Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El legado de AMLO: El dinero de los programas sociales. Desaseado el proceso legislativo para reformar al Poder Judicial.

Muchos analistas y académicos, al igual que estudiosos de los fenómenos sociales, así como los dirigentes de los partidos políticos de oposición, incluyendo por supuesto al PRI y al desaparecido PRD, no previeron que regalar dinero público mediante el disfraz de los programas sociales a miles de personas, le darían una fuerza irrebatible al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador que utilizó a sus rémoras, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, para afianzarse en el poder y vengarse del Poder Judicial Federal que años atrás contribuyó en su desafuero por haber violado flagrantemente una suspensión definitiva de amparo para evitar que se siguiera construyendo una calle en Santa Fe, en el municipio de Cuajimalpa, en un predio privado.

Pero más allá de que el proceso legislativo para llevar a cabo dichas reformas a la Constitución, fue muy desaseado y nos recordó las viejas triquiñuelas que hacía el PRI, y que ahora, los mismos priistas convertidos en morenistas las sigue haciendo, pues hay que recordar que Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, entre ellos el ahora senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma judicial, tienen su origen en el partido tricolor, cuya sede todavía se encuentra en la avenida Insurgentes. Lo mismo que otros senadores morenistas como Alejandro Murat Hinojosa, Adán Augusto López, José Antonio Álvarez Lima, Oscar Cantón Zetina, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Velasco Coello, éste último también ha militado en el PVEM, cuyos orígenes, al igual que el PT, se lo deben a diversos priistas. En fin. Y dicen que el dinosaurio agoniza con todo y Alejandro Moreno, alias “Alito”, pero en realidad, cambió de siglas.

Pocos recuerdan que José López Portillo, en su toma de protesta como presidente de México, planteó que para salir de la crisis sexenal que dejó el Echeverriato, no había de otra más que trabajar. El estúpido ratero de Vicente Fox Quesada salió con su sandez de “pónganse a trabajar cabrones”, en mera contienda electoral y el pueblo “sabio”, beneficiario de los programas sociales más se aferró a votar por “la cuarta transformación”.

A solamente 13 días de que deje la presidencia de la República, López Obrador se va como un héroe. A la gran masa de mexicanos no le importa que, del 1 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2024, tiempo que lleva la administración de López Obrador, las fiscalías estatales y federales se han registrado 197,473 homicidios dolosos en México.

Tampoco que durante el sexenio se hayan denunciado más de 100 mil desapariciones y mucho menos los más de 50 mil desplazados por hechos violentos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas. El caso Ayotzinapa está igual que como lo dejó Peña Nieto y las protestas de miles de trabajadores del Poder Judicial y de las madres de los desaparecidos no fueron escuchadas ni mucho menos atendidas.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece un listado de conductas que, cuando se cometen en determinados contextos, constituyen crímenes de lesa humanidad. Dicho contexto se distingue por la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Pero los verdaderos grupos vulnerables no fueron escuchados ni tampoco fueron debidamente atendidos por los gobernadores ni por el gobierno federal, pese a ser víctimas de los grupos delincuenciales regionales. Las protestas callejeras no fueron atendidas, y se atendió a medias a millones de inmigrantes desplazados de sus países de origen también por asuntos de violencia, de pobreza y de falta de oportunidades de empleo.

La presión ejercida por priistas convertidos en morenistas como Layda Sansores, que desató una nueva telenovela en contra del senador por Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, obligó al líder de la bancada, Clemente Castañeda llamarlo a cuentas. Obviamente el senador no convenció a nadie y ahora desató una crisis al interior del partido naranja propiedad de Dante Delgado. Lo mismo ocurrió con Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN.

Finalmente, con esas marrullerías, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que reduce de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La reforma al Poder Judicial recibió 86 votos a favor de senadoras y senadores de Morena, PVEM, PT y Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, contra 41 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Y así alcanzó la mayoría calificada que se requería para su aprobación.

Ahora que el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. La ministra “pirata” Yasmín Esquivel Mossa, sostuvo que ahora el Poder Judicial entra en una nueva etapa, donde los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular.

“A partir de hoy ya tenemos un nuevo orden constitucional, un nuevo sistema en todo lo que va a ser el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros. Esta nueva etapa, será en donde participe la población eligiendo, a sus jueces, magistrados y ministros”, señaló Esquivel Mossa quien apuntó que a partir de 2025 serán elegidos nueve ministros de la Suprema Corte: cinco mujeres y cuatro hombres.

“En el caso de los ministros ya van a ser nueve, no 11 como actualmente estamos trabajando, se disminuye. En el caso de jueces y magistrados únicamente el 50 por ciento habrá elecciones en 2025 y el otro 50 por ciento será en 2027”, señaló.

Esta historia aún no concluye y es para reflexionar aún más. ¿Con Sheinbaum será igual? …esperemos que no.