Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La credibilidad del gobierno está en entredicho y la lucha incansable de las madres buscadoras.  

Durante el transcurso de este sexenio, Andrés Manuel López Obrador puso mucho énfasis en sus soliloquios mañaneros en que él representaba un gobierno legítimo que llegó mediante el voto mayoritario obtenido limpiamente en las urnas. Eso nadie se lo discute. Pero su credibilidad está en entredicho. Y el dicho de que gobernaría para todos, especialmente para las clases sociales más desprotegidas. En esto último mintió, como lo ha hecho con muchas otras cuestiones de relevancia nacional como la salud pública y la seguridad.

Apenas la semana pasada, hubo una reunión entre el jefe del Ejecutivo y los gobernadores de Morena, es decir de la autollamada Cuarta Transformación, en Palacio Nacional, donde se acordó crear un Padrón Nacional de Personas Desaparecidas bajo el mismo modelo que implantó la Ciudad de México para depurar las cifras de desapariciones en el país.

López Obrador manifestó al concluir la reunión con gobernadoras y secretarios de su gabinete federal que acordaron “intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguir ayudando a familiares y a las organizaciones que llevan a cabo esta noble y humana misión”. Hace unos días el mandatario anunció que se está tratando depurar el padrón de personas desaparecidas Y ayer dijo que se tendrá un informe actualizado en diciembre.

Martí Batres, jefe de Gobierno capitalino dijo que a él le correspondió exponer ante sus homólogos el esquema de localización de desaparecidos con el que se opera en su entidad, con el fin de mejorar los procedimientos en el resto de los estados.

Sin embargo, organizaciones civiles y agrupaciones de madres buscadoras de desaparecidos han criticado al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNV), pues acusan que los funcionarios de dicha comisión están tratando de “maquillar” las cifras de ilocalizables y revictimizando a sus familiares al expresarles que están vivos sus parientes, pero sin darles pruebas.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a más de 60 colectivos de buscadores de personas, dijo hace unas semanas que las visitas de la CNB a los domicilios de familiares son revictimizante: “Consideramos –señala el documento– que llegar con familias dos años después de tener un indicio de localización, como la aplicación de una vacuna en 2021, no habla de búsqueda efectiva sino de una supuesta búsqueda profundamente tardía, y evidencia que las instituciones no se comunican entre sí”.

En México han sido reportadas como desaparecidas más de 290 mil personas entre 1962 y 2023, pero dentro de ese universo, más de un tercio, es decir 110 mil 106 personas, fueron reportadas durante el gobierno de López Obrador.

Por esto, el MNDM ha advertido que existe una crisis de personas desaparecidas, sin embargo, López Obrador niega las cifras y asegura que es mucho menor y que muchas de las personas del listado están con vida y anunció que pronto se va a dar a conocer un nuevo censo.

Pero cada hora que pasa, desaparece una persona, ante las miradas indiferentes y las burlas de un gobierno que, en los dichos se dice humanista, pero que en los hechos ha sido el más cruel, inhumano y cínico del que tengamos memoria. Las imágenes de madres buscadoras por todo el país nos deberían llenar de vergüenza, dolor e indignación, principalmente porque no han sido atendidas por el ejecutivo federal, y, al contrario, se les estigmatiza y se les critica por revelar el desastre en el que nos ha sumido la fallida estrategia de seguridad.

López Obrador las descalifica al señalar que tienen fines “politiqueros”. Vaya. ¿Buscar a un familiar que fue secuestrado, posiblemente asesinado y sepultado en una fosa clandestina, es ser politiquero? ¡¡¡Eso es no tener madre!!!

Estados como Colima, Sinaloa, Michoacán, México, Jalisco, Guerrero y Veracruz se destacan por la elevada cifra de fosas clandestinas que ahí se han hallado, todo ello ante los intentos de la autoridad de maquillar los números que reflejen las dimensiones reales de la tragedia. Este intento de ocultar la realidad, orquestado desde las altas esferas del poder público, llevó a la renuncia de la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana en agosto de este año.

