Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El retiro de los ministros José Ramón Cossío Díaz y Margarita Luna Ramos antes de la toma de posesión de López Obrador

En la víspera de su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador, se encontrará con que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cossío Díaz, pasaron a retiro al haber cumplido su periodo constitucional de quince años de servicios. Luna Ramos, es una jurista de carrera judicial, mientras que Cossío Díaz, provino de la academia.

Ambos, fueron muy relevantes en esta nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien, Luna Ramos, mantuvo durante toda su carrera criterios apegados a los argumentos jurídicos que aprendió durante su formación conservadora, Cossío Díaz, le vino a dar una frescura liberal en los debates y destacaría su gran conocimiento en temas como los de telecomunicaciones y los derechos humanos, asuntos en los que muchas veces sus argumentos esgrimidos, llevaron a que el tribunal constitucional del país asumiera resoluciones que en otras épocas parecieran impensables.

José Ramón Cossío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Jugó futbol americano con mi hermano Ulises. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en derecho constitucional y ciencia política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Finalmente, obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

En 1983, comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) desde 1987, en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha escrito 26 libros, el más reciente lleva por título: “El Sistema de Justicia. Trayectorias y descolocaciones”. Asimismo, ha coordinado 10 libros, compilado 7 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos.

Es un jurista muy reconocido y en el último número de la revista proceso el reportero Jorge Carrasco le hizo una entrevista donde sostiene que, si el presente es desastroso, el futuro no se ve mejor “sin una verdadera política de justicia. No habrá comisiones de la verdad ni amnistías que valgan frente a la polarización social y el abandono de las instituciones judiciales. Si el discurso va a ser que los 30 millones de votos autorizan hacer cualquier cosa, me parece que las instituciones no van a resistir…”

En un artículo que publicó en el diario El País, de España, José Ramón Cossío Díaz, hizo un análisis, sobre los expedientes del movimiento estudiantil de 1968 en México y estas son algunas de sus reflexiones:

“El 28 de julio de 1968 se abrió la primera investigación del movimiento estudiantil. A ella siguieron la del 31 del mismo mes, la del 22 de septiembre y la del 9 de octubre. En cada una y de manera creciente fueron detenidas y procesadas numerosas personas. Se les acusó de la probable comisión de los delitos de disolución social, asociación delictuosa, sedición, invitación a la rebelión, acopio de armas, robo, lesiones, homicidio, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y falsificación de documentos. En los 50 tomos del caso existen muchísimas declaraciones, testimonios, fotografías, peritajes y valuaciones. De ello resultó que el 12 de noviembre de 1970, 68 procesados fueran sentenciados a prisión.

“La lectura del expediente del proceso judicial del 68, produce una paradójica impresión. Por una parte, llama la atención su correcta composición formal. Los documentos están agregados y los razonamientos producidos en el modo habitual de la época. En ello no hay nada de extraordinario. Por el número de acusados y la diversidad de las conductas investigadas, existe una amplia gama de elementos que dan lugar a la paradoja. La amplísima cantidad de datos acumulados es, en realidad, el gran distractor. Es con la exhaustividad como quiere construirse la solución.

“Desde los primeros hechos considerados delictivos (27 de julio), la persecución fue contra las asociaciones de izquierda y sus afiliados. Con los días, se amplió a sus simpatizantes. Finalmente, terminó vinculándose a quienes mandaban en el movimiento, estudiantes y profesores. Las acciones concretas fueron irrelevantes. La responsabilidad se asignó por coparticipación. Quienes estaban cerca del movimiento, buscaban el poder. Los hechos diarios eran sus manifestaciones visibles. Lo relevante no era identificar a quienes actuaban, sino a quienes mandaban hacer aquello que, preconcebido, podía constatarse.

