Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

EL DÍA DESPUÉS Y EL MOMENTO DE LAS DEFINICIONES

Por: Fernando Ramírez de Aguilar L.

Exactamente dentro de una semana, ya sabremos quien ganó la elección, quien gobernará al país y también a la capital, si tendremos o no un congreso opositor o afín al Ejecutivo y hasta la suerte del equipo de futbol en el mundial de Rusia. Lo que no sabemos, es si las autoridades electorales estarán a la altura de las circunstancias, se frenará o se acrecentará la violencia en algunas regiones del territorio nacional y si los candidatos, partidos y coaliciones aceptarán los resultados comiciales.

En este proceso electoral, donde la mayoría de las campañas municipales y estatales fueron bastante opacas y mediocres, además de que han estado cubiertas de sangre y luto, las propuestas fueron lo que menos importaron. Ahora, después de que se conozcan los resultados oficiales, se tendrá que iniciar un proceso de reconciliación y no sabemos si todos los ingredientes que se pongan y la voluntad política de los actores, permitirá que esto ocurra, pues si no es así, los crímenes y los altos niveles de violencia de mantendrán.

Hay que recordar de que en México efectivamente hay una grave crisis de impunidad que atraviesa nuestro territorio. Por ello, más de 300 organizaciones civiles que integran dos colectivos anunciaron que, después de la elección del primero de julio, iniciarán la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que reforme el artículo 102 constitucional y así iniciar la construcción de una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente del poder político.

Las organizaciones sostienen que “nuestra intención al esperar que las campañas concluyan para iniciar la recolección de firmas es evitar el uso político de un tema que deberá ser prioritario para la siguiente legislatura. La creación de un Fiscalía Independiente es una acción urgente de Estado y no debe ser utilizada como bandera política de quienes están actualmente en la contienda electoral. La discusión sobre una nueva Fiscalía tampoco puede reducirse al tema de quién la encabezaría o su proceso de designación.

Explicaron que una discusión pública profunda sobre el tema para evitar que se mantenga el pase automático del procurador, ya que la reforma constitucional que lo elimina no ha concluido en las legislaturas de los estados.

Los escándalos de corrupción como Odebrecht y la Estafa maestra, así como el diagnóstico que un Tribunal Colegiado hizo sobre la participación de la PGR en torno al caso Ayotzinapa reafirman que construir una Fiscalía General de la República debe trascender cualquier interés político y atender exclusivamente al interés público.

Lo que se haga en los siguientes meses, tendrá consecuencias en la vida de las personas y sus derechos por muchos años. También, hoy que se celebra el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). Y a pesar de los avances en la materia, instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo con el Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión).

Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos. Por su parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero pasado que había adoptado un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura.

Y es que mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que él o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación.

Dicho Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional. En relación a otras acciones requeridas por la nueva legislación, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En conclusión, las organizaciones civiles consideraron alarmante que diversas instituciones, que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura, lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo primero de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Como se ve, la agenda para el día después, implica hacer diversos compromisos públicos para la reconciliación y para establecer un sistema de justicia eficaz, fuera de todo tipo de sospecha.

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