Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La corrupción y sus efectos desbastadores

En las redes sociales los mexicanos han expresado su malestar por los graves actos de corrupción en la clase política. Lo que piden es que, más que la cárcel.

–situación que sin duda exigen–, es que los políticos corruptos como Javier Duarte, Horacio Duarte, Guillermo Padrés Elías y los que siguen, se les expropien sus propiedades, cuentas bancarias, empresas, negocios y todo lo inherente a lo robado proveniente de los recursos públicos. Y que todos esos recursos vayan a un fondo para que sean canalizados a las pensiones y al sector salud. Hasta vamos bien.

Pero ¿qué ha pasado con todos los recursos financieros, dinero en pesos mexicanos y divisas, bienes inmuebles y muebles, joyas, animales, etc., que les han sido confiscados a los narcotraficantes?…pues no tenemos mucha claridad qué es lo que hace el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) con todos esos bienes y a dónde van los recursos obtenidos en subastas.

Lo que sí sabemos y es un hecho, es que la corrupción ha tenido efectos desbastadores para la sociedad mexicana a lo largo de los años recientes, ha frenado el crecimiento económico, no ha mejorado las condiciones de vida de millones de personas, ha fomentado la explotación humana y ha enriquecido a una clase política. Hay que recordar aquella frase de Álvaro Obregón, de que no había general revolucionario que se resistiera a “un cañonazo” de 50 mil pesos.

En su último informe de gobierno, el  presidente Peña Nieto sólo se ocupó de hablar de los objetivos de las reformas estructurales y su aprobación, pero nada de los saldos que le queda a deber a los mexicanos, a decir de académicos, politólogos y legisladores de oposición.

La académica Helena Varela Guinot, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, señala que el mensaje de Peña Nieto se diferencia del de los últimos presidentes debido a la aprobación de las reformas estructurales, pero destacó que “sólo se concentra en sus logros e intenta minimizar los ámbitos en donde no ha tenido avances: magro crecimiento económico, incremento de la desigualdad social, así como una regresión democrática, al intentar concentrar nuevamente en el Poder Ejecutivo.” (Sinembargo.mx).

Además, resaltó la creación de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, y la del combate a la corrupción. No obstante, a la fecha, ésta última no tiene titular, y sus facultades sólo abarcan el ámbito federal, y no en todos los niveles de gobierno como se pretendía lo hiciera una Comisión Nacional Anticorrupción.

En el informe presentado por escrito el primero de septiembre por el secretario de Gobernación ante el Congreso, existe un apartado denominado “Gobierno cercano y moderno”, en el que se señalan someramente las estrategias que el gobierno ha “instrumentado” en materia de rendición de cuentas.

En días pasados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Expuso que este paquete legislativo “contiene los medios necesarios para prevenir prácticas y conductas ilícitas”.

El INAI destacó que las leyes en materia anticorrupción ofrecen a las instituciones herramientas sólidas y atribuciones necesarias para que el SNA sea funcional. “Ante los grandes retos que enfrentamos (…) el INAI entiende el SNA como un gran avance para contar con los mecanismos necesarios para detectar, prevenir y sancionar la corrupción”, dijo.

Puntualizó que como integrante del Comité Coordinador del SNA, contribuirá al desempeño de la Fiscalía Anticorrupción a través del establecimiento de bases y principios para una efectiva coordinación entre las autoridades.

El instituto refirió que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) en coordinación con el SNA se convertirá “en el binomio virtuoso”.

Las leyes que conforman el Sistema Nacional de Transparencia son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Finalmente, eso es palabrería. Los mexicanos queremos resultados: que quien evada impuestos, se vaya a la cárcel y pague; que el que desvía y roba recursos públicos, se le confisquen propiedades y bienes y jamás se le dé trabajo en el servicio público, que a los policías y fiscales se les pague bien y no exijan “mordidas”; que los secuestradores, violadores y asesinos no salgan de las cárceles, que haya transparencia en el gasto público y en las utilidades de bancos y empresas. Que nadie pague un solo centavo de sobornos. Eso es lo que queremos.

Lo demás, es pura demagogia.