Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El rojo amanecer mexicano y los besos y abrazos de AMLO

Desde hace algunos lustros, todas las semanas, incluyendo sábados y domingos, el país amanece rojo. No hay día que no haya sangre derramada de personas inocentes, víctimas de una delincuencia feroz o de una violencia callejera colateral, no sólo producto mismo de la inseguridad, sino de la impunidad creciente producto de la descomposición política y social y de la maldita corrupción.

Coincido con López Obrador en que desde hace mucho tiempo el país padece una descomposición social producto del modelo económico que trajo consigo la desigualdad social y el empobrecimiento feroz en enormes capas de la población. Pero en lo que no estoy de acuerdo, es en atender las causas sociales a través de una “Constitución Moral” a fin de tener una sociedad mejor “con mayor bienestar material y bienestar del alma”.

No se van a frenar este tipo de crímenes de odio, como los feminicidios, los secuestros, las desapariciones, las matanzas, con regaños ni mucho menos con abrazos, se necesita una respuesta contundente del Estado para frenar a los grupos delictivos regionales y ser sumamente severos con ex policías y ex militares que se vuelven sicarios o delincuentes. Los países de Oriente tienen reglas muy claras al respecto: narcotraficantes, policías y soldados que delinquen y son detenidos, se les condena a pena de muerte. No hay de otra.

En México no sólo no sólo se les debe de castigar ejemplarmente, sino que se les deben de confiscar todo tipo de bienes y a sus familias, para no dejarlas en el desamparo, cambiarles la identidad y enviarlas a otras entidades dándoles empleo a las esposas y educación a los hijos. Si no aceptan que se queden en el desamparo total. Esto, como ejemplo, para que no vuelvan a surgir grupos tan peligrosos y despiadados como los llamados “Zetas” de Tamaulipas, integrados por ex militares de élite, que prefirieron renunciar al Ejército para estar al servicio de los narcotraficantes.
Derivado de la indignación que existe en la capital del país por el secuestro y asesinato de la menor de 7 años, Fátima Cecilia Aldrighett Antón, el Ejecutivo Federal, justificó que hay un proceso de degradación progresivo en la sociedad y se comprometió de la misma manera en que lo hizo la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo de seguir atendiendo las causas que lo propician y pidió a los grupos feministas que no dañen los inmuebles nacionales tras advertir que no los va reprimir por sus actos violentos. Es decir, ¿qué una marcha en contra de la violencia de género, puede recurrir o derivar en actos violentos o causar destrozos a monumentos nacionales o a la propiedad privada, no se va a frenar o reprimir? No entiendo.

Considero que el Estado mexicano debe responder a las decenas de miles de familias que han perdido a familiares con motivo de la violencia criminal. Hay miles de muertos y de desaparecidos. A las familias no les importa si fue con gobiernos neoliberales o no. Lo que les importa es que se detenga a los responsables, que se les repare el daño y en el caso de los desaparecidos en que se encuentren sus restos, y si están vivo, pues mucho mejor!.

Por otra parte, durante los últimos cinco años, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se ha dedicado a documentar y analizar, con base en fuentes de información oficiales tanto de autoridades federales como estatales, el carácter sistemático y generalizado de la tortura en México.

La tortura es una violación grave a los derechos humanos que tiene la finalidad de provocar dolores o sufrimientos en una persona con la intención de obtener información, una confesión, para una investigación criminal, o bien, se usa como medio intimidatorio, castigo personal o con cualquier otro propósito.

Desde el inicio de la “guerra contra las drogas”, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se documentó que la práctica de tortura cometida por cuerpos de seguridad como policías federales, estatales y municipales, incluidas las fuerzas armadas pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR), se volvió cada vez más recurrente, al grado de ser considerada como una práctica generalizada y en ocasiones sistemática.

De las 10,534 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas entre 2006 y 2018 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 54.3 por ciento son atribuibles a las fuerzas armadas, mientras que de un total de 301 casos que se documentaron en recomendaciones de la propia CNDH por violaciones graves y aceptadas en su mayoría por las autoridades responsables, en 190 se acreditaron incidentes de tortura, en 102 casos la autoridad señalada como responsable fue la SEDENA y en 48 la SEMAR. De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR), el 70 por ciento de los expedientes en trámite corresponden a acusaciones en contra de elementos de la SEDENA. Los casos de tortura en México se encuentran ocultos en la impunidad.

Entre 2006 y 2018, se han iniciado 27,342 investigaciones penales por tortura a nivel nacional; sin embargo, según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se han emitido solamente 50 sentencias condenatorias y 16 absolutorias por tortura; es decir, a nivel federal sólo el 0.61 por ciento de los casos investigados han obtenido una sentencia.

De igual forma, las víctimas de tortura en México enfrentan una situación precaria y de total desamparo en cuanto a la atención y reparación integral. En relación a las 36,401 quejas por tortura y malos tratos reportadas a nivel nacional ante la CNDH y Comisiones Estatales de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solo ha inscrito a 523 víctimas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). De las víctimas que se encuentran inscritas al RENAVI, sólo el 38 por ciento ha recibido algún tipo de reparación al daño que sufrió.

Ante la inactividad del Estado mexicano para hacer frente a un fenómeno de la magnitud de la tortura en el país, caracterizado principalmente por la falta de implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y ante la ausencia de registros estatales y fiscalías especiales de investigación del delito de tortura, la CMDPDH hace un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales para la pronta y adecuada implementación de la Ley, así como una reparación y atención integral para las víctimas.