Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La turbia relación entre los poderes ejecutivo y judicial  y la inseguridad

Algo que pudiera reprochársele al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, es el hecho que abordó muy a destiempo, las presiones que recibió en su momento por parte del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en casos como los proyectos que presentó relacionados al incendio de la Guardería ABC y el amparo a la francesa Florence Cassez.

Las hubiera hecha públicas cuando éstas ocurrieron. Y lo mismo debió hacer Olga Sánchez Cordero.

Zaldívar Lelo de la Rea señaló que nunca cederá a presiones y para muestra están sus votaciones en el pleno del máximo tribunal del país. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón respondió diciendo que «su gobierno fue respetuoso de otros Poderes» y que “jamás hubo presiones”. Pero si las hubo, tal y como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox para desaforar a Andrés Manuel López Obrador por no respetar un amparo relacionado con el predio El Encino y en el que estuvo involucrado el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela Güitrón.

Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, influyó para que dimitiera como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, al que se le aplicó la estrategia del abogado estadounidense Eliot Ness, quien combatió a la mafia en Chicago en los años treintas, aplicándoles la investigación de la evasión fiscal y darle un seguimiento puntual a sus movimientos bancarios. Como se ve, la operación fue exitosa.

Hasta ahora, han llegado a la Corte, propuestos por López Obrador y aprobados por el Senado de la República, la ministra Jazmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá y se espera el sustituto de Medina Mora y también quien llegue en el lugar de Fernando Franco González Salas, quien se retira a partir de 2021.

Por lo antes visto, las presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo se mantendrán ante el Judicial de una manera u otra, ya sea demandando una resolución favorable, recomendando un asunto, so pena con castigarlos con los recortes presupuestales en estos tiempos de austeridad. En el caso de López Obrador, descalificándolos hasta el insulto.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció una crisis de inseguridad crónica que marcó al menos tres sexenios. Dijo que sólo durante 2018, hubo 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas y citó fuentes como el INEGI. Afirmó que recibieron un país con uno de los índices de mayor corrupción en el mundo.

Dijo que el 79 por ciento de los mexicanos declaró vivir con miedo durante 2018 y que ese año, se iniciaron 29 mil 106 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso, una cifra record.

Señaló que en materia de corrupción en las corporaciones de Seguridad Pública, el 66 por ciento de los mexicanos consideró durante 2018 que su policía local es corrupta, según datos del INEGI.

Justificó sin embargo, que “no hemos recibido en este gobierno absolutamente ninguna recomendación por violaciones a los derechos humanos de los cuerpos federales de seguridad. Se canceló de tajo el uso del espionaje político. Se dejó atrás la tortura como método para obtener información. No se utiliza ni se utilizará la fuerza pública para reprimir.

Destacó la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la creación constitucional de la Guardia Nacional y despliegue de 140 mil elementos para 2021.

En el combate a organizaciones criminales como entidades económicos, combatirlas en su capacidad financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper; hay mil 995 cuentas de personas bloqueadas, que ascienden a 5 mil 182 millones de pesos. En la historia del combate al narcotráfico no se registra que se haya congelado una sola cuenta, ahora se llevan mil 995.

Dijo que ya se registró un quiebre en la tendencia de crecimiento de la percepción de inseguridad, aunque admitió que no hay nada que celebrar.

Señaló que la AMIS les informó que en los últimos 12 meses hubo una reducción del 4.9 por ciento en el robo de vehículos. Si la incidencia criminal no se judicializa no hay forma de castigarla, el número de sentencias condenatorias aumentó en un 24.2 por ciento.

La Marina tiene una aceptación del 86.5 por ciento, el Ejército del 83.2 por ciento y la Guardia Nacional de 70.9 por ciento. No hay institución en el país, pública, social o privada que tenga estos índices de aceptación, esgrimió el funcionario.

En ese sentido, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó sobre el índice de letalidad de las fuerzas federales, y comentó que las agresiones a las fuerzas federales desde 2006 hasta septiembre de este año, van más de cinco mil. Agresores fallecidos, un total de cinco mil 396.

Hay 148 mil 392 fallecidos vinculados a delincuencia organizada, es decir, en enfrentamientos entre ellos, en el pago de alguna situación que no cumplieron lo pagan con la muerte o situaciones que se vinculan entre organizaciones criminales.

De esa cantidad hay cinco mil 370 fallecidos que han sido como resultado de las agresiones contra las autoridades federales, ese es un número de fallecidos, sobre esto, considerando que hay 5 mil agresiones,  desde el 2006 a la fecha. De cada siete agresiones hay un integrante de Fuerzas Armadas fallecido.

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que los efectivos de Policía militar y Policía naval se han mantenido. Ahora se tienen 14 mil 738 elementos de las divisiones operativas que ya están integradas a la Guardia Nacional, así como nueve mil 35 elementos de las divisiones consideradas como especializadas y personal administrativo.

A ello hay que sumar que ya se lleva un total de 13 mil 96 reclutas, personal de nuevo ingreso de los 21 mil 170 que está considerado que se incorporen en este año. El avance en efectivos de la Guardia Nacional permite a la fecha mantener los 70 mil 920 distribuidos en cada uno de los estados.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, rindió un informe de búsquedas realizadas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó se han identificado 352 sitios de inhumación donde se han encontrado 594 fosas clandestinas donde ha habido 706 cuerpos exhumados; 206 cuerpos ya fueron identificados y 122 ya fueron entregados a sus familiares. Continuarán las búsquedas de los desaparecidos.

Informó que hay mil 221 solicitudes de personas privadas de la libertad, donde se presumen procesos indebidos de encarcelamiento; 45 personas han sido liberadas por distintos procedimientos.

En relación a los feminicidios, dijo que se han detectados 2 alertas en Puebla y Estado de México, por desaparición de mujeres, encontrándose que en el proceso la emisión de Alerta de Género en la Ciudad de México.

Se hizo el seguimiento de la implementación de 20 alertas en 18 entidades y 410 municipios.  Se ha brindado atención especializada a casi 125 mil mujeres víctimas de violencia en 47 Centros de Justicia para las Mujeres.

Se ha implementado la iniciativa Spot light para eliminar la violencia contra las mujeres en 5 municipios. Ecatepec, Naucalpan, Chilpancingo, Ciudad Juárez y Chihuahua registran los mayores índices de violencia contra la mujer

El tema es por demás uno de los rubros que más preocupan a la sociedad y en donde el gobierno de López Obrador tiene que poner el acelerador para dar mejores resultados.