Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La corrupción permite que se genere la violencia: Transparencia Internacional. Los casos de este sexenio no tienen sentencias definitivas: Transparencia Mexicana

Muy recientemente, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En este informe, donde se registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, académicos, y expertos en negocios, hacen comentarios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.

Y por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del IPC va de cero a 100, siendo 100 la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. México comparte puntuación con El Salvador, Kenia y Togo. Llama la atención que entre el grupo de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar.

En América, México se ubica por encima de Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero debajo de Chile, Uruguay y Canadá quienes poseen los índices más altos del continente —ambos con 74 puntos—, seguidos por Estados Unidos con 69. Los países con los peores índices de corrupción son Venezuela (14 puntos), Haití (17 puntos) y Nicaragua (19 puntos). Honduras y Guatemala también están entre los más corruptos.

No obstante que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción durante el sexenio de López Obrador no han sido sancionadas y el país no ha tenido cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. Además, ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas. Ni la Estafa Maestra (con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos), ni el caso Agro nitrogenados-PEMEX –donde se estima un desvío superior a los 200 millones de pesos de las arcas mexicanas– o el caso SEGALMEX-DICONSA-LICONSA –con un desvío estimado en cerca de 9,500 millones de pesos– han llegado a sentencias en firme, ni tampoco el caso de corrupción internacional, como el de Odebrecht.

“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, señaló Transparencia Mexicana.

Ahora que están en proceso las campañas presidenciales, Transparencia Mexicana expresó que la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosas jurisdicciones del país.

Y es que, para Transparencia Internacional, varios países de América Latina se han convertido en los últimos años en un terreno fértil para las redes criminales y los abusos a los derechos humanos, cuando se conjuntan corrupción y los abusos de poder: “La falta de acciones audaces y firmes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando a las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia, a los derechos humanos y amenazando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Sostiene el informe que las actividades criminales trascienden muchas veces hasta las instituciones públicas. Y añade:

El Índice de Paz Global es otro parámetro que reveló que el mundo es cada vez un lugar menos pacífico. “Existe un nexo evidente entre la violencia y la corrupción: los países que tienen las puntuaciones más bajas en este índice también tienen puntuaciones muy bajas en el IPC”.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, explicó que los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas: “Los gobiernos no han logrado, de manera colectiva, contrarrestar este fenómeno y, con esto, agudizan el aumento de la violencia y el conflicto que se observa en la actualidad, lo cual plantea peligros para las personas de todas partes del mundo”.

“Las instituciones débiles y que no rinden cuentas en América Latina han creado un terreno fértil para que florezcan las redes delictivas organizadas, alimentando la violencia y la inseguridad”, explica el reporte sobre lo que sucede en la región. Además, menciona que, en muchos países, funcionarios y agentes de policía colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos.

“En Honduras, Guatemala y Perú, la evidencia sugiere que los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y políticos, financian campañas electorales o incluso se postulan para cargos públicos”, afirma Transparencia Internacional. Esa situación lleva a que las mujeres, las niñas y los migrantes sean muchas veces víctimas de redes de trata y de “extorsión”, que “generalmente incluye a funcionarios públicos”, como es el caso de México.

Esta falta de atención a los grupos vulnerables, haber dejado desde antes de que se iniciara este sexenio, que grupos delictivos regionales se apoderaran de importantes zonas del país y el fracaso de la política de “abrazos no balazos”, es por lo que, hasta ahora, durante la administración de López Obrador hayan sido asesinados hasta ahora más de 180 mil personas. Eso sin contar con los miles de desaparecidos sepultados en fosas clandestinas, además de los muertos por la pandemia del Covid y otras enfermedades. Y no conforme con eso, culpa a los periodistas, analistas y “conservadores” de inflar las cifras, cuando la realidad lo rebasa. Caray.

Sostiene Transparencia Internacional que otro de los fenómenos analizados es que, para hacer frente al crimen organizado y la violencia de las pandillas, algunos gobiernos tomaron medidas que llevaron a la concentración de poder, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas, y presentando serias amenazas a los derechos humanos y las libertades básicas. Añade que los países de América Latina registraron el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia tuvo el mayor número de asesinatos con 138, seguido de 42 en México y 27 en Brasil.

Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, destacó, un dato optimista: “Los gobiernos deben abrir los espacios para hacer partícipe al público en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta comunidades marginadas y grupos de jóvenes. En las sociedades democráticas, las personas pueden alzar sus voces para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro para todos nosotros”.

En su soliloquio mañanero, luego de varias contradicciones, entre ellas condicionar la presencia de sus asesores, López Obrador dijo que quiere reunirse con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (“tener diálogo con ellos, y ojalá y pueda ser un diálogo directo con ellos, es que no les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos porque ellos han distorsionado las cosas, y tengo pruebas de lo que estoy sosteniendo, no han actuado con rectitud”), pero pidió que no vayan a los actos de campaña de Claudia Sheinbaum.

“Y ojalá y también los abogados no lleven a la práctica esto que sostuvo un abogado de que iban a ir a los actos de una candidata, que no vayan a los actos de los candidatos a provocar, que no olviden que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás y no manipular, porque eso no tiene nada que ver con la revolución, eso tiene que ver con el conservadurismo, es la actitud siempre de la derecha, siempre la derecha utiliza provocadores para manipular”, comentó en su mañanera. ¿Usted cree que le van a pedir permiso?