
Poder y dinero
La UNAM y los porros y los 50 años del movimiento del 68
En su toma de protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2015-2019, el 19 de noviembre de 2015, el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, dijo ante la comunidad universitaria:
“La inseguridad, en sus distintas manifestaciones, campea en el país. Sería de extrañar que, en nuestra casa de estudios, que es y seguirá siendo un espacio abierto, no existieran problemas de esta índole. Debemos reconocerlo, identificarlo, para poder mejorar, pero también es justo señalarlo: las acciones emprendidas por la administración que concluye han comenzado a rendir resultados y en los pasados meses todos los índices delictivos que se cometen en nuestros campus han disminuido.
“No contamos con una fuerza coercitiva y no la tendremos. Se continuará con la misma política de disuasión y se fortalecerá la cultura de denuncia temprana para la reacción oportuna de nuestros cuerpos de vigilancia. Mantendremos la prudencia y haremos lo conducente para mejorar nuestra seguridad. Pero debe quedar claro: la autonomía no significa impunidad. En la Universidad, el respeto a las diferencias ideológicas es un valor fundamental. Disentir es un privilegio de la razón y de la inteligencia, hacerlo con violencia e intolerancia es inaceptable en una casa en donde se cultiva el saber, se estimula la pluralidad y se respeta la diversidad. De la expresión de la inconformidad a la manifestación violenta hay fronteras que pueden llegar a cruzarse y resultar en actos injustificados y reprobables. En la Universidad no puede, ni debe, haber cabida para ello. Una función ineludible de la Rectoría es proteger a la comunidad. Los universitarios debemos trabajar en nuestros distintos campus, seguros y en libertad. Pondré todo mi empeño en que así suceda.
Destaco ese discurso porque el rector Graue, a quien no conozco personalmente, ha dado muestras de voluntad para atender todas las demandas académicas y de seguridad que le han planteado las asociaciones estudiantiles de los distintos planteles, escuelas y facultades universitarias.
Hay que evitar que los grupos porriles, protegidos por partidos y políticos corruptos lo pretendan derrocar como ocurrió en su momento con el doctor Ignacio Chávez, a quien, en 1966, una fuerza de choque pagada por el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, y con la anuencia de Gustavo Díaz Ordaz, lo sacaron de Rectoría con insultos, golpes y empujones. El grupo dirigente de la sociedad de alumnos de Derecho, encabezado por el hijo del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Duarte y su colega Espiridión Payán, protestaron por la eventual reelección de César Sepúlveda, como director de la Facultad de Leyes. Por cierto, Sánchez Duarte fue delegado en Coyoacán y director de Nacional Monte de Piedad, mientras que Espiridión Payán, todavía cobra un sueldo en la CNC.
En 1972, otros porros, Miguel Castro Bustos y Mario Falcón, respaldados por una docena de mandriles armados con metralletas, pistolas y rifles, tomaron la UNAM y obligaron a renunciar al rector Pablo González Casanova. Estos porros, apoyados por Raúl León de la Selva, asesinaron en la facultad de Ingeniería a otros dos “porros” cuyos motes eran “la Tota” y “El Toro”. Además de que tomaron la totalidad de la UNAM aprovechando una huelga del sindicato.
En su libro “la Historia Según Soberón”, coeditado por el Fondo de Cultura Económica, El Colegio Nacional y la UNAM, el exrector y también médico, Guillermo Soberón Acevedo recordó lo siguiente:
“El clima imperante en la UNAM durante 1972 fue el desquiciamiento institucional y la violencia por doquier. El conflicto de 1968 y el anterior de 1966, que ocasionó la caída del rector Ignacio Chávez, dejaron una secuela de inestabilidad alentada por grupos organizados exprofeso, para ocasionar disturbios en el campus universitario. Hubo intentos anarquizantes para ocupar posiciones académicas sin cumplir con los requisitos existentes y enclaves de activistas que enarbolaban las más variopintas y bizarras causas, principalmente en Economía, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras. Además, las organizaciones verdaderamente criminales sentaban sus reales en el campus y, bajo un ropaje ideológico y al servicio de intereses anti universitarios, estaban dispuestas a todo con tal de subvertir el orden mediante tácticas que llegaban a la acción terrorista. Hay que recordar que eran los tiempos en que se dejaba sentir la Liga Comunista 23 de septiembre, de carácter terrorista y totalmente fuera de la ley. No faltaban tampoco los delincuentes del orden común, que hacían su agosto en un espacio carente de seguridad. Todos estos factores contribuían a poner a la institución en jaque permanente.
Dijo también que “estaba convencido de que una de las metas institucionales de mayor prioridad y trascendencia consistía en consolidar y hacer más efectiva la proyección social de la Universidad… era claro que tendría que bregar en varios frentes y en forma inmediata: la violencia revolucionaria, la delincuencia del orden común, el sindicalismo en pie de lucha, el autogobierno de Arquitectura, el Colegio de Ciencias y Humanidades, las preparatorias populares y la Comisión Mixta de la Facultad de Medicina. Diversos tipos de violencia con un denominador común que los identificaba: el afán de perturbar, alterar y trastornar la vida académica de la Universidad y obstruir el desarrollo de sus metas y objetivos.
Ayer, el rector Enrique Graue se reunió con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador en donde dialogaron desde el presupuesto, hasta los hechos violentos de la semana pasada.
López Obrador dijo que ambos están conscientes de que es una demanda justa la planteada por los estudiantes y su comportamiento ha sido ejemplar, por lo que “pedimos que se actúe por la vía legal, que no haya encubrimientos y se castigue a los responsables”.
Reconoció hay tanta madurez en los jóvenes que no va a ser fácil que otros intereses tratan de ‘subirse’ para desestabilizar el movimiento, “los jóvenes no se van a dejar”. Pidió a los jóvenes no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia y recurrir constantemente al dialogo y tener confianza en las autoridades universitarias.
A su vez, Enrique Graue confirmó que se reunieron para hablar sobre el presupuesto de la máxima casa de estudios y los incrementos salariales, toda vez que del tema de la violencia se deberá realizar una reestructuración total al área de seguridad de esta universidad. «Parte de las recomendaciones tiene que salir de la comisión especial de seguridad del Consejo Universitario, tendremos que reestructurar el área por completo del área con la mano con trabajadores y estudiantes».
Hace 50 años, los estudiantes que formaban el Consejo Nacional de Huelga, del movimiento estudiantil de 1968, hicieron una invitación y convocaron a los 300 diputados federales a un debate público en CU; ningún legislador se presentó al evento y hubo quien consideró la posibilidad una falta de “respeto” a la “investidura de legislador”.
Los hijos de Díaz Ordaz ya hicieron públicas las memorias del expresidente y también Sócrates Amado Campos Lemus publicó un libro sobre lo ocurrido. Otros protagonistas como Marco Ávila Cadena escribieron su experiencia en Lecumberri. Creo que ahora ya es tiempo de reconstruir la historia con todas las versiones, incluyendo las versiones del general Marcelino García Barragán y sobre el sucio papel que desempeñó el Estado Mayor Presidencial bajo la responsabilidad del general Luis Gutiérrez Oropeza, responsable del batallón “Olimpia”. López Obrador los piensa enviar a los cuarteles y quiere crear una ayudantía general. ¿Será?