Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Entre el desempleo, la economía, la polarización discursiva, la violencia y sus consecuencias

La falta de crecimiento económico, la caída brutal de las exportaciones mexicanas, principalmente las automotrices, el abandono permanente de las agroindustrias alimentarias y el fortalecimiento de los grupos delictivos en las zonas agrícolas que han golpeado a los productores de limones, aguacates y jitomates, por mencionar algunos productos del campo, así como los altos niveles de desempleo y el despido continuo de trabajadores de sus empleos formales, están llevando al país, no sólo a una recesión que no sabemos hasta ahora sus dimensiones, pues el hecho de que haya cero crecimiento económico, ya se refleja en las calles con un aumento en los índices de asaltos callejeros a mano armada, el cobro de derecho de piso a los micro negocios y comercios, al repunte de robos de coches y autopartes, casas habitación, homicidios, pero sobre todo, de altos niveles de violencia generalizada.

Y es que el discurso presidencial o el de la jefa de gobierno capitalina que es prácticamente el mismo, de que en este país hay dos bandos, los “buenos” y “malos”; es decir, los “buenos” o “chairos”, quienes los apoyan, y los “malos” o “fifís”, quienes se quejan de todo y no los apoyan, han venido a polarizar aún más las cosas. Lo que es un hecho, es que las necedades de Andrés Manuel López Obrador y su falta de capacidad para poder negociar y conciliar con los grupos empresariales y los sectores productivos están llevando al país al desastre económico. Y como están las cosas, su grupo político no va poder sostenerse en el poder ni va poder cambiar el régimen. Son muchas las necesidades las que tienen millones de mexicanos que quieren trabajar y quieren forjar un futuro para sus familias, para sus hijos y para sus nietos y este gobierno no se las está dando. Mucho menos para las personas de la tercera edad, ni tampoco para las personas enfermas.

A las instituciones del sector salud, López Obrador y sus colaboradores prácticamente las tienen en quiebra. El argumento de que están acabando con la corrupción, no justifica que tengan a las instituciones públicas de salud en vilo y la atención a miles de derechohabientes no puede ser que las tengan en tan malas condiciones, ni tampoco los trabajadores del sector merecen un trato tan indigno.

Sería saludable que López Obrador y sus colabores salieran de sus nichos y se dieran una vuelta por los mercados públicos para que se dieran cuenta de cómo están las cosas. O que les dijeran qué piensa la gente que utiliza el Metro, o el Metrobús, el camión, o con cualquier taxista, para que palpen de viva voz cómo están las cosas en las calles. La violencia callejera se ha incrementado. Y no se necesidad abrazos, ni tampoco balazos, sino desarmar a la delincuencia, agarrarla a madrazos, para evitar que en algunas colonias, las personas linchen a los delincuentes, porque la policía es ineficaz y es ineficaz porque sus mandos no sólo no los apoyan, sino que los están chingue y chingue sin ofrecerles ningún tipo de incentivos en cuanto ascensos y prestaciones socioeconómicas.

El presidente López Obrador sostiene que su gobierno no va a reprimir a nadie. Está bien. Pero entonces ¿qué va hacer con los grupos de normalistas radicales que a cada rato secuestran camiones de pasajeros o toman las casetas de cobro o bloquean en Michoacán las vías del ferrocarril que viene del puerto de Lázaro Cárdenas y que generan millones de pérdidas económicas para la economía nacional? ¿Nada? ¿Tampoco va hacer nada contra los grupos de maestros de Guerrero que a cada rato bloquean la autopista México-Acapulco a la altura de Chilpancingo?

López Obrador está obligado constitucionalmente junto con los gobernadores y los alcaldes a mejorar los niveles de seguridad pública en todo el país. Los alcaldes y mandos policiacos que estén al servicio de los grupos delincuenciales deben ser extirpados de tajo y los grupos delictivos deben ser combatidos con toda la fuerza del estado. Por un lado se les debe de perseguir, detener y encarcelar y condenar; por otro, se les deben confiscar todas las armas y por otra parte, se les deben confiscar propiedades, dinero y demás cosas de valor. Debe haber campañas para desestibar que niños y adolescentes se conviertan en “halcones”; es decir, vigilantes de los grupos delincuenciales y posteriormente sicarios de los mismos grupos.

Si en algo tiene razón López Obrador es que se tienen que atender las causas de pobreza y de marginación que generan que las personas más humildes sirvan como carne de cañón de los grupos delictivos, pero también es necesario mostrar que el Estado castigará con severidad a quienes se dedican a las actividades criminales. Los recientes asesinatos de niños y mujeres de la familia Lebaron en los límites de Sonora y Chihuahua, mostraron que el gabinete de seguridad volvió a mostrar errores de apreciación, como ocurrió en Sinaloa, y tienen que reconocer que requieren adquirir tecnología de punta para poder combatir a los carteles de la droga fronterizos.

Si López Obrador y Claudia Sheinbaum no entienden que a los grupos violentos hay que combatirlos con todo, este país se va polarizar aún más de lo que ya está. Al tiempo. Por lo pronto, la situación económica es lo que más está preocupando a millones de nosotros y los niveles de violencia también.