Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar l.

Inconformidad, protesta social y crecimiento económico, retos a corto plazo

El presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido que la sociedad mexicana está «enojada», no sólo por la situación de violencia e inseguridad en el país, sino también por la falta de crecimiento económico. Pero ese reconocimiento debe estar acompañado de la implementación de medidas que puedan cambiar ese estado de ánimo y de enojo.

El mandatario federal admitió que casos como el de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, lastiman a la población y demuestran la debilidad en los gobiernos locales: «(la sociedad) está lastimada, conmovida y enojada, y lo está por hechos tan dolorosos como los ocurridos en Iguala, actos de barbarie, inaceptables, que evidencian la debilidad de nuestras instituciones, particularmente en el orden municipal», dijo durante la 37 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en la residencia oficial de Los Pinos.

Ese día, Peña Nieto alertó que, ante el afán de hallar respuestas rápidas a sus exigencias, la sociedad podría optar por salidas falsas que hagan creer que la intolerancia, la demagogia y el populismo son verdaderas soluciones.

Antes, en un mensaje en Tercer Informe de Gobierno, reconoció que existe frustración, enojo y pesimismo entre personas de todos los niveles y que las redes sociales reflejan esos sentimientos, pero advirtió que los cambios positivos y duraderos “se logran con responsabilidad”.

Pero el tiempo se le está agotando y los recientes acontecimientos de violencia en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, muestran que la insatisfacción social es tal, que ya nubló la mente, desplazó a la razón y la propia ciudadanía está tomando medidas drásticas para mostrar su propio descontento.

Ya comenzaron las movilizaciones en las universidades. Instituciones de educación pública, como el IPN y la UAM, por causas diversas, han suspendido clases y realizado paros de labores, mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de México, no ha habido ninguna acción por el estilo, debido a que el rector Enrique Graue, ha dado prioridad al diálogo y está atendiendo con prontitud atendiendo las demandas sindicales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desaprobó los actos de vejación realizados en contra dos elementos de la Policía Federal, quienes fueron interceptados en las inmediaciones del aeropuerto de Oaxaca, siendo retenidos, despojados de sus pertenencias y forzados a realizar actos que vulneran su dignidad. Para la CNDH el ejercicio de un derecho o el planteamiento de cualquier expresión social, no justifica el afectar derechos de otras personas o realizar actos que afecten su integridad física y mental.

Este Organismo Nacional reiteró su llamado a las partes involucradas en la problemática existente en el estado de Oaxaca, para que cesen las afectaciones a los derechos de otras personas, se evite la realización de actos violentos y ajusten sus conductas al marco de la ley. La CNDH mantiene su convicción sobre la necesidad de que sea mediante el diálogo y el entendimiento, que se construyan los acuerdos que permitan recuperar la convivencia pacífica entre oaxaqueños, así como en la sociedad mexicana en general.

Pero el uso selectivo del derecho penal y la represión policíaca para sofocar la protesta social, no se podría entender si no se analiza que la sociedad mexicana está inmersa en un incipiente y muy insatisfactorio proceso de transición política, al pasar de un régimen autoritario de dominación electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional, a gobiernos ineficientes como los dos surgidos por el PAN. Y en la parte municipal, gobiernos de todos los signos políticos, han mostrado ser torpes, corruptos e ineficientes; muchos de los cuales operan como si fueran los “brazos políticos” de las organizaciones de delincuencia organizada.

El gobierno federal, el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales deben comprometerse a resolver, en el corto plazo, las inconformidades de la sociedad, dar respuesta a las demandas surgidas en la protesta social y poner más de su parte en que se genere un crecimiento económico; que crezca el empleo bien reenumerado, sobre todo, en las nuevas generaciones de jóvenes; se mantenga una inflación baja y que se reduzcan los precios de los insumos básicos. De esta forma se le puede dar estabilidad a la economía.

Pero, debe aniquilarse el pago de extorsiones a la delincuencia organizada, que se le conoce como “pago de piso”, los secuestros y demás “linduras” delincuenciales. Y que ya no se sigan robando el dinero destinado a la compra de medicamentos, mantenimiento de hospitales, escuelas, etc.

El país lo está demandando. Si quieren que la violencia surgida en la protesta social se detenga, se tienen que atender las necesidades que está exigiendo la sociedad. No las mínimas, sino todo. Se debe cerrar la llave a los corruptos y meter a la cárcel al que se robe dentro del gobierno, aunque sea un solo centavo del presupuesto público.