Contexto/Fernando Ramíez de Aguilar L./Contexto

Fundado en 1929 por el presidente Plutarco Elías Calles con el nombre del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y desde 1946 como Partido Revolucionario Institucional (PRI), este partido hegemónico vive una grave crisis de credibilidad social y todo hace suponer que llegará a los 100 años, pero no ganará en el corto plazo la Presidencia de la República.

Y la razón es muy simple, el PRI podría perder por tercera vez la Presidencia de la República, ante los insuficientes resultados de la administración del mexiquense Enrique Peña Nieto, que se ha caracterizado por los escándalos de corrupción y sus disculpas públicas, que lo único que han generado es un malestar colectivo.

Además, sumado a que varios gobernadores surgidos de ese mismo partido, no se han cansado de robar, de mantener a varias entidades federativas en la absoluta ingobernabilidad y que se han ligado a grupos de narcotraficantes e integrantes de la delincuencia organizada que se han apoderado de pueblos, municipios y gobiernos estatales, además de crear empresas afines para otorgarles los mejores contratos de obra pública y adquisiciones. Estos tipos no tienen llenadera.

El PRI mantuvo el poder político absoluto hasta 1989, cuando perdió por primera vez una gubernatura, la del estado de Baja California ante el candidato del PAN, Ernesto Rufo Appel; en 1997 perdería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la de Senadores en 2000.

En el 2000, ganó por primera vez un candidato de la oposición, Vicente Fox, del PAN. Y en el 2006, volvió a ganar el PAN con Felipe Calderón Hinojosa. En el 2012 regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, pero las cosas no han salido como esperaba. Ahora nuevamente y por tercera ocasión, Andrés Manuel López Obrador, les podría arrebatar la Presidencia y el PAN está buscando lograr la unidad para contar con un candidato –hombre o mujer–, fuerte y que logre consensos.

El michoacano, Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI y la nueva secretaria general del partido, Claudia Ruíz Massieu, tienen una tarea difícil y podrían pasar a la historia como dirigentes mediocres.

Adiós a las fotomultas

Por otra parte. El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, juez Fernando Silva García –hijo del ministro Juan Silva Meza–, declaró inconstitucionales los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en la parte que prevén la imposición de sanciones patrimoniales por infracciones de tránsito, al considerar que violan la garantía de audiencia previa del artículo 14 constitucional.

La garantía de audiencia del artículo 14 constitucional consiste en otorgar a las personas la oportunidad de defensa previamente a cualquier tipo de acto privativo de la vida, libertad, propiedad (patrimonio), posesiones o derechos.

El Reglamento de Tránsito viola el artículo 14 constitucional porque permite que con base en una foto el agente imponga una sanción patrimonial exigible sin la participación ni la defensa previa del sujeto afectado. Si bien es cierto que el Reglamento de Tránsito Metropolitano tiene una finalidad legítima y loable consistente en proteger la seguridad vial y la integridad de las personas, el hecho de que un acto administrativo o una ley tengan una finalidad legítima pública, es insuficiente para afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En la sentencia de amparo se ordenó a las autoridades capitalinas a: 1. Dejar sin efectos la boleta de infracción; 2. Devolver el pago realizado, en su caso. 3. En caso de que la autoridad se encuentre facultada y decida nuevamente emitir la boleta de infracción se otorgue a la quejosa el derecho de audiencia previa en donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, lo que es posible realizar en forma ágil y simplificada.