Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Falta de atención del gobierno a las demandas y quejas ciudadanas. AMLO descalifica la protesta social al igual que lo hacen otros de la 4T. 

Una de las características de este gobierno, es que las quejas ciudadanas, ya sea por falta de medicamentos, por desatención de los servicios públicos o por otros motivos, no son atendidas con prontitud por los servidores responsables de hacerlo, y la protesta social colectiva tampoco es atendida, sino que ha sido descalificada con el estúpido argumento de que son o han sido promovidas por grupos “conservadores” u opositores al régimen que encabeza el tabasqueño.

Y es que ha sido una de sus peculiaridades de López Obrador que, en un principio de su administración, viajaba en transportes públicos, pero desistió hacerlo ante los constantes reclamos ciudadanos que se daban en los aeropuertos y dentro de los propios aviones por la ineptitud de sus colaboradores y sus pésimas políticas de atención a los problemas planeados por los ciudadanos, los cuales se han ido agravando conforme pasa el tiempo, como son los ejemplos claros de la violencia y la inseguridad.

Ya no se diga que se pueda reunir con pueblos en desgracia, con los desplazados por la violencia, las madres buscadoras de desaparecidos, con los familiares de las personas asesinadas por las bandas del crimen organizado, con las organizaciones de transportistas, comerciantes, ejidatarios y productores agricultores que ya están hasta la madre de las extorsiones y amenazas de las bandas delincuenciales que operan libremente a lo largo y ancho del país, con la complacencia de autoridades estatales, militares y municipales, éstas últimas sometidas a lo que digan los dirigentes de estos grupos delincuenciales.

Ahora, en tiempos electorales, el crimen organizado impone su ley, amenazado y obligando a “pedir permiso” para hacer campañas proselitistas, como ha estado denunciando la oposición sin que nadie, absolutamente nadie, escuche sus quejas. Ni tampoco el fenómeno de las candidaturas abandonadas por las amenazas y la inseguridad afecta a siete de los 11 partidos con registro. Y si a eso sumamos 23 candidatos que han sido asesinados y más de 50 que han dimitido a las postulaciones para alcaldes, regidores y diputados, cuando las campañas ni siquiera habían comenzado, la situación está muy preocupante.

Durante el transcurso de este sexenio, Andrés Manuel López Obrador puso mucho énfasis en sus soliloquios mañaneros en que él representaba un gobierno legítimo que llegó mediante el voto mayoritario obtenido limpiamente en las urnas. Eso nadie se lo discute. Pero su credibilidad está en entredicho. Y su dicho de que gobernaría para todos, especialmente para las clases sociales más desprotegidas, más. En esto último mintió, como lo ha hecho con muchas otras cuestiones de relevancia nacional como la salud pública y la seguridad. Dijo que iba atender el problema de los desaparecidos incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa ¿y qué pasó? …pues que se le ocurrió “depurar” Padrón Nacional de Personas Desaparecidas y encubrir los archivos militares en el caso de los normalistas y tener en la cárcel injustamente al ex procurador de justicia federal del sexenio pasado.

La crisis policiaca en el estado de Campeche que ya lleva más de 20 días, en la que los uniformados piden y exigen la destitución de su jefa, Marcela Muñoz y en las que multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se han solidarizado no sólo con las protestas policiales, sino que ahora exigen que se vaya la gobernadora Layda Sansores Sanromán, continuarán esta misma semana y reitera quien esto escribe que el camino de la llamada 4T tiene hasta el hartazgo a los ciudadanos por su falta de sensibilidad y solidaridad para atender con prontitud las demandas sociales y más en tiempos electorales.

Los policías demandan, mejores condiciones salariales y prestaciones sociales, que se les proporcionen equipos para poder desempeñar su trabajo, respeto al escalafón de ascensos y un trato digno por parte de los mandos. Nada del otro mundo. Pero la mecha que hizo estallar el conflicto, fueron las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores que dijo la semana pasada que no sólo no iba a remover a los mandos, sino que los policías fueran a quedarse “con sus mamás”. Layda Sansores es igual de soberbia que López Obrador y, ahora, no puede destrabar un conflicto que ella misma creó y ya los legisladores federales de Morena, como la diputada María Sierra Damián, exigió a la gobernadora atender las demandas. Lamentable.

