Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar l.

La Constitución federal, la capitalina, las controversias que se avecinan y el gasolinazo

Justo el domingo pasado, al conmemorarse el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada por el presidente Venustiano Carranza, en 1917 en la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo el evento conmemorativo que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

Mientras tanto, en la capital del país, el jefe de gobierno local, Miguel Ángel Mancera Espinosa, firmó el decreto de promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, en una ceremonia llevada a cabo en el salón de cabildos del Ayuntamiento, la cual le fue entregada por Alejandro Encinas, quien presidió la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente hasta el pasado 31 de enero. Y atestiguó el asunto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del Presidente de la República.

Cabe destacar que ésta Constitución capitalina entrará en vigor hasta el 17 de septiembre del 2018, según lo avaló la Asamblea Constituyente y contiene 71 artículos y 40 transitorios.

El 5 de febrero de 1917, el entonces Presidente Venustiano Carranza, convocó a todos los mexicanos a honrar el texto constitucional aprobado, a partir de ser grandes, justos y respetuosos de su promulgación, para reafirmar nuestra soberanía. Han pasado cien años y aquel texto, ahora es muy difícil saber si está vigente o no, pues esa Constitución que promulgó Venustiano Carranza en 1917, ha sufrido 700 reformas (699 para ser exactos) y quienes llevan un estudio serio sobre dicho documento, aseguran que sólo el 20 por ciento es original.

Varios académicos consideran que la Constitución nacional parece más un reglamento, pues mientras que la de los vecinos del norte tiene sólo siete artículos y ha sido reformada 27 veces y la del Reino Unido no tiene texto siquiera –los jueces deciden si algo es o no constitucional–, la Carta Magna de México ha crecido de manera desmesurada para prescribir, varias circunstancias de manera confusa e imprecisa.

Por ejemplo, cuando se trata el tema electoral plantea lo siguiente: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distintos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”.

Con alzas en los precios derivadas del “gasolinazo”; con una delincuencia organizada que empieza a extenderse al Caribe mexicano; con una corrupción galopante, y con incertidumbre en todos los flancos, nuestra Constitución llega a sus 100 años en un escenario poco claro.

Y me temo que eso mismo ocurrirá con la Constitución de la CDMX, pues antes de que entre en vigor va ser controvertida en la Suprema Corte de Justicia en temas que tienen que ver con la conversión de las delegaciones en ayuntamientos y la conformación de sus respectivos cabildos.

El domingo pasado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, afirmó que nuestro destino como nación encuentra guía en la propia Carta Magna, a través de los principios de autodeterminación y no intervención consagrados.

“Nuestra Constitución, exige hoy, ser reconocida por la sociedad más allá de un documento en el que se consagran principios, valores y reglas a través de sus conceptos, más allá de un texto que se enseña en las facultades de leyes, que se profundiza por los académicos y se aplica e interpreta por los tribunales; de un documento que a través de innumerables reformas es cada vez más extenso y asistemático.

Lo que es un hecho es que la Nación la construimos todos nosotros, día a día, con nuestros valores, con nuestra conducta y acciones, con nuestro compromiso y también con tolerancia, pero sobre todo, con nuestro esfuerzo y trabajo.

Pero la Constitución federal como la capitalina, son documentos imperfectos que con el transcurrir del tiempo se seguirán transformando. Ejemplo de lo anterior es el hecho de la controversia constitucional promovida por el Presidente de la República contra diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, así como la interpuesta por el Senado de la República contra estos últimos.

Ambos asuntos, fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo las admitió a trámite y requirió a las autoridades demandadas a efecto de que produjeran su contestación.

Por otro lado, será hasta el próximo 17 de este mes cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) volverá a establecer precios máximos en la gasolina y el Diésel, con lo que la Magna, Premium y Diésel se mantendrán en el mismo precio promedio que se tuvo en enero de 15.99; 17.79 y 17.05 pesos por litro, respectivamente.

Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda, detalló que con el fin de evitar un segundo gasolinazo, se redujo ligeramente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a combustibles y ese faltante será cubierto con los excedentes que se han tenido por ingresos; es decir, el precio de la gasolina se determinó con base en una decisión política más que en función del mercado.

Por ello, las protestas por este asunto, sigue en todo el país.