“El papel de la justicia de entonces no fue tan excepcional como ahora pudiera parecernos. En nuestra historia ha habido momentos de subordinación a la política. Más allá de corrupciones, la subordinación provino de una equivocada comprensión de la función judicial y del papel del derecho. Radicó en suponer que el sistema de justicia debía ser parte del sistema político. A la pretensión del régimen de salvar a México del comunismo, el aparato de justicia se sumó al cometido. Se hizo parte del esfuerzo de salvación. En esa ocasión la acción política pudo parecerle sabia y legítima a los jueces. Pudieron decir que los mexicanos la querían. Que el momento histórico lo exigía. Que el liderazgo nacional debía ejercerse en esa dirección. Con ello, sin embargo, se desplazó a la Constitución y a las leyes. La subordinación de la justicia a la política no suele implicar llamadas, ofertas o amenazas directas. Suele darse al asumir, como en el 68, que al impartir justicia se es parte de un todo mayor, total. Lo lamentable de estas posiciones es que terminan disolviendo lo propio de la función en el entusiasmo colectivo del momento. Así es como se deja de ser juez. Los orígenes contra mayoritarios de la justicia y las garantías a sus miembros buscan separar al derecho de la política. Es un triste espectáculo ver lo poco que esto se entendió en el 68. Lo entonces acontecido puede repetirse. Basta que los jueces de ahora, como los de entonces, claudiquen de su función haciéndose movimiento transformador. Es tan sutil la diferencia, que quienes resbalan suelen no darse cuenta de ello.

EL PODER Y LA PRENSA CON TODAS LAS VOCES EN LIBERTAD

En la medida que los días transcurren hay mayor incertidumbre entre cual va a hacer la relación entre el nuevo gobierno con los medios de comunicación. Desde hace algunos meses, los medios de comunicación iniciaron el adelgazamiento de sus nóminas y llevaron al despido de centenares de trabajadores en periódicos, revistas, estaciones de radio, en las televisoras y en portales de Internet, muchos de los cuales ya cerraron.

Analistas de medios de comunicación sostienen que con López Obrador pasará algo similar a lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Donal Trump, que ha iniciado una guerra en contra de los medios. La erosión de la confianza en la prensa sirve a los gobiernos populistas para eliminar al periodismo como interlocutor y como narrador confiable de los tiempos, es decir, como intermediario alternativo entre el populista y los ciudadanos.

La relevancia del cuarto poder se muestra en las críticas de los medios impresos, la televisión y los que se publican en Internet. Se manifestó abiertamente cuando The Boston Globe llamó a los periódicos de todo el país a publicar el pasado 16 de agosto editoriales para denunciar la guerra sucia en contra de la prensa libre, frente a lo que Trump llama machaconamente como noticias falsas y el señalamiento de los periodistas como un peligro para la nación.

En México, durante esta transición presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha incurrido lamentablemente, en lo mismo que Trump. Como ha sido su costumbre, López Obrador descalifica por sistema a la prensa crítica. Para él, como ha quedado claro, la relación con los medios de comunicación debe ser: quien no cierra filas con su proyecto está en su contra. En su dimensión populista, como en la de Donald Trump, no existe siquiera la posibilidad de imaginar la existencia de una prensa libre y crítica, porque sería “fifí”.

Al igual que el estadounidense, Andrés Manuel López Obrador ha asumido para sí la batalla frente a los periodistas críticos. Se trata de un conflicto personal. No está solo. Su esposa también participa en la confrontación, lo mismo que funcionarios públicos de alto nivel en el futuro gobierno, todos convertidos en ilustrados amanuenses. AMLO esgrime que su lucha con la prensa es el ejercicio elemental del derecho de réplica. Y la revista proceso le pide públicamente una entrevista y su vocero se la niega.

En su libro “El Pueblo contra la Democracia”, Yascha Mounk, sostiene que “Los medios de comunicación críticos cubren las protestas contra el líder populista, reportan sobre los fracasos de su gobierno y dan voz a sus críticos prominentes. Al hacerlo, desafían la ilusión del consenso, mostrándole a un público amplio que el populista miente cuando asegura ser la voz de todo el pueblo”.