Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTRE EL REYNO Y EL PODER

Por: Fernando Ramírez de Aguilar L.

Es indudable e indiscutible que el periodismo evolucionó en los últimos 15 años de una manera vertiginosa como consecuencia de los rápidos y evolutivos avances tecnológicos, los inevitables cambios del mercado y las nuevas formas de comunicación de las sociedades.

La llegada del Internet, el nacimiento de las llamadas redes sociales, la decadencia de la prensa escrita como consecuencia de no contar con su propia agenda informativa y no contar con su propio mercado de negocios, el surgimiento de las empresas multimedios que ofrecen paquetes en portales en la mundialmente denominada “supercarretera de la información” junto con televisión, radio, impresos, videos y cine, han venido a sepultar a medios tradicionales, acostumbrados a vivir de los presupuestos públicos y a lambisconear a los gobiernos en turno. Se acabaron los llamados medios “nacionales” y proliferan los regionales y estatales.

La relación entre la prensa y el gobierno jamás ha sido buena. Desde la década de los cincuentas, la relación de los medios impresos, la radio y la televisión con el poder político fue de sometimiento y más con el poder público, a cambio de prebendas. No todos. Hubo casos de excepción. Pero la mayoría mantuvo una relación totalmente abyecta a los políticos y el arribo de muchos empresarios a las empresas de comunicación complicó las cosas, porque éstos se aliaron con los políticos para hacer negocios y crearon una nueva oligarquía que poco a poco se vino fortaleciendo al amparo de las finanzas públicas y las concesiones que les otorgaron los presidentes de la República.

Esta relación, perversa, impidió el florecimiento de medios de comunicación independientes, salvo contadas excepciones. A partir de los años sesentas, que fue una década de cambios culturales y generacionales, no sólo en México sino en Europa y en la mayor parte del mundo, hubo mucha represión a los movimientos sociales. Llega a Excélsior a la dirección general Julio Scherer García y a la gerencia general Albero Ramírez de Aguilar, destacadísimos reporteros y con una visión mucho menos conservadora. La postura de los articulistas frente a la represión del 2 de octubre de 1968 no fue bien vista por grupos conservadores.

Básicamente la molestia de los representantes de la iniciativa privada era con la línea editorial que bajo la conducción de Julio Scherer se había impulsado desde su llegada  a la dirección de ese diario cooperativa el 31 de agosto de 1968. En 1970 llega a la Presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez en sustitución de Gustavo Díaz Ordaz.

Pocos recuerdan que fue desde agosto de 1972 –esto es, cuatro años antes de la maniobra que expulsó a Scherer García y a 300 periodistas más de la dirección del matutino– cuando los grupos empresariales, auspiciados por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, suspendieron la compra de espacios para anunciarse en las páginas del que fuera considerado en su momento uno de los cinco mejores periódicos del mundo.

A lo anterior se sumó una abierta animadversión del gobierno de Echeverría Álvarez contra esa casa editorial operada entonces bajo el esquema de cooperativa. De hecho, un mes antes, el 10 de junio, los terrenos propiedad de los trabajadores de Excélsior en Paseos de Taxqueña fueron invadidos aparentemente por campesinos que reclamaban haber sido despojados de tales predios, si bien hubo elementos para detectar que muchos de aquellos no eran sino aviadores del gobierno. Diversos testimonios consignan, además, que desde las pantallas de televisión se favorecía esa acción contra la cooperativa periodística.

El día de la asamblea de cooperativistas donde se destituyó a Scherer, en el rotativo apareció una página en blanco. En ese lugar debía haber aparecido un desplegado en apoyo al depuesto director y que signaban, entre otros, Octavio Paz, Daniel Cossío Villegas, Froylán López Narváez, Enrique Maza, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Gastón García Cantú y Carlos Monsiváis, pero en la madrugada, Regino Díaz Redondo y otros golpistas quitaron dicho desplegado.

Como consecuencia de ellos, los salientes fundaron la agencia CISA, la revista Proceso y el diario unomásuno, así como la revista de Octavio Paz y posteriormente Letras Libres.

Fue José López Portillo, expresidente de México, uno de los mandatarios que conocía muy bien el tema de control de los medios de comunicación. Relata la revista Proceso que un 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, López Portillo soltó un discurso tan lleno de claridades como de oscuridades: “¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Esta es, señores, una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia: ‘te pago para que me pegues’ ¡Pues no, señores!”

Y es que José López Portillo había enviado a su vocero Francisco Galindo Ochoa para que hablara con el primo del Presidente, Julio Scherer García, para advertirle que si no le bajaba de tono la revista Proceso a sus reportajes le iban a quitar la publicidad gubernamental, a lo que Julio le dijo que eso era inaceptable.

Ahora Andrés Manuel López Obrador trata de repetir la misma historia. El tabasqueño no se cansa de insultar y menospreciar a los medios, a descalificarlos cuando no le gustan las críticas y hasta sostiene que con él y su gobierno “no se portan bien”.

Ahora desde el 11 de mayo del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federal la Ley General de Comunicación Social con lo que el gobierno federal de la Cuarta Transformación debe ceñir sus programas publicitarios, aunque en los hechos se ha pasado por el arco del triunfo dicha ley que tiene los siguientes antecedentes:

En una sentencia sin precedentes, en efecto, la Primera Sala de la Corte otorgó amparo a la asociación civil Artículo 19, que reclamó la omisión del Congreso de cumplir el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año… y tuvieron que pasar seis años. Ha sido esta la primera vez en su historia que la Corte ordena al Congreso federal expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.

En su razonamiento, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea –actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, autor del dictamen respectivo, precisó que “la ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”.

Y para no dejar lugar a dudas, abundó: “La omisión legislativa propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.

Esperemos que López Obrador se retracte y no siga insistiendo en que los medios no se han portado “bien con nosotros”. ¿Acaso se le olvida que los medios son empresas mercantiles?