Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La protesta social, la violencia y los juicios orales

Mientras que los partidos ya comenzaron a enfilar sus baterías a los procesos electorales que se llevarán a cabo el año entrante –Coahuila, México y Nayarit–, mirando de reojo a la elección presidencial de 2018, el gobierno federal sigue enfrascado en el conflicto con la corriente disidente magisterial que cada día amenaza con llevar más manifestaciones, bloqueos carreteros y cierre de planteles escolares, dejando a miles de niños y adolescentes sin clases.

Apenas, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un pronunciamiento en donde reprobó los hechos recientes de violencia ocurridos en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y otras entidades del país, como consecuencia de las manifestaciones y protestas magisteriales. Hizo un llamado a las partes involucradas para que cualquier diferendo o controversia se resuelva pacíficamente, privilegiando el diálogo y el entendimiento, en el marco de la ley, sin afectar derechos de terceros, en particular de niñas, niños y adolescentes.

“El Consejo Consultivo reitera que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, por legítimos que estos sean o fundada que resulta la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos e integridad, física y patrimonial, de terceras personas. En particular, es necesario que se respeten y preserven los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo al interés superior que reviste su garantía y protección. Entre estos derechos, se encuentra el relativo a recibir una educación que cumpla con parámetros y características de calidad”, sostuvo la CNDH.

El consejo llamó a las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, para que actúen con sensibilidad y responsabilidad, en el marco de la ley, ante las expresiones y planteamientos que hagan quienes se manifiestan, privilegiando en todo momento el diálogo y encauzando la atención a sus demandas, por las vías institucionales conducentes. Esto significa no criminalizar la protesta social, pero al mismo tiempo, no es posible tolerar que se incurra en conductas que atenten contra la dignidad, integridad, física y emocional de las personas.

Por ello, amplios sectores de la sociedad mexicana están demandando en las redes sociales que las autoridades escuchen las demandas del magisterio, que sus integrantes respeten los derechos humanos y las propiedades públicas y privadas de los demás y tanto de la autoridad como los maestros y simpatizantes de éstos, sujeten su actuación al marco legal que nos rige a todos.

Y cómo no, si diariamente en las redes se da cuenta de ello. Por ello, los maestros deben normar sus protestas y evitar que crezca el repudio generalizado a sus movilizaciones por parte de amplios sectores de la sociedad.

YA VIENE LA ORALIDAD

El próximo sábado 18 de junio, cuando en las 32 entidades federativas inicien formalmente la implementación del nuevo modelo de justicia, la duda sigue siendo si los miles de policías preventivos y ministeriales están capacitados para cumplir con su cometido.

Por otra parte, al encabezar la ceremonia de la entrada en funcionamiento de los centros de Justicia Penal Federal, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), declaró implementado al cien por ciento a nivel federal, el nuevo sistema procesal penal, cumpliendo con su compromiso constitucional.

Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la procuradora General de la República, Arely Gómez González; del senador Roberto Gil Zuarth, y del diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidentes de las mesas directivas de las cámaras del Congreso, así como de ministros y consejeros de la Judicatura Federal, Aguilar Morales señaló que los derechos de las personas no se negocian ni se someten al criterio publicitario, no son requisitos ni obstáculos para la justicia; son, por el contrario, la única garantía que tenemos de ser juzgados por leyes en tribunales y conforme al debido proceso legal, solo así podrá haber seguridad jurídica, y se evitará el linchamiento público.

“Sólo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y la corrupción si hacemos valer nuestros derechos y aceptamos nuestras obligaciones, si actuamos, no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la constitución, que es fruto de la voluntad de los mexicanos, podremos llegar a la luz de la libertad, del respeto y de la justicia que necesitamos, sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción”, aseveró.

Aguilar Morales reiteró que «o los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que no nos convenga».

A su vez, la titular de la PGR, Arely Gómez González, subrayó que entre los avances del NSJP se encuentran, entre otros, que «donde antes había procesos lentos y largos, hoy las resoluciones son más rápidas. El Nuevo Sistema facilita a las víctimas el acceso a la justicia y brinda mayor respeto y garantía a sus derechos. Compartió datos que acreditan el funcionamiento de este modelo en la PGR:

“Tenemos 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales a nivel federal. Además, 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados. Hoy, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión», indicó.

En este evento que se llevó a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en la justicia se finca el Estado de derecho y en ella se encuentra el fundamento más importante que una sociedad tiene para velar por el bienestar y desarrollo de sus comunidades. Por ello, recalcó que concretar una profunda transformación a la justicia en México ha representado un compromiso y un imperativo irrenunciable, porque, «se trata de una de las demandas ciudadanas más claras y reiteradas, por décadas».

Reconoció que el costo social de la inacción, había sido ya muy alto para millones de personas. Una justicia efectiva y accesible generará certeza y permitirá inversión y crecimiento económico, además de que fortalecerá el tejido social para que perdure en el tiempo. Esperemos que así sea.