Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Luis María Aguilar Morales, presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rendirá este jueves su último informe al frente de uno de los poderes federales en una situación inédita, pues la confrontación con el poder Ejecutivo se ha venido a recrudecer en los últimos días como consecuencia de una resolución en la que se suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual contempla que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente de la República.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, quienes alegan que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, violenta la división de poderes. Pérez Dayan concedió en su acuerdo de admisión la suspensión solicitada por los legisladores “para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia».

En el documento se expone que la suspensión de esta Ley de Remuneraciones no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos conforme a lo establecido en la Constitución. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que esta ley impide que los servidores públicos ganen más que el titular del Ejecutivo federal. Incluso, criticó que los funcionarios judiciales y de organismos autónomos que, según él, perciben sueldos de 600,000 pesos mensuales.

Pero la confrontación de Andrés Manuel López Obrador, con la Suprema Corte de Justicia viene desde 2005, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue sometido a un proceso de desafuero para ser juzgado por no obedecer una orden judicial que le ordenaba suspender la construcción de una calle en un terreno que había sido expropiado años antes. El famoso caso de El Encino.

Ahora, que es presidente de la República, les está cobrando la factura. López Obrador tiene razón en que una parte de los ministros tienen sueldos superiores a los 530 mil pesos mensuales –no todos, pues seis tiene sueldos que rebasan los 350 mil pesos de acuerdo a la Ley de Salarios Máximos—y que hay que hacer varias reformas constitucionales para moderar los salarios y prestaciones de los servidores públicos.

Ahora bien, esto se hará cuando ya no presida la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, un ministro forjado en la carrera judicial y quien el 2 de enero entregará la estafeta entre alguno de sus compañeros Jorga Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien hace cuatro años perdió la elección, en un cerrado proceso que implicó más de cuatro horas de sesión, tres recesos y 32 rondas de votación, de las cuales en 29 hubo empate.

El 11 de diciembre de 2015, durante una gira por Oaxaca, López Obrador habló sobre la designación de dos nuevos ministros y a quienes calificó como las cuotas del PRI y el PAN. Se trataba de Norma Piña y Javier Laynez; así fue como AMLO los describió: «Ayer se eligieron a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno es achichincle de Peña Nieto y una señora, no voy a hablar muy mal de la señora, no me vayan acusar de machista, pero es igual, una señora obediente, servil, como se eligieron los dos ministros: uno lo propuso el PRI y el otro el PAN. El Poder Judicial es un apéndice, no es independiente de la mafia del poder, no hace justicia y no llevan a la práctica la máxima: que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, es un poder sometido», dijo el tabasqueño.

Apenas la semana pasada, López Obrador dio a conocer que envió al Senado de la República la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustituir al ministro José Ramón Cossío Díaz, quien pasó a retiro. Las propuestas son: Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara. Ninguno de los tres tiene trayectoria o a trabajado dentro del Poder Judicial de la Federación.

López Obrador indicó que esta decisión la tendrá el Senado de la República y manifestó su confianza en estas personas, de quienes, dijo, son abogados, hombres y mujeres honestos, “y los senadores libremente van a decidir”, esto a diferencia del pasado, cuando existía una línea orientada hacia la decisión final de la terna.

Loretta Ortíz Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, en donde se desempeña como académica desde 1979. Además cuenta con una maestría en Derecho Humano por la Universidad Iberoamericana, en donde trabaja en el área de Derechos Humanos y Migrantes del Servicio Social. En esta institución, imparte las clases de Derecho internacional público, Responsabilidad internacional y Derecho a las Migraciones Forzadas, entre otras. Es diputada de Morena por la Ciudad de México, por representación proporcional, y forma parte de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Durante el periodo de transición, trabajó como coordinadora de la Consulta de Pacificación y Reconciliación.

Celia Maya García inició su carrera en el Poder Judicial de Querétaro en 1979. Egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro en materia penal. Cuenta con maestrías en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal y en Impuestos, además de un doctorado en Derecho por la misma institución. Fue magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en donde había pedido licencia para llegar al Senado de la República. Compitió por la gubernatura de Querétaro en 2003, cuando fue abanderada por el PRD.

Juan Luis González Alcántara Carrancá es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde también hizo estudios de Especialista en Finanzas Públicas y un doctorado en Derecho (con mención honorífica). Es autor de varios libros, entre los que se encuentran el Derecho de las Personas Arrendadoras y Arrendatarias y Responsabilidad Civil de los Médicos, entre otros. Se desempeña como profesor de la carrera de Derecho de la UNAM y es parte del departamento de esa misma carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco.