Entre el recuerdo de los sismos, la reconstrucción y el caso Ayotzinapa y la impunidad

A unas cuantas horas de que se cumplan 34 años del sismo más desbastador que ha ocurrido en la historia  de la capital mexicana y que arrojó un saldo de poco más de 13 mil muertos y más de 20 mil lesionados y de que se cumplan también dos años de otro sismo ocurrido el mismo día, pero 32 años después, y que dañó a poco más de 10 mil edificios, casas particulares, escuelas públicas y privadas, monumentos nacionales e inmuebles públicos locales y federales, los recuerdos prevalecen.

En cuanto a los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre del 2017, César Cravioto Ramos, titular de la comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, informó que de los 138 edificios intervenidos, en 43 concluyeron las obras y 30 ya fueron entregados a los afectados. Sin embargo, reconoció que  en 403 se hicieron trámites administrativos para reconstrucción y rehabilitación. En Cuanto a casas-habitación, en 3 mil fueron intervenidas y 500 ya fueron entregadas. No obstante, se intervinieron en 7,500 más que se terminarán de reconstruir a mediados del año entrante.

A esto, habría que reubicar 832 casas, 537 por estar en zonas de grietas y otras 258 más por estar en zonas ecológicas. Eso, sin tomar en cuenta diversos edificios que están siendo construidos en terrenos donde se hubo desplome de inmuebles y cuyas obras corren bajo el costo de diversas fundaciones como la de Carlos Slim.

David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, señaló que en lo que va de 2019 han ocurrido un total de 18 mil 500 sismos en México.

Además, en los sismos de hace dos años, 19,139 planteles escolares, resultaron afectados y la reconstrucción de casi la mitad no ha concluido, a pesar de que se pudieron a disposición de los gobiernos de los estados más de 10 mil millones de pesos de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Hay que destacar que fueron once entidades federativas las que tuvieron afectaciones en sus planteles escolares y en muchos de ellos los alumnos siguen tomando clases en locales improvisados, pues las autoridades no han terminado con la reconstrucción de las escuelas, no obstantes de que no las han faltado recursos para avanzar en las obras públicas.

También, en los estados de Chiapas y Oaxaca, muchas personas fueron defraudadas por empresas constructoras que robaron a los damnificados los recursos que les depositaron en tarjetas bancarias que les otorgó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado y que ningún funcionario de la actual administración ha querido investigar y la Secretaría de la Función Pública no ha hecho un pronunciamiento público al respecto.

Aquí es el momento para que la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo diga cuándo acabará la reconstrucción.

Por otra parte, ante la liberación de presos involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace cinco años, la Fiscalía de Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que “presentará todos los recursos” contra los funcionarios que “han incumplido con sus funciones” desde el inicio del caso.

La FGR lamentó que el Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas se negara en dar un plazo extra a la Fiscalía para aplicar el protocolo de Estambul a los policías locales y otros imputados en el caso –para determinar si sufrieron tortura en el marco de la investigación–, y otorgó la libertad a los policías locales procesados.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, no descarta que en los próximos días el juez Samuel Ventura Ramos libere a más sospechosos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tal como ocurrió con 24 policías, presuntamente implicados. Acusó que en todo esto hay una intención política, por lo que se solicitó al Consejo de la Judicatura una revisión sobre la actuación de dicho juez.

Alejandro Encinas Rodríguez, durante la conferencia de prensa que ofreció sobre el tema Ayotzinapa, dijo que “nosotros no podemos mantener silencio frente a lo que está sucediendo en todo el proceso judicial que se sigue en torno a los lamentables hechos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa

Lamentó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, “dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Con estas 24 libertades se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo juez, lo cual suman 77 libertades de las 142 personas privadas por su libertad, a quienes se les había identificado la presunción de la comisión de diversos delitos. Quedan solamente 65 de las 142 personas detenidas en estos momentos por este proceso, y de mantenerse esta tendencia y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días y con motivo del aniversario o lamentables hechos de la noche de Iguala, pueden obtenerse, pueden otorgarse diversas libertades.

Explicó que las personas detenidas interpusieron diversos juicios de amparo que les fueron concedidos el 31 de mayo por resolución del Tribunal Colegiado ubicado en el estado de Tamaulipas. En esa resolución, el juez otorgó la deposición del procedimiento del 30 de agosto al 5 de septiembre, es decir, otorgó solamente 10 días para aplicar a 17 personas el Protocolo de Estambul.

“Debo reconocer que la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada para el Caso de Ayotzinapa, solicitó y realizó la entrevista a 50 personas detenidas, de las cuales 14 consintieron la aplicación del Protocolo de Estambul para verificar si efectivamente habían sido torturadas, y éste protocolo lo iba a aplicar mediante un convenio que la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República suscribió con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien sería con sus peritos, la encargada de realizar las pruebas del Protocolo de Estambul. Sin embargo, el juez Samuel Ventura Ramos, negó la prórroga para que se realizara y de esta manera otorgó la libertad inmediata y absoluta de estas personas”, reconoció el subsecretario.

Las pruebas restantes, de acuerdo con el criterio del juez fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos, el grupo conocido por Los Bélicos y diversos servidores públicos, particularmente por policías municipales, como es el caso de Iguala, de Cocula y de Huitzuco, que son quienes obtienen la libertad.

Alejandro Encinas adelantó que de acuerdo con lo declarado por la Fiscalía General de la República, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez, quien era el titular de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica.

Sin embargo, adujo el funcionario que esta resolución del Poder Judicial de la Federación “es una afrenta a los trabajos de investigación que realiza el gobierno federal a través de la Comisión Presidencial por la Verdad Acceso a la justicia del Acaso Ayotzinapa, ya que no observa la jurisprudencia del 21 de julio de 2019 que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, pero con el resto de las pruebas se deben determinan la materialidad del delito, es decir, la reposición del procedimiento, además de que subsisten las responsabilidades por los delitos cometidos, deben de fincarse la responsabilidad de los torturadores. En este caso el juez habla de tortura pero no finca ninguna responsabilidad a los supuestos torturadores como debe ser su responsabilidad.

“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficio a los imputados sin que hubiera sentencia de tortura, solo con la mera presunción, privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la  justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. El juez interpreta, como lo señalé en el caso de la libertad de Gildardo Astudillo, con mucha laxitud la ley, pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa, de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad, y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron en la investigación y a quienes cometieron los delitos. Lo que nos obliga a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia, como la reparación y particularmente, medidas de no repetición de los hechos.

Encinas Rodríguez dejó entrever que como están las cosas “en el listado de las personas detenidas que pueden ser susceptibles de aplicarse estos criterios laxos, discrecionales, en donde no se considera todas las pruebas por parte del juez su libertad, como puede ser la libertad del señor Ramiro Ocampo Pineda, César Nava González, Sidronio Casarrubias Salgado, que es de los principales dirigentes del cartel de Guerreros Unidos. Incluso, en estos casos vinculados con la desaparición, del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Hay que decirlo, lo asumo con toda responsabilidad, esto, estas resoluciones es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad, y la impunidad para conocer la verdad. Y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país”.

¿Y la justicia?

Por lo pronto, tendremos más movilizaciones de los padres de los desaparecidos para rato. Mientras tanto, los asesinos, ¡gozan de cabal salud!.