Cada persona que desaparece, en cualquier rincón del país, causa una profunda y duradera herida en las familias y en el tejido social. La cantidad de personas desaparecidas en este sexenio es digna de un escenario apocalíptico: cada mes desaparecen alrededor de 625 personas, mientras que entre diciembre de 2018 y enero de 2023 se han contabilizado 2,710 fosas clandestinas con restos humanos. Y siguen apareciendo gracias al trabajo de las brigadas de las madres buscadoras.

La senadora por Baja California, Gina Cruz Blackledge, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, sostiene que la ausencia y falta de solidaridad gubernamentales han llevado a que la sociedad civil se organice para asumir funciones que deberían corresponderle al Estado mexicano. Hoy se contabilizan no menos de 234 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que sin apoyo alguno y a veces ante las burlas o las miradas indiferentes de las autoridades, llevan a cabo un trabajo extenuante, frustrante y desolador.

Dijo que el “Estado mexicano es el gran ausente hoy en día. A su creciente incapacidad para defender la vida y garantizar la seguridad de las personas, se suman la destrucción del sistema de salud y la eliminación de la calidad de nuestro sistema educativo. Esta cancelación del futuro se da ante la inauguración oprobiosa de obras que satisfacen el ego presidencial, mientras el país se incendia y se ve envuelto en la peor ola de violencia criminal de nuestra historia. La tragedia que conlleva la desaparición de las capacidades institucionales y de la destrucción del aparato administrativo es mayor. Esta devastación tiene como eje las policías municipales y estatales, que hoy agonizan por falta de subsidios históricos que, como otros tantos recursos del Estado mexicano, se han utilizado en obras improductivas, con costos inadmisibles y con un considerable daño al erario. Las próximas generaciones, además de una deuda de 16 billones de pesos, tendrán que retomar las tareas que este gobierno ha relegado: deberán esclarecer, con prudencia y objetividad, los indescriptibles pactos secretos con grupos criminales que se han expandido durante el actual sexenio, bajo un manto protector de impunidad; además, deberán reconstruir las capacidades de investigación de nuestras policías y fortalecer la seguridad pública a nivel municipal y estatal.

La senadora sostuvo que la desaparición de personas es sólo el manto que recubre una atroz tragedia humana: jóvenes desaparecen de un día para otro, algunos son reclutados por grupos criminales y otros son obligados a matarse entre sí, como en una especie de circo romano vergonzante. Una nueva generación, que es la promesa para México de un mejor futuro, está desapareciendo en medio del miedo y la incertidumbre, y ante las miradas atónitas y preocupantes de sus familiares, quienes no saben a ciencia cierta si los volverán a ver.

Tanto la legisladora federal como analistas nacionales e internacionales sostienen que las familias de las personas desaparecidas están sedientas de justicia. Para ellas no hay paz, tranquilidad, ni palabras de aliento. La respuesta gubernamental es cínica y cruel: si no se echan culpas al pasado por las barbaridades del presente, se culpa a las propias familias o se guarda un silencio perturbador con el que se pretende ocultar el hecho innegable de que la marca del actual gobierno es la destrucción, la mentira y el odio.

Las madres buscadoras de desaparecidos, como las integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia que, por cierto, instalaron en el kiosco del puerto de Acapulco, Guerrero, un centro de acopio de víveres para apoyar a sus compañeros, quienes cumplen varios de plantón y campamento en el Parque Nacional El Veladero por la falta de respuesta de las autoridades para ayudar a escarbar varias fosas clandestinas. Piden apoyo. Nada más y no la descalificación.

La petición que las madres buscadoras de desaparecidos y ciudadanos en general le hacen al gobierno de López Obrador y a los gobiernos estatales morenistas ausentes es muy simple: “No mentir, ni ocultar y sí buscar”.

Y si quiere seguir protegiendo a los grupos delincuenciales regionales, pues allá él. Las personas van a seguir denunciando adentro y fuera de México y el Sol no se tapa con un dedo.