario, que lo identificó como un símbolo del derroche de anteriores gobiernos. Pero, también, este fue uno de los motivos por los que resultó tan difícil encontrar comprador para un modelo tan personalizado.

A finales de 2022, AMLO anunció que el avión sería entregado a la Secretaría de Defensa para formar parte de la flota de la nueva compañía Mexicana de Aviación. Con su venta, sin embargo, esta intención no se materializará. En septiembre de 2020, AMLO decidió «rifar» el avión entre la población mediante un sorteo simbólico, ya que lo que se puso en juego realmente fue el equivalente en dinero al valor del avión por aquel entonces. Tampoco quedó claro a donde fue a parar ese dinero. El avión regresó a México para evitar los altos costos de mantenimiento en el extranjero.

«Ya nos quitamos este pendiente porque vaya que nos costó encontrar un cliente. Pero bueno, lo hubo», subrayó ufano López Obrador.

Y sigue con su cantaleta de que “no somos iguales”. Efectivamente “son peores”.