Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El conflicto entre los poderes federales podría trascender las fronteras y rompe el equilibrio. El gobernador de Sinaloa tiene los días contados.

Gran parte de los diputados y senadores morenistas incurren, por ignorancia o dolo, en autoproclamarse con integrantes del “constituyente permanente”, cuando en realidad forman parte del “poder reformador” de la Constitución y de las leyes secundarias. El término de “constituyente permanente”, muy discutido, por cierto, se atribuye al desaparecido jurista Felipe Tena Ramírez, quien lo citó en su obra “Derecho Constitucional Mexicano “.

Y esto viene a relación, porque desde hace semanas, como hemos estado advirtiendo, vivimos una severa crisis política, porque dos poderes de la Unión, concretamente el Legislativo y el Ejecutivo, no están respetando el llamado Estado de Derecho. Es decir, como consecuencia de la reforma constitucional al sistema de justicia federal, dichos poderes están incurriendo en desacato porque se han presentado diversos mandatos judiciales en el actual gobierno y en el anterior, que han sido ignorados y descalificados por el Ejecutivo y el Legislativo públicamente, pero no por la vía jurídica.

Y esto es muy grave, porque además de las consecuencias penales que les puede generar a los ignorantes diputados y senadores morenistas por incurrir en desacato a un mandamiento judicial, está creciendo un conflicto político en el que están implicados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nada más que los tres poderes federales, lo que genera una crisis constitucional.

Y el punto central de la controversia, radica en que si el pleno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la reforma judicial recientemente aprobada, toda vez que hubo diversas impugnaciones a la misma y tiene gravísimas contradicciones entre artículos o párrafos contenidos dentro de la misma Carta Magna, pues en su momento se hicieron valer diversos amparos por violación de derechos humanos y laborales de los trabajadores, violaciones al proceso legislativo porque no había quórum debido a que se cambió la sede, porque no se había podido discutir con el tiempo suficiente en las legislaturas locales (por aprobar las reformas sin siquiera haberlas revisado) y además de vicios en el procedimiento legislativo, entre otros.

La guerra del Ejecutivo y Legislativo federales contra el Poder Judicial cobró forma apenas la semana pasada, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en referencia a una suspensión definitiva concedida por una jueza de amparo contra la publicación y aplicación de la reforma judicial, que no acataría dicha resolución. Desobedecer desde las alturas esa resolución crea un preocupante precedente.

Más allá de si la juzgadora tiene o no facultades para emitir la suspensión, existen las vías judiciales plenamente vigentes para combatirla. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció que la democracia constitucional atraviesa “momentos muy delicados y muy difíciles” por los impactos que podría generar la reforma judicial.

Diego Valadés Ríos, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que a la reforma judicial se le deberán realizar cambios, pase lo que pase, pues tiene errores en su contenido como contradecirse en cuanto el periodo que estará en el cargo quien presida la Corte, así como el número de votos con los que los ministros tomarán las decisiones en cuanto a la invalidación de una ley, por ejemplo.

En ese sentido, otro destacadísimo académico, Miguel Carbonell Sánchez, también del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, sostuvo que es viable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aborde la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, pues recordó que hay diferentes recursos con los que se le ha pedido a la Corte analizar este caso. A pesar de que la discusión se ha dividido en dos partes, donde destaca la postura de Morena y aliados que sostiene que el alto tribunal no tiene estas facultades, Carbonell Sánchez consideró que esto sí es posible: “En el procedimiento, no tengo ninguna duda que es revisable porque ahí se hicieron valer algunas violaciones al proceso legislativo en el sentido que no había quórum todo el tiempo, porque se cambió la sede, porque no se había podido discutir con el tiempo suficiente en las legislaturas locales (…) y hay doctrina de la Corte en materia de vicios del procedimiento legislativo”, resaltó.

“Una crisis constitucional significa que hay discrepancias profundas en cuanto a la interpretación y aplicación de la constitución por parte de los actores del poder y nos encontramos con que todos los actores del poder en este momento tienen una lectura distinta de la Constitución y además imputa a aquellos con quienes no tiene una relación satisfactoria la responsabilidad de esa alteración en la vida institucional y Constitucional del país”, sostuvo Diego Valadés.

Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) respondieron a los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma judicial, expresando que la resolución final sobre la constitucionalidad de la mencionada reforma corresponde a los jueces, no a los poderes Ejecutivo ni Legislativo.

Durante la conferencia, denominada ‘Mañanera Judicial”, el magistrado Juan José Olvera López, integrante del Colectivo Artículo 41, enfatizó que, aunque las opiniones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los legisladores morenistas “son legítimas”, pero el proceso legal debe seguir su curso en los tribunales.

Olvera López, acompañado por los magistrados Adriana Ortega Ortiz y José Rogelio Alanís García, indicó que el debate actual sobre la reforma se encuentra en una etapa judicial, donde los jueces serán los encargados de decidir sobre las impugnaciones presentadas.

Recordó que quienes hoy están en el poder utilizaron el juicio de amparo en el pasado para impugnar reformas constitucionales, y que ahora este mismo recurso está siendo clave en la revisión de la reforma judicial y señaló que el artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite la impugnación de reformas constitucionales, debe ser respetado y utilizado por todos, incluidos aquellos en el poder.

El magistrado también se refirió al caso de la jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado 19 de Distrito en Veracruz, quien concedió un amparo contra la publicación de la reforma. Olvera López instó a la Consejería Jurídica de la Presidencia a no emitir opiniones sobre la decisión de la jueza, sino a recurrir ante los tribunales correspondientes, como corresponde en un Estado de Derecho.

Los jueces y magistrados que participaron en la conferencia, un ejercicio que algunos ya denominan como la “Mañanera Judicial”, insistieron en que el proceso de revisión de la reforma está en manos de los tribunales, y cualquier decisión tomada por jueces puede ser recurrida legalmente.  “Si estiman que la jueza se equivocó, pueden recurrirla, y los tribunales decidirán”, puntualizó Olvera López.

La presidenta Claudia Sheinbaum, dejó en manos de la fiscalía general de la República (FGR) la investigación del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén quien fue asesinado en la finca de Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio.

“Le corresponde a la fiscalía general de la República, ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo -cuando se solicita- hacen esta investigación y hacen este hallazgo y de inmediato lo comunica y la FGR sigue haciendo sus investigaciones, hay autonomía y tienen que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención, esa solicitud sigue”, explicó la mandataria.

Lo anterior, surge después de que el domingo pasado, la FGR desmintiera las versiones de la Fiscalía de Sinaloa que señalaban que el también rival político del gobernador Rubén Rocha Moya había sido asesinado en una gasolinera.

“Sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR”, dice el comunicado.

La FGR calificó el homicidio registrado en una gasolinera como un “montaje”, y aseguró que se encontraron rastros de sangre de Rodolfo ‘C’, actualmente desaparecido y quien formaba parte del equipo de seguridad del “Mayo” Zambada.

Al ser cuestionada, sobre si la mandataria ha mantenido contacto con el gobernador de Sinaloa después de la investigación, Sheinbaum se limitó a decir que ha tenido comunicación con Rocha Moya “en temas institucionales”, al igual que con otros mandatarios estatales.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Sinaloa ni el gobierno de Rubén Rocha Moya han respondido ante los señalamientos de la FGR en el caso de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y asesinato de Héctor Melesio Cuén. Dicen que el gobernador sinaloense tiene los días contados.