Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La Reforma Judicial desaseada, porque el oficialismo no pretende quitarle ni una coma. 

A unas horas de que el Congreso de la Unión comience los foros del denominado parlamento “abierto” para escuchar los planteamientos y argumentos de todos los expertos sobre los temas relacionados con la reforma constitucional que se pretende llevar a cabo, para replantear y modificar todo el sistema de justicia, pero que en especial pretende reconfigurar al Poder Judicial de la Federación, en realidad el oficialismo morenista ya tiene todo definido y a la propuesta de López Obrador y avalada en sus términos por la presidenta electa, no le pretenden quitar ni una coma. Sería un logro, en verdad, que recapacitaran, pero lo dudo.

Esto, sin duda, traerá consecuencias. Lo he dicho y lo dicen los expertos. Es necesario, reformar al poder judicial, pues toda institución es perfectible y más en tiempos donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Pero una reforma como la pretende el tabasqueño que ya se va, para bien o para mal, tiene como único objetivo destruir, no mejorar el acceso de la población a la justicia pronta y expedita.

Además, la reacción de los mercados y de diversos gobiernos sigue siendo de preocupación. El precio del dólar y del euro, fluctúan con cada declaración presidencial. Mal empieza un nuevo gobierno si antes de su estreno los inversionistas están más que nerviosos y no le tienen la suficiente confianza. También, se parte desde la falsa frase lopezobradorcista de que la justicia está por encima de la economía. Los mercados e inversionistas deben asegurar sus inversiones y han alertado acerca del rumbo que no se debe tomar y las consecuencias de hacerlo. Si el mundo va en una dirección, es muy peligroso hacer en contra.

Hay otras reflexiones que también debemos hacer. El oficialismo insiste y esgrime que su propuesta busca mejorar el sistema de justicia. Falso. Está demoliendo la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes. Mienten porque el objetivo no es la justicia en sí, pues no tocan a las fiscalías y tampoco desmantelan los vínculos político-criminales. Militarizan ofreciendo seguridad cuando es imposible hacerlo manteniendo los altísimos niveles de impunidad y con políticos suyos vinculados al crimen organizado.

Pero lo más lamentable es qué democracia pretenden defender en un país con miles de fosas clandestinas, con cientos de miles de desaparecidos, con casi 200 mil asesinatos en este sexenio, con buena parte del territorio entregado al crimen organizado, con vínculos político-criminales intactos y crecientes y con una impunidad casi absoluta; con la devastación de ecosistemas que ponen en riesgo a comunidades, además de una opacidad galopante en las finanzas públicas, donde el desvío de recursos ha sido escandaloso.

El país requiere soluciones técnicas y complejas. Tomar decisiones o justificarlas detrás de la voluntad de mayorías –como las encuestas al “pueblo sabio” — a las que no se les ha hablado con la claridad y profundidad sobre el sistema de justicia, es muy irresponsable.

López Obrador está acostumbrado a “informar” de las reformas con una larga lista de calificativos y afirmaciones genéricas, sin presentar pruebas, lo cual no sólo es un engaño, sino una manipulación. Y pese a las promesas hechas a los inversionistas para calmar turbulencias cambiarias y financieras, la reforma judicial será una realidad al llegar septiembre y los jueces, magistrados y ministros serán designados por el voto popular, lo cual sigue alimentando un ambiente de tensión e incertidumbre en los mercados internacionales. Esperemos que no sean como Lenia Batres y demás fauna silvestre.

Otra reflexión. No es, en sí, la forma del voto el principal motivo de alerta, sino que ese modelo oculta la finalidad de apoderarse del poder judicial, último bastión que frenó algunos excesos del gobierno que está por terminar. Muchos analistas consideran que el problema es la incertidumbre jurídica, pero el verdadero riesgo está en no contar con un mecanismo que impida al gobierno tomar decisiones arbitrarias. Ahora con las reformas a la Ley de Amparo, se limitaron los derechos de los particulares frente a los actos de autoridad.

