Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

EL PAÍS QUE HEREDARÁ ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR: DERECHOS HUMANOS, INSEGURIDAD Y DESEMPLEO 

Por: Fernando Ramírez de Aguilar L.

A solamente diez días de que asuma el control del país el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una encrucijada, pues mientras que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad  Interior, entre otras razones, por la falta de pulcritud en el procedimiento legislativo y los graves errores constitucionales que cometieron los legisladores en su elaboración, hay un rechazo generalizado a la creación de una “Guardia Nacional” por el sólo hecho de que va estar bajo el control de los mandos militares.

Aunado a ello, apenas la semana pasada en el Senado de la República, se aprobó la Ley que dará vida a la Fiscalía General de la Nación –en sustitución de la PGR– y la mayoría parlamentaria de Morena hizo valer su numeroso poder y no dejó que se le cambiará una sola palabra, con lo que nuevamente, dicha minuta pasará a la Cámara de Diputados con gravísimos yerros que, al ser corregidos, retrasarán su entrada en vigor. En caso de que los diputados morenistas hagan valer nuevamente su mayoría parlamentaria, el asunto también terminará en la Suprema Corte de Justicia, porque los otros grupos parlamentarios la impugnarán con justificada razón.

Y es que Andrés Manuel López Obrador heredará un país desbastado por la corrupción que se ha traducido en ineficiencia y en ineficacia, que ha permitido el aumento en la violencia y la criminalidad. Enrique Peña Nieta le deja una herencia poco grata en temas de derechos humanos, pues las matanzas, desapariciones, secuestros, asesinatos, extorsiones, actos de violencia, incremento de actos delictivos callejeros, robos de vehículos y en casas habitación son hechos cotidianos que van al alza y no hay autoridad que las frene.

Además, en los últimos meses, Andrés Manuel López Obrador y sus principales colaboradores han cometido una serie de errores y han generado un malestar innecesario con miles de ciudadanos, como ocurrió con lo de la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, luego de los fallidos foros, donde centenares de personas advirtieron que no van a permitir ni perdón ni olvido a grupos criminales que han asesinado, torturado, descuartizado, enterrado clandestinamente a sus familiares y en centenares casos aparecen en calidad de “desaparecidos”, la situación que viene está llena de incertidumbre.

Y es que a Enrique Peña Nieto se le debe llevar a juicio, no sólo por sus actos de corrupción, sino por su responsabilidad al haber permitido casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, los cuales marcaron su sexenio.

Hay que recordar que en diciembre de 2012, recién estrenado gobierno federal entregaba el Premio Nacional de Derechos Humanos al padre Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes. Y, unas semanas después, en enero de 2013, Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas que había sido vetada por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa; esto permitió crear, con altas expectativas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Derechos Humanos fueron reconocidos por la sociedad civil, que participó en foros de consulta para diseñarlos. Con ese respaldo, el entonces canciller José Antonio Meade acudió a Ginebra, Suiza, para representar al Estado mexicano en su segundo Examen Periódico Universal (EPU), la evaluación más extensa que se hace a un país dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero en 2014 se presentaron los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos: Tlatlaya y Ayotzinapa. Para Maureen Meyer, directora del programa sobre México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el caso de la desaparición de los 43 normalistas es emblemático no sólo por lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

«Es un caso muy grave, también, por todo lo que siguió después: obstrucción de justicia, alegaciones de tortura, detenciones arbitrarias; creo que marca y revela mucho de los retos que tiene el gobierno federal en materia de derechos humanos; que sus propios agentes no solamente no están investigando los delitos de violaciones a derechos humanos, sino que también están perpetrando otros en sus investigaciones», planteó.

«El otro caso emblemático fue Tlatlaya, en cuanto a uso excesivo de la fuerza, por la documentación que existió de la ejecución extrajudicial de por lo menos 12 personas, y por la alteración de evidencias». Después de Tlatlaya y Ayotzinapa, le siguieron Apatzingán y Tanhuato. En ambos, se acusó a la Policía Federal de ejecuciones arbitrarias.

Si con Felipe Calderón tomaron relevancia los secuestros, las extorsiones y los homicidios, en la administración de Peña Nieto los casos más sonados giraron en torno a las desapariciones, la tortura y las ejecuciones arbitrarias. Y, hacia finales del sexenio, los datos modificaron el discurso oficial.

En cuanto a las desapariciones, las cifras son muy alarmantes:

En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación informó de un registro de 26,121 personas desaparecidas en el sexenio de Calderón. Seis años después, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que dejó de actualizarse el 30 de abril pasado, contabilizaba 37,435 casos, de los cuales 22,983 ocurrieron ya en este sexenio. Las organizaciones no gubernamentales hablan de más de 50 mil.

Aunque la cifra no distingue entre las personas que fueron víctimas de un acto delictivo o aquellas que simplemente se extraviaron, muchos casos, incluido el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, están fuera del registro, pues oficialmente son investigados como secuestros.

En ese sentido, los funcionarios y jefes policiacos de los gobiernos estatales y municipales han sido cómplices de los grupos delincuenciales y se ha demostrado que en muchos casos, ellos mismos forman parte de los mismos, lo que ha venido abonar en esta importante crisis de seguridad pública, por lo que en muchas regiones del país han proliferado grupos de autodefensa y la gente ha tomado la decisión de linchar a los delincuentes.

Y en este orden de cosas, una de las instituciones más afectadas ha sido el Ejército, pues aunque disminuyeron casi 60 por ciento las quejas en su contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este organismo concluyó que militares arbitrariamente han cometido ejecuciones y han cometido actos de tortura. En 2016, una soldado fue filmada en Ajuchitlán, Guerrero, mientras torturaba a una mujer con una bolsa de plástico en la cabeza, por lo que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ofreció una histórica disculpa pública en la explanada principal del Campo Militar Número 1. La Marina no quedó exenta de los señalamientos. En una sola recomendación, la CNDH exhibió un patrón de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y tortura contra personas en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, entre 2013 y 2017.

Bajo esa tesitura, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su programa para hacer frente a la inseguridad y aunque cuenta con personas muy calificadas que lo están asesorando y con mandos militares y navales muy calificados para llevar a cabo las medidas que aplicará, el panorama que se vislumbra no es nada alentador. Eso, sin contar con la crisis que se viene en varias ciudades fronterizas con Estados Unidos con las caravanas de migrantes. En fin.

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