Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Los insultos y ataques presidenciales a los periodistas y la violación al Estado de Derecho. 

El Artículo 87 constitucional establece claramente que el presidente de la República, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión la siguiente frase: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo de México le ha conferido, “mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.»

Y esto viene a cuento porque en los últimos días, Andrés Manuel López Obrador, no sólo violó ese mandamiento constitucional, sino también la fracción XII del artículo 89 referente al Poder Judicial de la Federación. Pero no sólo eso, sino también infringió flagrantemente la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, al difundir indebidamente el teléfono de la corresponsal del diario estadounidense New York Times (NYT), Natalie Kitroeff, durante una de sus conferencias mañaneras que a lo largo de los meses se han convertido en su foro personal para despotricar contra periodistas, escritores, ministros, magistrados y jueces federales, empresarios y adversarios políticos, a los cuales, por supuesto, se les niega desde Palacio Nacional el derecho de réplica que tanto reclama.

Y es que su punzante sarcasmo y sus burlonas frases como “narco presidente” se le revierten en las redes sociales. Al responder a la reportera de Univisión, Jessica Zermeño, quien le preguntó la semana pasada por qué difundió el número de teléfono de Natalie Kitroeff cuando en los propios lineamientos de prensa de la misma presidencia en el punto cinco dice: “Todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” y, soberbio y contradictorio como es, respondió:

“Ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo diría faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político: Univisión, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el Wall Street Journal; aquí el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador o el más importante vocero del bloque conservador. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo, como lo dimos a conocer ayer, y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa.

¿Con todo respeto? ¿Después del insulto?

Jessica Zermeño insistió en el tema de que se difundió indebidamente un número de un teléfono personal; que eso la pone en riesgo a ella porque cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar; que se infringió la Ley de Transparencia; qué si no fue un error presidencial y que si eso puede volver a ocurrir.

Y López Obrador contestó: No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera —porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral— no va a venir cualquier gente porque es del New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan; ahora no. Ahora nos tienen que respetar porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático. Y en México hay libertades, que no las hay en Estados Unidos, ¿eh? … Dijo que si la periodista se sentía ofendida pues que cambiara de número y punto final. Jamás reconoció abiertamente que infringió la ley y para que no hubiera dudas manifestó que volvería a dar a conocer el número telefónico de la periodista, lo cual ocurrió.

El diario New York Times, mediante un reportaje, acusó a López Obrador y a sus hijos de haber pactado con el narcotráfico y de haber recibido dinero de las drogas para financiar la campaña política que lo llevó a la presidencia en 2018, pero no mostró sus pruebas. Por mucha razón que tenga López Obrador no puede decir que, por encima de la ley, está su autoridad moral y la autoridad política con que representa a un país. De ahí la frase absolutamente indefendible: el presidente dice estar por encima de la ley, lo que lo pone en el ojo del huracán para la campaña de sus opositores. Pero hay más.

El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, dijo que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley, después de que López Obrador minimizará el haber difundido, en su mañanera, el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, de El New York Times.

«Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista», expresó Alcalá en su cuenta de X (antes Twitter).

La imprudencia desmedida de López Obrador ya tuvo consecuencias. Por lo pronto, la candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, también denunció que “alguien” filtró en redes sociales su número telefónico y que estuvo recibiendo “llamadas y mensajes de odio”. Investigación similar deberá hacer el INAI tras la denuncia presentada por José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, de que su número telefónico fue filtrado en redes sociales, con riesgos similares para él y su familia que los que se advierten en el caso de Natalie Kitroeff.

Aunado a ello, las revelaciones de López Obrador de que cuando estuvo Arturo Zaldívar Lelo de la Rea al frente del Poder Judicial de la Federación, le llamaba para pedirle que no dejarán a ciertos personajes en libertad, pese a que las resoluciones judiciales no favorecían a la fiscalía federal, también atizaron la hoguera, pues los constantes ataques, insultos y desencuentros con el Poder Judicial de la Federación y con el Legislativo por parte del Ejecutivo, son una muestra clara y contundente de que este gobierno no respeta ni la división de poderes ni tampoco hace bien su trabajo, pues contrata a personas que no son aptas para desempeñar tareas especializadas, como la jurídica. Y luego acusa a los ministros, magistrados y jueces de los reveses recibidos y ahora, quiere imponer una reforma para que éstos sean electos, sin respetar el servicio profesional de carrera. Vaya.

A lo largo de su sexenio, López Obrador se ha dedicado a insultar y descalificar a diversos periodistas a los que acusa de corruptos, sin pruebas. Uno de ellos es Carlos Loret de Mola, a quien ha agredido más de 500 ocasiones. Loret de Mola no es mi amigo, pero reconozco que es un gran reportero y hace un espléndido trabajo de investigación.

Hace días, el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, ofreció unas declaraciones a la agencia de Loret, Latinus, donde revela que, supuestamente, la organización delictiva conocida como Los Zetas financió la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante las elecciones 2006; la FGR busca que dé pruebas que sustenten sus afirmaciones. Aunado a esto, el líder de Los Ardillos habló de supuestos nexos con funcionarios públicos y negociaciones para imponer candidaturas tanto en presidencias municipales como en diputaciones federales. Esto supuestamente a cambio de organizar comités a favor de los partidos políticos involucrados, especialmente Morena. Este sujeto afirmó que tiene grabaciones de las negociaciones que tuvo con los involucrados. Además, se le captó junto a la actual alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, al interior de un restaurante.

López Obrador pretendió desprestigiar a Loret de Mola y quiso desmentir que se trataba de dicho sujeto, pero luego que los sacerdotes guerrerenses lo confirmaron, la fiscalía general de la República (FGR) señaló que busca la localización de Celso Ortega Jiménez para que compruebe las afirmaciones que realizó ante dicho medio periodístico contra el mandatario federal, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico:

“En los diversos expedientes penales que se le siguen a la organización criminal denominada Los Ardillos, se ha abierto de inmediato un desglose con objeto de que Celso O, supuesto líder de esa agrupación, sea localizado para que, en su caso, ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico”, detalló la fiscalía. Lo que llama la atención es cómo es posible que lo pueda contactar un periodista y la FGR no pueda.

Y aunque López Obrador todos los días hable de que está blindado de “las calumnias” en contra de su “honestidad valiente”, hay muchos indicios y hechos que son públicos, que demuestran todo lo contrario. Excolaboradores muy cercanos recibiendo fajos de billetes en ligas, o jugando en casinos de Las Vegas o descontando dinero a los sueldos de los trabajadores o pidiendo el “diezmo” a los proveedores gubernamentales o libros de personas cercanas a él que lo califican como “El Rey del Cash”. ¿Usted le cree? …yo tampoco.

No cabe duda de que el pez por su propia boca muere.