Ahora, tras el feminicidio de Camila, una niña de 8 años que se suscitó el jueves pasado en Taxco, Guerrero, la Iglesia Católica en su editorial Desde la fe, reflexionó sobre la muerte de la menor e hizo un exhorto a la sociedad para buscar otras formas hacer justicia, ya que la “violencia genera más violencia”.

“Mientras el mundo católico celebraba la Semana Santa, un hecho centró la atención mediática en México: la muerte de Camila, una niña de ocho años, y el linchamiento de los presuntos responsables de su fallecimiento en Taxco, Guerrero”. El clero explicó que este hecho evidenció varios de los problemas que han fracturado el tejido social, que competen a las autoridades del Estado, la clase política, las instituciones de seguridad, así como también a los ciudadanos y a las familias resolver con prontitud.

“¿Qué necesitamos como sociedad para darnos cuenta de que al permitir estos hechos nos estamos destruyendo poco a poco?, ¿Cuántas niñas muertas más?, ¿cuántos linchamientos más?, ¿Cuántas injusticias más?, ¿Cuándo entenderemos que la violencia sólo genera más violencia?”, cuestionó la Iglesia Católica.

Recalcó que hemos puesto una lápida de “egoísmo, de miedos y amargura, de sufrimiento y muerte, que le cierra el camino a la alegría y a la esperanza”, ya que esto bloquea el espacio a un mejor futuro, que impide construir una sociedad en la que se priorice el bien común, que dignifique la vida, y que dé certezas a nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

“Y es en este momento, que también conmemoramos la pasión y muerte de Jesús, y el intento de encerrar su historia detrás de una gran piedra en un sepulcro”. Esta piedra, dice el Papa Francisco, representa “escollos de muerte”, que encontramos en los fracasos y en los miedos que nos impiden realizar el bien que deseamos; en todas las cerrazones que frenan nuestros impulsos de generosidad y no nos permiten abrirnos al amor; en los muros del egoísmo y de la indiferencia, que repelen el compromiso por construir ciudades y sociedades más justas y dignas”, sostiene el clero, mientras que el alcalde de Taxco, Mario Figueroa  reconoció que el linchamiento de Ana Rosa “N”, mujer señalada del secuestro y asesinato de Camila, rebasó a las autoridades municipales debido a la falta de elementos de seguridad, así como una omisión por parte del gobierno de Guerrero, bajo el mandato de Evelyn Salgado Pineda. Responsabilizó a la Fiscalía de Guerrero de no girar las órdenes de aprehensión de los supuestos responsables del secuestro y asesinato de la menor, lo que derivó en el linchamiento.

En el café La Parroquia en el Puerto de Veracruz, la ex secretaria de energía y ahora candidata de Morena a la gubernatura de ese estado, Rocío Nahle, fue abucheada. “¡Fuera, Fuera!”, “¡Fuera, que se vaya!”, le gritaron decenas de comensales. La insultaron, le gritaron extranjera, fue abucheada por casi todas las personas que se encontraban al interior del café por lo que tuvo que salir del lugar con su pequeño séquito. Nahle arrancó su campaña por la gubernatura del estado con un evento en la Macroplaza del Puerto de Veracruz.

Legisladores y dirigentes de la oposición preparan una denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su canciller Alicia Bárcena Ibarra, por regalarles dinero del erario a los extranjeros una vez que regresen a Colombia, Ecuador y Venezuela. Calificaron este hecho como “aberrante e incongruente”, y que resulta insólito, inexplicable, es que medios de comunicación de poca relevancia le hayan dado difusión a esta irracional orden.

Los opositores dicen que se violó la fracción X del artículo 89 constitucional y que autoriza al Ejecutivo Federal a celebrar tratados con otros países, pero exige que sean aprobados por el Senado. Eso lo sabe muy bien Alicia Bárcena que no se consultó al Senado, además de que la fracción I del artículo 214 del Código Penal Federal tipifica el delito de “ejercicio ilícito de servicio público”, cuando se ejercen funciones sin haber satisfecho todos los requisitos legales. Además, el artículo 217 del Código Penal Federal señala que comete el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades” el servidor público que ilícitamente “otorgue, permisos, licencias, adjudicaciones…” En este caso se adjudicaron y se han entregado cantidades de dinero a extranjeros sin cumplir con los requisitos establecidos en la propia ley. Y López Obrador dice que es culpa de los medios. Ajá.