Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Mientras el Poder Judicial Federal se renueva desaparece la PGR y entra en funciones la Fiscalía General

Después del receso vacacional decembrino, poco a poco de vuelve a la normalidad. El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, informó que tienen calculado que para el 16 de enero se entregará la lista definitiva 10 candidatos que podrían ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a Batres Guadarrama, esta misma semana, la Comisión de Justicia del Senado hará un dictamen de elegibilidad de los aspirantes a la Fiscalía General sin escuchar a los 27 candidatos registrados.

Así, los senadores integrantes de esta comisión se limitarán a ver si cada uno de los 27 aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos en la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Mientras que “ya la propia determinación de los 10 (aspirantes), la va a hacer la Junta de Coordinación Política y la va a presentar al pleno del Senado de la República. Tendrá que presentarse el próximo16 de enero.

El dictamen de elegibilidad se hace esta semana. Mañana sesiona la Comisión de Justicia para hacer el listado de quienes cumplen con los requisitos para estar en el cargo de Fiscal General y luego, en días posteriores se reúne la Junta de Coordinación Política para hacer la lista de 10.

Esa lista se llevará al pleno del Senado para su aprobación y se tiene que aprobar por dos terceras partes de los votos y una vez aprobada esa lista se manda al presidente de la República y de esa lista de 10 el presidente de la República tendrá que escoger tres. El presidente regresa una terna al Senado y de esa terna, el Senado tiene que escoger a uno y nombrarlo como fiscal general”, precisó Martí Batres. Lo más probable es que se quede en el cargo el doctor Alejandro Gertz Manero que está como encargado de despacho. Y el plan “B” de López Obrador sería Bernardo Bátiz.

Por otra parte, el pasado 2 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo dos importantes acontecimientos que marcarán el inicio de una nueva etapa en la vida del Poder Judicial de la Federación.

Por un lado, fue la ceremonia de investidura de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien había sido electo por el Senado para ocupar el sitial que estaba vacante a la salida de José Ramón Cossío Díaz.

El ministro Juan Luis González Alcántara es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó estudios de maestría y doctorado. Hasta antes de integrar el Tribunal Constitucional era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo que presidió del año 2000 a 2003; hacía décadas que no llegaba a la Suprema Corte un juzgador local tan experimentado. Prueba de ello, es que de manera inmediata resultó electo para presidir la Primera Sala, encargada de sesionar los asuntos en materia civil y penal. La primera materia es su especialidad.

El segundo fue la designación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal por los próximos cuatro años. El artículo 97 de la Constitución establece que cada cuatro años el pleno de la Corte –compuesto por once ministros– deberá elegir a su presidente. El nuevo presidente estudió la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y obtuvo su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.

El nombramiento de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea representa un hito en la Corte, ya que es el primer ministro que llega a presidir el más alto tribunal sin provenir de la carrera judicial. Como resultado de sus posturas dentro de las discusiones, se le considera liberal y ha generado simpatías dentro de los sectores de izquierda y de los defensores de los derechos humanos. Gracias al voto mayoritario de sus compañeros fue elegido y ello implica una apertura y diálogo con el presidente de la República y con el Poder Legislativo.

Arturo Zaldívar, en su discurso pronunciado al asumir el cargo, se comprometió a ser defensor de la independencia de la Suprema Corte, de las resoluciones de magistrados y jueces de distrito, señalando que ese valor no es una entelequia sino un presupuesto indispensable para que exista un Estado constitucional de derecho.

Pero agregó que México vive un momento extraordinariamente complicado; por ello, el diálogo entre los órganos de poder es hoy más que nunca no sólo necesario, sino indispensable; y expresó además su compromiso por tratar de estar más cerca de la ciudadanía para recobrar la confianza en el Poder Judicial Federal.

El papel de la Suprema Corte es de suma trascendencia: asegurar que la Constitución sea efectiva en la realidad; defender las decisiones políticas fundamentales y, a la vez, ajustarlas a los nuevos tiempos y necesidades del país y de los mexicanos. Hay que tomar en cuenta que, a fines de febrero, se irá a retiro la ministra chiapaneca Margarita Beatriz Luna Ramos y quedará como ministro decano Fernando Franco González Salas, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que enviar una terna para sustituir a la ministra Luna Ramos, quien se jubila al ser una funcionaria de carrera judicial y que tendrá que ser suplida por otra mujer, por cuestiones de equidad de género.

Hago votos porque en esta nueva era de nuestro Tribunal Constitucional, presidido por Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, esté a la altura de los nuevos retos que estará afrontando el país en temas de justicia y de derechos humanos.