Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

AMLO pretende la demolición del Poder Judicial de la Federación. Chiapas ensangrentado.

A poco más de un mes de que deje la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador pretende la demolición del Poder Judicial Federal, la supresión de los más importantes órganos autónomos y con la captura del Congreso de la Unión, se inhibirá la posibilidad de que su gobierno sea sujeto a la rendición de cuentas.

Pero también, con la mayoría absoluta en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, se pretende reformar la Constitución, concretamente el artículo 28, para que la nueva administración de Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Hacienda puedan acceder a las reservas nacionales que administra el Banco de México y puedan disponer de alrededor de 230 mil millones de dólares.

Este nuevo modelo de gobernabilidad sin contrapesos y con un poder judicial destruido, pues se pretende acabar con la carrera judicial y sustituir a jueces y magistrados de carrera por otros escogidos inclusive al azar y a través de tómbolas que no cuenten con los méritos académicos suficientes, evitarán el otorgamiento de amparos contra las obras insignia del sexenio y pagos de indemnizaciones; escándalos sobre gastos desbordados, asignaciones directas y señales de una extendida corrupción dentro primer círculo del poder.

Las consecuencias de esta pretendida reforma al Poder Judicial de la Federación todavía están por verse. Por lo pronto, más de mil juzgadores federales mexicanos presentaron un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga ante la reforma al Poder Judicial. Los magistrados Michele Franco y Rogelio Alanís García acudieron a la sede de la CIDH en Washington, en representación de jueces de Distrito y magistrados de Circuito. El objetivo de los juzgadores federales es “evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático que estamos documentando y muy específicamente evitar el desmonte de los órganos de control al poder y de garantía efectiva de los derechos humanos”. Además, no se sabe que harán Estados Unidos y Canadá con respecto al Tratado de Libre Comercio y si las empresas extranjeras retirarán sus inversiones y las implicaciones que habrá con respecto a las calificaciones de la deuda pública y créditos internacionales.

Ayer mismo y como ha sido su costumbre, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra quienes se pronuncian en contra la reforma al Poder Judicial, incluyendo nuevamente a los empresarios, al sostener que tiene como objetivo acabar con la corrupción y afirmó que la ciudadanía está a favor de que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.

En ese sentido, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la reforma al Poder Judicial del Gobierno tras las dudas expresadas por la relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwhaite y dijo que “queremos fortalecer al Poder Judicial, es falso quien dice que queremos minimizarlo. ¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial que si los jueces, ministros y magistrados son electos por el pueblo?”, contestó la futura presidenta ante las críticas internas y externas.

El diario estadounidense The Washington Post criticó la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México y en su editorial, el medio aseguró que “Estados Unidos tiene razón al intervenir”, en apoyo a la advertencia del embajador Ken Salazar de que la reforma debilitaría al Poder Judicial mexicano y supondría “un riesgo importante” para la democracia.

De acuerdo con el diario estadounidense el plan del presidente López Obrador podría frenar la integración económica de América del Norte, de ahí que Canadá también externara preocupaciones y criticó también que amplíe la lista de delitos por los cuales se imponga la prisión preventiva, práctica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido eliminar, así como que se desmantelen organismos independientes.

Pero sin duda, apuntó The Washington Post, el capítulo más preocupante es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular bajo el argumento de erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial.

También, el exministro de la Suprema Corte e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés Ríos, se sumó a las críticas y advirtió sobre las supuestas verdaderas intenciones de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer realidad su Plan C:

El también exprocurador general de la República, aseguró que a la administración del mandatario ya se le acabaron los recursos públicos, por lo que ahora opera un nuevo plan para tener acceso a más dinero y de acuerdo con Diego Valadés, AMLO busca, con ayuda de Morena –en una estrategia bien planteada–, obtener acceso a más de 3,200 mil millones de pesos del Banco de México. Por ello, afirmó, el partido está pagando un costo muy alto y no por un capricho o venganza como se ha dicho:

“Ya se les acabaron los recursos, ya se fueron sobre los recursos de los ahorradores para las pensiones, ¿qué queda? Quedan 230 mil millones de dólares en el Banco de México, es un mundo de dinero y hay una línea en el Artículo 28 constitucional que dice que ninguna autoridad podrá dar órdenes al Banco de México para utilizar esos recursos para financiar proyectos”.

“Esa línea probablemente va a desaparecer muy pronto y a partir de ese momento la Secretaría de Hacienda le podrá dar órdenes al Banco de México para disponer, por la vía de crédito, de 230 mil millones de dólares”, indicó el jurista y académico.

Por otra parte, llamo la atención el silencio de López Obrador ante las graves críticas que hizo el mando insurgente zapatista “Marcos”. En su texto titulado “El Viaje”, difundido por la misma red zapatista, el subcomandante expuso sus opiniones sobre las mismas actitudes de los representantes del Poder Ejecutivo y sus cercanos, sin importar el partido político y las alternancias de poder: “No importa el nombre, es lo mismo (…) En el oficialismo no todos son iguales, es cierto. Los hay criminales impunes, que ya lo eran en el PRI, el PAN, el PRD, el PT y el PVEM antes de brincar al oficialismo”.

Comparó la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador con las acciones de las anteriores presidencias. El subcomandante Marcos enfatizó que el mandatario actual comparte los mismos rasgos que los expresidentes mexicanos: “Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”.

¿Qué opina el líder del EZNL sobre Claudia Sheinbaum y el Paro Nacional?

Ahora, con la continuación de Morena en la presidencia bajo el mando de Claudia Sheinbaum, el subcomandante cuestionó las nuevas obligaciones y necesidades de la futura presidenta: “Hombre, mujer, otrora, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución.  Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra”.

López Obrador le respondió: “No, está él en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. No voy a polemizar, es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos…Y hasta Marcos ya dice que soy Díaz Ordaz, sí, y Salinas, creo, ¿no? Díaz Ordaz, Salinas. Él debe ser Zapata. Pero hoy no me voy a meter a la polémica…

Lo que es un hecho es que Chiapas fue el último estado que se agregó a la Federación el 14 de septiembre de 1824 y fue mediante un plebiscito, que sus habitantes decidieron dejar de ser una provincia de Guatemala. Ahora, en los últimos 30 años, militares, paramilitares, gobernadores corruptos y la presencia del cartel de Sinaloa donde el Chapo Guzmán habitó por algunas temporadas para transportar de Guatemala la cocaína proveniente de Colombia, es parte de lo que hoy vemos: la pelea por el territorio entre los cárteles del narcotráfico que han crecido auspiciados por los últimos gobiernos, sobre todo el de Rutilio Escandón que aplicó la política de la indiferencia ante el infierno expandido en todo el estado. Y hoy, Chiapas vive una de las peores espirales de violencia del crimen organizado.

En este contexto, la guerra entre carteles, minimizada por López Obrador y el gobierno entrante, los zapatistas decidieron protegerse en sus comunidades, resistir con lo que tienen y mantener su autogobierno en las zonas donde todavía pueden defender sus tierras. ¿Y el gobierno federal y local? …silencio.