Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Efectivamente, como sociedad poco o nada sabemos de las niñas y de los niños que enfrentan las atrocidades de la violencia delincuencial. Ignoramos su sufrimiento y no dimensionamos tampoco las secuelas que dejan como marca indeleble, los hechos de la desaparición de una madre o un padre.

En el silencio de los niños y niñas, no alcanzamos a percibir lo que sienten. Quedan a la deriva y en la mayoría de los casos, cuando se busca ayudarles, solo se les brindan alimentos y un techo donde guarecerse. Nada más. Si a eso sumamos los abusos sexuales de sacerdotes y párrocos, militares y tratantes de blancas, la situación empeora.

La tragedia de las personas desaparecidas es el punto de quiebre que se ha dado entre los gobiernos en turno y sus familiares. Recientemente la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que “de los años 60 al 31 de diciembre del 2019, 147,033 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 85,396 fueron localizadas y 61,637 no han sido encontradas. El 74 por ciento son hombres y el 25.7 mujeres”. En Guerrero, del total de reportes de desapariciones se tiene un registro de 4,251, de los cuales 2,938 corresponden a personas que siguen desaparecidas, siendo la novena entidad con las cifras más alta en el país.

El subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que durante el primer año del actual gobierno federal se recibieron 9,164 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 5,184 son personas no localizadas y 3,980, ya han sido encontradas. Sobre el estado de Guerrero, en el último año, tomando como referencia el 1 de diciembre del 2018 al 31 de este mismo mes del 2019 se reportaron 437 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 269 siguen sin ser localizadas y 168 ya fueron encontradas, ubicando al estado en el cuarto lugar con más hallazgos en el país. Por otra parte, detalló que hay reportes de 3,093 mujeres desaparecidas en México, de las cuales mil 816 ya fueron localizadas y mil 277 sus familiares continúan buscándolas.  En Guerrero concretamente hay una cifra de 152 mujeres desaparecidas, siendo 86 las que han sido localizadas y 66 que no se sabe de su paradero.

Un dato que no se había proporcionado en otros informes, es el registro de niñas, niños y adolescentes que se han reportado como desaparecidos, siendo 2,720 infantes en México, de los cuales mil 7 siguen sin ser localizados. De Guerrero son 148 casos, logrando localizar 96, mientras que otros 52 niños, niñas y adolescentes continúan sin aparecer.

Lo anterior, es un informe dramático que muestra una radiografía de un México ensangrentado, que viene arrastrando desde hace décadas la cauda incandescente de la violencia.  Es un México roto, que ha dañado profundamente los cimientos de la propia sociedad que ha sido secuestrada por la delincuencia organizada, que está protegida por el manto de la impunidad y que cuenta con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, “Tlachinoyan”, reportó que desde que se dio la irrupción de los policías comunitarios que se autodenominan Grupo de Paz y Justicia, el 19 de diciembre del 2018, en la comunidad nahua de Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, la confrontación con la policía comunitaria identificada como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), se tornó más violenta. En esa fecha un matrimonio fue asesinado. Los comunitarios de Paz y Justicia acusaron a los miembros de la CRAC- PF de ser los responsables de esos asesinatos, y al mismo tiempo de haber expulsado a familias que no simpatizan con ellos.

Ese mismo día, las autoridades comunitarias de la CRAC-PF denunciaron la desaparición de 12 personas de Paraíso de Tepila, tres personas adultas y nueve niños. Los comunitarios de Paz y Justicia instalaron un retén en el crucero de la carretera que conduce a Rincón de Chautla.  La CRAC-PF demandó la intervención de las autoridades del estado para que se abocaran a la búsqueda de los 12 desaparecidos y demandaron la instalación de un retén militar en Paraíso de Tepila para retirar a los comunitarios de Paz y Justicia. Al no obtener respuesta, las autoridades comunitarias entregaron un oficio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su primera visita a Tlapa el 11 de enero de 2019. Tampoco encontraron respuesta. Ante la ausencia de las autoridades, ambos grupos se atrincheraron. Fue el 27 de enero, como a las 11 de la mañana cuando los comunitarios de Paz y Justicia fueron emboscados cuando se disponían a relevar a sus compañeros en el retén instalado en la entrada a Rincón de Chautla. En esta acción violenta fallecieron 10 policías. Más tarde se suscitó un enfrentamiento entre miembros de la CRAC-PF y comunitarios de Paz y Justicia en la entrada a la comunidad del Rincón de Chautla. En esa refriega murieron dos miembros de Paz y Justicia.

