Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El PRD y los desaparecidos de Ayotzinapa: Ni perdón ni olvido, sólo justicia

Esta semana se cumplen cuatro años de los trágicos y lamentables acontecimientos de Iguala, Guerrero, en donde 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” se enfrentaron a la policía municipal y como resultado de ese violento enfrentamiento, fueron sometidos, torturados, asesinados y sus cuerpos calcinados y arrojados a un río y que todavía están siendo buscados por sus familiares.

Apenas la semana pasada, los padres de los 43 desaparecidos y otros familiares respaldados por un grupo de encapuchados elevaron su protesta insatisfactoria con las pesquisas oficiales del caso, nuevamente de manera violenta y protestaron, hicieron pintas y lanzaron piedras, petardos y bombas molotov a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería para exigir la presentación de los jóvenes. Además, los jóvenes con los rostros cubiertos quemaron un cajero automático de Banejercito ubicado a un costado de la entrada principal a las instalaciones militares que permanecieron cerradas y que se ubican frente a la plaza Galerías Tamarindos, propiedad del exalcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra preso junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, desde noviembre de 2014, cuando fueron detenidos en Iztapalapa, luego de haber huido por ser los responsables de haber dado la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes.

Unos 500 estudiantes encapuchados, arribaron a Iguala a bordo de varios autobuses y se dirigieron directamente al cuartel militar. En ese lugar, el vocero de las víctimas Felipe de la Cruz, dirigió el mitin donde el mensaje principal fue el reproche al gobierno de Enrique Peña Nieto por cuatro años de impunidad y la protección a los mandos castrenses del 27 Batallón, a quienes señalan de haber actuado en contubernio, junto con el grupo delictivo Guerreros Unidos, de desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa y culparon al Ejército de la desaparición de los jóvenes, de sacar a los estudiantes que recibían atención en una clínica el día de los ataques.

Ese mismo jueves 20, se conoció que por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió que no existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en este caso.

Al resolver los incidentes de inejecución 4/2018 a 7/2018, por unanimidad de votos determinó dejar sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas en la que se señaló que existía imposibilidad jurídica para la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia y los magistrados esgrimieron que sí existe sustento constitucional para su creación. Además de que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena; y que se debe atender el caso bajo la óptica que establece el artículo 17 constitucional, en el sentido de que se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los formalismos procedimentales.

En la resolución se dejó en claro que el Tribunal Colegiado atendió en todo momento la litis que fijó el propio Ministerio Público de la Federación al momento de interponer el recurso de revisión, y como en el caso se revocó la determinación del Tercer Tribunal Unitario, la Ley de Amparo obliga al Tribunal Colegiado a reasumir jurisdicción y atender el juicio de amparo de primera instancia; por lo que también se tuvieron que analizar los conceptos de violación los derechos de los quejosos detenidos que no atendió el Tribunal Unitario.

Al analizar el artículo 21 constitucional conforme a diversos métodos de interpretación, se concluyó que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Incluso en el caso existen investigaciones formales reconocidas por la propia Procuraduría General de la República, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En relación a la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se dijo que investigarían delitos, sino que se investigarán hechos, en específico, los relacionados con lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; y que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, la CNDH estime que procede formular una recomendación a determinada autoridad, y podrá hacerlo en el marco de sus atribuciones legales. En tanto que el Fiscal, podrá considerar que existen elementos para ejercer acción penal en contra de alguna persona y, desde luego, podrá hacerlo.

Ahora, el futuro subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, quien hace también unos días refrendó el compromiso del gobierno de López Obrador para la creación de una comisión de la verdad y la memoria histórica aprobada por un decreto Ejecutivo o Legislativo, tendrá un duro paquete con este caso, pues muchos de los responsables de las desapariciones de este caso y que están en la cárcel confesos, podrían obtener su libertad, por la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, del pasado 4 de junio.

El fallo determinó que las declaraciones de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en las cuales se sustentó “la verdad histórica” del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fueron obtenidas a base de torturas; incluso uno de ellos ya obtuvo su libertad. José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, podrían quedar en libertad gracias a esa sentencia. Lo que complica más las cosas.

También, habría que insistir en que fueron los gobiernos perredistas — estatal y municipal — los que intervinieron en la detención y desaparición de los estudiantes y que los principales responsables están presos. A esos debería preguntarles, que fue realmente lo que ocurrió, y si es verdad que estaban protegiendo varios envíos de heroína a Chicago y Nueva York en camiones de pasajeros que fueron secuestrados por los estudiantes.

¿Y los otros 39,990 desaparecidos? ¿También se formarán comisiones de la verdad para resolver esos casos?

La gente pide castigo a los responsables y reparación del daño. Es decir, indemnizaciones a las familias.

¿Y cómo se va a garantizar que ese tipo de actos no se repitan?

Por ahora, no hay respuesta. No basta pedir perdón, se trata de hacer justicia y por el momento no se vislumbra que haya cuerpos de investigación ministeriales capaces que puedan realizar investigaciones impecables. Por eso, el propio López Obrador, ya dijo que «hasta dónde se pueda»…