Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La reforma al Poder Judicial y otras cuestiones

El 7 de abril de 2005, el pleno de la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, tras 9 horas de debate y alegatos legales tanto de la PGR como del inculpado, Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo su desafuero como jefe de gobierno del Distrito Federal con una mayoría calificada de 360 votos a favor (principalmente del PAN-PRI), 127 en contra (principalmente del PRD-PT) y dos abstenciones. Ese fue, el primer conflicto, que tuvo López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de una violación a una suspensión definitiva de un amparo otorgado a un particular para que se respetara su predio y no se continuara abriendo una calle en Santa Fe.

Desde entonces han venido otros conflictos con el Poder Judicial Federal que derivaron de otras suspensiones a sus reformas a la legislación eléctrica; a la designación de otros ministros por parte del tabasqueño pero que decidieron ser independientes a sus instrucciones, al otorgamiento de suspensiones de amparo de diversos jueces en contra de sus obras suntuosas como el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía –en este último caso por no indemnizar a los ejidatarios por la expropiación de sus tierras— y también por haber designado a una ministra “pirata”, es decir, con títulos falsos; y a otra más que no está preparada para ocupar un cargo de esa envergadura como es el caso de Lenia Batres Guadarrama. Solamente para que se den una idea, esto forma parte de su currícula: “Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y maestra en Estudios de la Ciudad y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Casi al final de su sexenio, hizo reformas con la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, para reformar la Ley de Amparo. Ahora, resulta que esa reforma a la Ley de Amparo prohíbe a los jueces otorgar amparos contra leyes inconstitucionales, obras públicas violatorias de los ordenamientos legales y tampoco ampara a los ciudadanos contra los abusos del poder violatorios de los derechos humanos. En pocas palabras, por capricho presidencial, desaparece el juicio de garantías como lo conocimos hasta hoy y se limitan los derechos solamente para unos cuantos.

Pero ahora, lo más grave, es que se pretende desaparecer, el servicio profesional de carrera de miles de trabajadores del poder judicial federal, muchos de los cuales no solamente cuentan con la licenciatura en derecho, sino también con maestrías y doctorados, ya que los morenistas con supuestas encuestas “al pueblo sabio”, pretenden llevar a cabo una reforma constitucional a propuesta de López Obrador para que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos en urna, lo que convertirá a todos los integrantes del Poder Judicial en empleados del Ejecutivo.

Con esto, se acabará la división de poderes que consagra la Constitución y el poder total quedará exclusivamente en manos del presidente y bajo este absurdo ¿cómo se puede evitar la intermediación del crimen organizado en la elección de los nuevos juzgadores? Es por ello que tanto los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, por un lado, como la comunidad Europea, por el otro, están más que preocupados, pues si esta reforma se lleva a cabo “sin quitarle una coma” y en el parlamento abierto se escucha los argumentos en contra de dicha propuesta solamente como testimoniales, se vendrá una fuga de capitales y una salida de inversiones que amenazarán, sin duda, la estabilidad económica, además de que a México se le cerrarán las puertas de la banca internacional ya que no le hará ningún tipo de préstamos a unas finanzas públicas que están en franca banca rota.

Dentro de toda esta visión, y teniendo 60 días para publicitarse la nueva reforma constitucional, el riesgo está en ciertas regiones del país donde el crimen organizado está por encima de los tres poderes de gobierno y las fuerzas armadas han sido hasta ahora incapaces, de posicionar a sus propios cuadros.

Y también, no se ha hecho mucho para profesionalizar a las fiscalías estatales, muchas de las cuales están infiltradas por los delincuentes. Debe haber una revisión del sistema judicial de los estados que, hasta donde se sabe, es donde hay aún más corrupción. Y tienen que trabajar los congresos para elegir buenos fiscales, pero sobre todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y con las fiscalías sea adecuado.

Pero López Obrador no ha sido jamás a lo largo de su sexenio autocrítico con su equipo de colaboradores, sobre todo, con los ineptos que han trabajado en la propia Consejería Jurídica de la presidencia, que han perdido la mayoría de los juicios. Solamente cuando estuvo Arturo Zaldívar Lelo de la Rea al frente de la presidencia de la Corte, y las echaba la mano, pudieron enderezar el barco.

Hay que recordar que el 8 de agosto de 2018, cuando recibió su constancia que lo acreditaba como presidente electo de manos del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador, dijo:

“En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la república no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada uno actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad.

¡Ha caray!, como ha pasado el tiempo. Mintió entonces y nuevamente vuelve a mentir. Nadie duda que el poder judicial requiere una reforma. Ojalá fuera por consenso. No por imposición.