Una elección abierta de jueces y magistrados tiene muchos riesgos. El primero es que nada garantizará que los candidatos elegidos por voto popular estén capacitados para desempeñarse como juzgadores. Otro riesgo está en que en las elecciones judiciales se involucre el crimen organizado y se repita un proceso electoral como el que acabamos de vivir, en el que muchos candidatos fueron amenazados. Otro tema es que, de aprobarse en sus términos, serán cesadas 910 personas magistradas y 737 jueces, además de 25 magistraturas del Tribunal Electoral que componen el Poder Judicial Federal.

Esto quiere decir que se elegirían a quienes ocuparían mil 686 cargos. Los efectos de su eventual descabezamiento ya se están sintiendo en los tribunales, donde los abogados están tratando de apurar sus asuntos ante el riesgo de que una demora los podría llevar al nuevo Poder Judicial, donde quienes los atendieran tendrían que empaparse en los expedientes, que no son pocos, son miles de expedientes.

Y es que ante la violencia e impunidad resulta absurdo pretender garantizar seguridad y justicia con instituciones ordinarias capturadas por intereses políticos, económicos y criminales. Si hubiera verdadero interés se fortalecerían a las policías civiles, habría supervisión externa del aparato de seguridad, no habría opacidad en el quehacer militar y se construirían fiscalías verdaderamente independientes, un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión de la verdad independiente.

No es posible hacer leyes para casos concretos como fue el caso de la Ley de Amnistía. López Obrador reconoció que se reformó dicha ley para otorgar perdón a quienes ayuden a encontrar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y no para dejar libres a “amigos”. “Estamos haciendo un esfuerzo para convencer a quienes participaron, que nos den información, los vamos a proteger”, dijo.

Estas son algunas preguntas para la reflexión:

¿Cómo se garantizará que el juez mercantil electo por el pueblo realmente sepa de derecho mercantil? ¿Qué hay de los magistrados especializados en materia administrativa? La elección popular solo garantizará un debilitamiento a la especialidad que requieren todas estas materias y que hoy está garantizado mediante concurso.

Para diagnosticar al Poder Judicial no basta con aludir a una sentencia o a una temática en particular como quieren hacernos creer en las mañanas. Va más allá de encuestas reduccionistas. Y si lo que se quiere es concentrarse en el ámbito penal con el interés puesto en resolver el acceso a la justicia –y no el control constitucional del Poder Ejecutivo– lo que se debería preguntar a la gente es su experiencia con las instituciones involucradas en la procuración de justicia.

En conclusión. Esta reforma está configurada por el odio que López Obrador le tiene desde hace muchos años al Poder Judicial y que arrastra desde el proceso de desafuero cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y fue redactada por otro resentido como Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, que no pudo extender su periodo como presidente de la Corte porque violaba la Constitución y sus compañeros ministros en otrora se lo impidieron. Así o más claro. Y se quieren llevar al país entre las patas del caballo. Lamentable. Y no hay oposición ante lo que se avecina.

Sostiene Raymundo Riva Palacio que “esta reforma tiene cuatro pilares perversos: cómo quitar a quienes están, cómo hacer para que quienes lleguen duren menos tiempo, cómo hacer que ganen menos y la instauración de un tribunal disciplinario independiente de la Suprema Corte, que remplazaría al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué quitar a los que están? Porque la independencia irrita a López Obrador, que, acostumbrado al desaseo legal y con consejeros jurídicos ineptos, sufrió demoras en sus prioridades políticas. ¿Por qué quiere que duren menos tiempo? Está a la vista de todos, pues al bajar de 15 a 12 años el periodo de los ministros, su elección la empata con los procesos electorales sexenales, convirtiéndolos en parte del juego político coyuntural. ¿Por qué quieren que ganen menos que el presidente? No hay razón alguna, y se trata sólo de darle por su lado a López Obrador. ¿Por qué un tribunal disciplinario? Para que quien esté al mando en Palacio Nacional tenga un mecanismo para castigar a quien se atreva a actuar de manera independiente. Coincido.