Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El compromiso de no fallar y de seguir construyendo un país menos desigual

Más que comentar sobre lo hecho y lo que no se ha hecho, en los primeros cien días tanto en el gobierno federal como en el gobierno capitalino, la situación imperante es francamente de preocupación, no sólo porque se ha agravado el desempleo abierto y porque se ha frenado el crecimiento económico, sino porque también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que en términos absolutos solamente se ha logrado contener el crecimiento delincuencial, pero no así su combate frontal, ni mucho menos su disminución.

El tratar de establecer en esos cien días los paradigmas del cambio que se quiere imponer en un país que se encuentra en plena crisis económica provocada, entre otros factores, por la falta de inversión en proyectos productivos regionales –un ejemplo de ello es el Bajío guanajuatense donde las agroindustrias prácticamente desaparecieron porque amplias zonas agrícolas están abandonadas–, cuando las principales fuentes de ingresos provenientes del extranjero provienen de las remesas que envían los connacionales y de una industria turística infectada por una delincuencia que ha venido afectar los flujos de visitantes, principalmente en la Riviera maya.

En el ámbito de las inversiones, la administración de Andrés Manuel López Obrador cometió un grave error al haber cancelado el aeropuerto en Texcoco, y desde entonces, pese a que se habló de “mayores inversiones”, no se ha producido ni una sola significativa, pues los proyectos alternos no tienen un significado importante en la infraestructura nacional: el Tren Maya sigue siendo algo que los inversionistas no ven con entusiasmo y la refinería de Dos Bocas no se sabe si se realizará.

El arranque de gobierno ha dejado la impresión colectiva de que no había una estrategia prediseñada y en la que casi todo parece una improvisación, con ocurrencias y respuestas apresuradas a las circunstancias que diariamente se vayan presentando, como fue el caso de la escasez de gasolina.

Varios analistas sostienen que ha quedado claro que el equipo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a trabajar el primero de diciembre pasado, y no al día siguiente de ganar la elección, como debió hacerlo. Entre el primero de julio y el pasado primero de diciembre, López Obrador recorrió varios estados del país y les reiteró a los 30 millones que votaron por él que ahora sí habría una solución definitiva a los problemas nacionales: Inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción, prosperidad con crecimiento económico sostenido.

A la vista de los resultados alcanzados en tres meses y una semana de gobierno, no hay muchas razones para echar las campanas al vuelo, principalmente porque los propios militantes morenistas, mareados por el triunfo electoral de julio, se encargaron de abrir expectativas más allá de lo que aconseja la prudencia y los problemas sociales demandan una urgente  atención, pues muchas personas que trabajaban tanto en el gobierno como en la iniciativa privada han perdido sus empleos y la delincuencia callejera está incontrolable.

Los proyectos aéreos de Santa Lucía, Toluca y la ampliación del actual aeropuerto no se ve que tengan ninguna viabilidad, por lo menos para aumentar la capacidad aérea del país y, por supuesto, de ninguna forma pueden ser una solución integral. Hay varias líneas aéreas internacionales que dejarían de volar al país, lo que afectaría a las ramas del turismo y de negocios. Si ahora somos la sexta nación del mundo más visitada por la vía del turismo, esto podría afectar esa industria que desde hace un par de años se ha visto seriamente amenazada por la delincuencia organizada.

Hay temas que muchos mexicanos respaldamos a López Obrador. Uno de ellos, sin duda, es sacar de la quiebra técnica a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), agobiadas por la corrupción interna, el robo criminal de hidrocarburos, el desvío de la inversión pública, pero sobre todo, la intención de anteriores gobiernos de privatizar estas industrias.

Ahora, la cancelación de licitaciones y contratos petroleros y de gas, tratando de regresar a la autosuficiencia energética proporcionada por las empresas públicas del sector, es un grave problema para las finanzas públicas, y puede ser un gran fracaso tratar de recuperarlas, tanto que ya han comenzado los apagones de electricidad en distintas zonas del país, que aumentarán en la misma proporción en que no se pueda generar el suministro que demanda el país, por la falta de nuevas inversiones.

López Obrador confía en que los ahorros que se obtengan con un gobierno “austero” y mejorando la recaudación fiscal y cerrando las llaves al desvío de los recursos públicos, se podrá tener los suficientes fondos para poder inyectar dinero a las empresas productivas y otorgar los programas sociales que permitan a millones de mexicanos mejorar su calidad de vida. En fin.

Cien días es muy poco tiempo para poder determinar si realmente se va por el camino correcto o si sobre la marcha se tendrán que hacer rectificaciones. Por lo pronto, Hoy la Cámara de Diputados hará la declaración de existencia de la llamada Guardia Nacional y sabremos si se podrá frenar la inmensa ola delictiva que azota al país. Por ahora, no se ve cuando se dará a conocer el Plan Nacional de Desarrollo sexenal.