Este conflicto cobró notoriedad a nivel nacional cuando se difundió en las redes sociales un video donde siete niños y dos niñas aparecen realizando prácticas de autodefensas y anunciando su adhesión a la CRAC-PF. Desde el 7 de mayo el gobierno del estado reaccionó enviando algunos funcionarios para hablar con los pobladores. Se concretó brindar apoyo con despensas, material de construcción y brigadas médicas. El 17 de mayo se difunden otros dos videos en los cuales algunas mujeres aparecen armadas demandando seguridad al gobierno del estado y a la federación. Ante esta acción mediática, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, acudió con el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra, a la comunidad de Rincón de Chautla. El tema de fondo seguía sin resolverse porque la CRAC-PF exigía medidas de seguridad en el tramo carretero de Chilapa a Hueycantenango, principalmente en el crucero de El Jagüey, donde opera el grupo de Paz y Justicia, que pertenece al grupo de Los Ardillos.

Esta advertencia no fue atendida por las autoridades y lamentablemente el jueves 23 de mayo este presagio se cumplió cuando el comandante regional de la CRAC-PF Bartolo Morales Hilario y el policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, fueron levantados en el entronque hacia la comunidad de El Jagüey y sus cuerpos, descuartizados, fueron encontrados distribuidos en seis bolsas en el punto conocido como Las Antenas a orillas de la carretera Chilpancingo-Tlapa, a unos 15 minutos de Chilapa. La violencia continuó. Durante todo el segundo semestre del 2019 se registraron vario asesinatos de mujeres que además fueron torturadas, de policías comunitarios de la CRAC-PF y de vecinos de las comunidades que forman parte de este sistema y algunos jóvenes que siguen desaparecidos.

A pesar de que el Ejército instaló un retén militar en Paraíso de Tepila, después de los hechos violentos de enero, las desapariciones y asesinatos continuaron durante todo el año. El mismo retén que se ubica en El Jagüey donde se encuentran policías de Paz y Justicia sigue siendo un punto altamente crítico, que no ha sido removido por parte de las autoridades estatales y federales. Por esa razón la CRAC-PF ha desconfiado de las acciones que ha implementado el gobierno del estado, porque no hay avance en las investigaciones de las personas desaparecidas y asesinadas. Los mismos pobladores de esta región indígena, además de sufrir el flagelo de la pobreza son rehenes de los grupos de civiles armados. A pesar de ser un foco rojo el gobierno federal no ha atendido el planteamiento de las autoridades comunitarias de que se pueda enviar un grupo de la Guardia Nacional que tome el control de las operaciones para replegar a los grupos civiles armados.

El asesinato de los 10 músicos de Alcozacán, forma parte de esta cauda de violencia que las autoridades de los tres niveles de gobierno han dejado crecer, poniendo en entredicho su compromiso e imparcialidad para la atención adecuada de este conflicto. No podemos ignorar que es un territorio disputado a sangre y fuego por dos grupos delictivos, que han sido identificados como Los Ardillos y Los Rojos. Ante este ambiente bélico, las autoridades en lugar de implementar una estrategia que prevenga mayores confrontaciones, se repliegan y solo atienden de manera intermitente este conflicto cuando cobra trascendencia nacional. Las investigaciones no dan con los responsables de la brutal violencia a pesar de que las víctimas han señalado a los autores materiales.

Lo que más preocupa es que las autoridades del estado no han tomado decisiones estratégicas para contener esta violencia. Son las comunidades indígenas las que están pagando muy caro la indolencia del gobierno. La situación de las mujeres y los niños es de extrema pobreza, los jóvenes han tenido que migrar y los que se quedan, como los músicos, son asesinados. Otros más se ven tentados a incorporarse a las filas de los grupos delincuenciales. La situación de Chilapa muestra la compleja problemática que se vive en varias regiones del estado y del país, donde los grupos de la delincuencia organizada han adquirido un poder que los coloca por encima de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta situación no es gratuita, se debe a la debilidad de las instituciones y a que las mismas autoridades han sucumbido a intereses macro delincuenciales, permitiendo que las instituciones se colapsen y sean capturadas por estos grupos, es lo que opinan los analistas en derechos humanos de la Montaña de Guerrero y yo coincido con ellos.