Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L

En México, cuando en la Constitución federal se modificaron las garantías individuales por los derechos humanos y su universalidad, todo cambió.

Y es que el artículo primero de la Carta Magna nacional sostiene que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Y añade: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ahora, que la Asamblea Constituyente concluya sus trabajos, los capitalinos contaremos con la primera Constitución local que no sólo refrendará las libertades que gozamos, sino de otras más que fortalecerán la vida política en la capital del país. El Distrito Federal, que ya se le está denominando constitucionalmente como Ciudad de México, ya es el estado 32 del país y capital de la República.

Con 60 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los asambleístas  constituyentes acordaron que el artículo 30 contemple que los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, la cual procederá una vez, cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular.

Los resultados serán obligatorios siempre que participe al menos el 40 por ciento de las de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de éstas el 70 por ciento se manifieste a favor de la revocación, así lo indicó la ministra en retiro y diputada Constituyente, Olga Sánchez Cordero.

También, se aprobó el artículo 34 de la Constitución que establece que los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos por un solo periodo consecutivo, siempre y cuando se realice por el mismo partido o por cualquiera de los integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, aquellos independientes quienes deberán conservar esta calidad para poder ser acceder a este derecho.

Asimismo, los partidos de izquierda lograron que en el artículo 30 y 74 se contemple que las futuras modificaciones a la Carta Magna se realicen a la petición del 0.4 de las personas inscritas en el listado nómina o las dos terceras partes del Congreso y una vez aprobados los cambios sean sometidos a referéndum, lo que provocó el rechazo de Porfirio Muñoz Ledo y la advertencia de la perredista Dolores Padierna de que no harían el trabajo de armonización que le toca.

También se aprobó en el artículo 42 y 51 que la elección de fiscales general de justicia, electoral y anticorrupción sean ratificados por dos terceras partes de los integrantes del Congreso local.

El tema del derecho a la vida que de acuerdo con los diputados de izquierda podría criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, fue puesto de nueva cuenta a discusión por el PAN, pero se respetó el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Otro tema que fue rechazado y causó polémica fue la posibilidad de reducir la edad para votar de los 18 a los 16 años, que se incluía en el artículo 29.

Según el PRD, el 97 por ciento de las propuestas del proyecto original del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa están plasmadas en la nueva Constitución de la ciudad.

Las movilizaciones por protestas en la Ciudad de México se han duplicado en tres años. De acuerdo con el presidente del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, Simón Hernández, esto demuestra el creciente ejercicio de este derecho en la capital del país, y por lo que también han crecido las condiciones para su vulneración.

“Por privilegiar el uso de la fuerza frente a otro tipo de mecanismos políticos, por no considerar a la manifestación y a la protesta como un ejercicio de derechos sino como una problemática asociada a la violencia por agentes del Estado y algunos medios de comunicación”. De acuerdo con la CANACOPE de la Ciudad de México durante 2014 se realizaron 9 mil 111 manifestaciones en la capital del país.  En 2016 se contabilizaron 16 mil 935.

En ese sentido, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, subrayó que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Movilidad capitalina fueron protectoras para este derecho. En agosto pasado la Corte declaró válida la posibilidad que establece esa ley para que se avise a las autoridades 48 horas antes de realizarse una manifestación que pueda afectar el tránsito vehicular, y la paz de la población. “La notificación es el punto de inicio para desplegar la labor de coordinación y concentración, y no un pretexto para limitar derechos”.

Por otra parte, la Ciudad de México, es la entidad federativa más endeudada. Gobernado por el PRD desde 1997, mantiene un crecimiento acelerado de la deuda que ya llega a más de 75 mil millones de pesos en este 2017. Este año, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México aprobado por la Asamblea Legislativa se autorizó un costo financiero de la deuda pública por 4 mil 8 millones de pesos.

Con esto, y tomando en cuenta el alza de la paridad peso-dólar, que por cierto fue uno de los factores que ayudó a incrementar la deuda externa del país, la cual creció 8 por ciento de noviembre de 2014 al de 2015 y de ésta, 81.8 por ciento está en dólares estadounidenses, la Ciudad de México en vez de bajar su deuda y su servicio se fue para arriba.

De acuerdo a un informe suscrito por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados se sostiene que la entidad federativa más endeudada es la Ciudad de México con más de 71 mil millones de pesos, valor que representa más de tres veces el promedio nacional de deuda por estado, “y que en parte se podría explicar por ser la economía local más grandes del país”.

También sostiene que el promedio nacional de deuda por habitante de cada entidad federativa es de 4,428.9 pesos, pero que las entidades federativas más endeudadas en términos per cápita son: Quintana Roo con 14,669.5 pesos; Coahuila, con 12,991.8 pesos; Nuevo León con 12,731.8 pesos; Chihuahua con 11,641.2 pesos y la Ciudad de México, con 8,009.7 pesos.