Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

México país de matanzas, desapariciones, falta de justicia ante la crudeza de los hechos, manoseo en las investigaciones e impunidad desde el poder político.

El presidente López Obrador todos los días en sus soliloquios mañaneros dice mentiras o medias verdades, agrede, insulta, descalifica, llama comúnmente “conservadores” a sus críticos sin atreverse a mencionarlos por su nombre y sus villanos favoritos son algunos periodistas, escritores, analistas y algunos políticos y empresarios. Miente con respecto a la seguridad pública y procuración de justicia como lo ha hecho con muchas otras cuestiones de relevancia nacional como lo son la salud y la educación y el empleo.

Pero, además, el país está sumido en un baño de sangre y de violencia cuyas expresiones son vistas cotidianamente por millones de personas adentro y fuera de país ya sea en las redes sociales o en los medios de comunicación, mientras que el gobierno federa sigue obstinado en mantener su política de “abrazos no balazos” que lo único que ha provocado es el fortalecimiento de los grupos criminales que se han venido multiplicando como plagas y tomando cada vez más fuerza en diversas regiones y estados del país.

Si a eso sumamos la incapacidad institucional para atender a los padres de las víctimas de secuestros y asesinatos, a las agrupaciones de madres buscadoras de desaparecidos, a las familias de los mineros, organizaciones de personas desplazadas de sus pueblos y comunidades por la violencia, a los padres de niños con cáncer, etc., y la forma como los descalifica el propio López Obrador, veremos y entenderemos los motivos por los que el gobierno de Estados Unidos ha endurecido sus acciones para frenar estos incontenibles flujos de inmigrantes que están ingresando al país de manera tan burda, desde Chiapas, y el tráfico de armas y fentanilo, a lo largo de la frontera norte. Fentanilo a cambio de armas para los carteles.

Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Tlatlaya, Villas de Salvarcar, Acapulco y el casino de Monterrey, ahora Jalisco y Zacatecas, son unos cuantos casos que me vienen a la memoria sobre matanzas irracionales, despiadadas y sin sentido, comisiones de la verdad infructuosas, investigaciones judiciales deficientes, insuficientes y encubridoras, demandas de justicia de los deudos de las víctimas, que no cesan de exigir, a pesar del tiempo transcurrido; planteamientos para saber lo que realmente ocurrió. Gobiernos van y vienen, y los verdaderos asesinos — intelectuales y materiales–, gozan de cabal salud.

Vimos, la semana pasada, que las investigaciones de este gobierno con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Isidro Burgos, en Iguala, no me muestra avances significativos respecto a l llamada “verdad histórica”, sostienen los padres de esos jóvenes.

Me pregunto ¿Cuál es la verdad histórica? En los hechos, hay 43 estudiantes normalistas que fueron en su momento secuestrados, torturados, heridos y asesinados.

Y después, mutilados e incinerados. También, se asesinó colateralmente a balazos a otros seis jóvenes guerrerenses de un equipo de futbol, de manos de policías municipales y estatales, que fueron los mismos que detuvieron a los normalistas y los entregaron a diversas células de un grupo de delincuencia organizada dedicado al narcotráfico, al secuestro, extorsión y al control territorial en contubernio con autoridades municipales, estatales y delegados federales, tanto en Iguala, como en los municipios aledaños. Esa es la verdad incontrovertible.

Ahora bien. ¿Cuál es la responsabilidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero? El mismo que sustituyó al asesino ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, responsable de la matanza de campesinos en Aguas Blancas. Hasta ahora nada.

Está comprobado, la interrelación y las acciones de Guerreros Unidos con las policías municipales de Cocula, de Iguala, de Tepecoacuilco y de Huitzuco y algunos mandos militares. Esa misma conclusión a la que llegó en su momento Murillo Karam.

Coincide con la nueva investigación que encabezó Alejandro Encinas. Llama la atención en que en ambas investigaciones no se le finquen responsabilidades a quien era en su momento el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ni tampoco a quien fue su procurador de justicia, Iñaki Blanco.

En cuanto a Tomás Zerón de Lucio, se mantiene en Israel, protegido por las fuerzas de seguridad de ese país. Murillo Karam está encarcelado y muy enfermo. Ahora quieren a los militares. Algunos están procesados

En México tenemos desde hace mucho tiempo una crisis política. Una crisis de credibilidad. Y muchos sectores sociales se han manifestado inconformes por la crítica situación del estado de la economía, la seguridad pública y la corrupción. Los constantes ataques, insultos y desencuentros con el Poder Judicial de la Federación y con el Legislativo por parte del Ejecutivo son una muestra clara y contundente de que este gobierno no respeta ni la división de poderes ni tampoco hace bien su trabajo, pues contrata a personas que no son aptas para desempeñar tareas especializadas, como la jurídica. Y luego acusa a los ministros, magistrados y jueces de los reveses recibidos. En fin.

Los desplazamientos forzados internos en México alcanzan medio millón de personas por la violencia. Cada mes desaparecen alrededor de 625 personas, mientras que entre diciembre de 2018 y enero de 2023 se han contabilizado 2,710 fosas clandestinas con restos humanos.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a más de 60 colectivos de buscadores de personas advierte que existe una crisis de personas desaparecidas, sin embargo, López Obrador niega las cifras y asegura que es mucho menor y que muchas de las personas del listado están con vida y anunció que pronto se va a dar a conocer un nuevo censo. En este sexenio, 111 mil personas han sido reportadas como desaparecidas, aunque no le guste a López Obrador.

Lo que es un hecho incontrovertible, es que, en México, han sido asesinadas 374 mil personas en 19 años. ¿Cómo dimensionar y humanizar esta catástrofe? Es como si desaparecieran la mitad de las personas que viven en Baja California Sur, o toda la población de un país como Islandia.

La violencia letal de las últimas décadas no es normal – ni en términos de su magnitud, ni en términos de los niveles que vivíamos en el país hasta hace al menos 15 años – no es posible normalizarla, ni mucho menos tratar a los criminales “con abrazos no balazos”, aunque su autor diga burdamente que él tiene “otros datos”, provocando la irritación y el malestar colectivo. Yo si estoy indignado por la apatía, indolencia e irresponsabilidad gubernamental. ¿Y usted?