Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Las manifestaciones de protesta en contra de la Inseguridad, la corrupción, la impunidad, el gazolinazo y la política migratoria de Trump

El domingo pasado, miles de mexicanos marcharon no sólo en la Ciudad de México, sino por al menos en unas 60 ciudades del país, para «defender a México y a los mexicanos ante las amenazas del gobierno de Trump»; pero también marcharon para exigir al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto acciones concretas en contra la corrupción y la impunidad, la inflación y la inseguridad.

Organizaciones ciudadanas, con el lema de #VibraMéxico, marcharon en la CDMX y otras ciudades en varios estados para manifestar su inconformidad por la manera en que el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende llevar la relación con su vecino del sur.

Si bien las autoridades capitalinas hablan que el domingo pasado se concentraron alrededor de 20 mil personas –aunque los organizadores hablaron de poco más de 40 mil–, lo que es un hecho es que poco más de un millón de mexicanos marcharon en ciudades mexicanas y estadounidenses, en contra de las amenazas y la política migratoria implementada por la nueva administración republicana.

Esto me recuerda que a raíz del secuestro y ejecución de los hijos de prominentes empresarios y de hombres y mujeres de negocios, se generó la mayor condena social y la exigencia a la autoridad federal para atacar este flagelo de la inseguridad. Fue en el sexenio de Vicente Fox, concretamente, cuando se llevó a cabo la más concurrida e importante manifestación.

Efectivamente, el 27 de junio de 2004, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD), convocaron a una gran movilización histórica en la que cientos de miles de ciudadanos nos manifestamos pacíficamente vestidos de blanco en contra de la delincuencia.

Cuatro años después, el 30 de agosto de 2008, se efectuó una segunda marcha, cuando la sociedad civil, a través de la marcha Iluminemos México, exigió el actuar de las autoridades. Miles de personas marcharon en lo que se denominó Iluminemos México, bajo la premisa “Si no pueden, renuncien”. Y no pudieron ni tampoco renunciaron.

El 27 de junio de 2014, con motivo de los diez años de la gran Marcha Blanca, las organizaciones sociales convocantes indicaron que esa movilización demostró, ante todo, la fuerza y capacidad de organización de la ciudadanía para unirnos por una misma causa: un ¡Ya Basta! a la inseguridad.

Expusieron que los miles de casos de víctimas de violencia en el país motivaron a los ciudadanos a movilizarnos pacíficamente para exigir resultados y reclamar a las autoridades más y mejores acciones contra la delincuencia. En un texto denominado “Rescatemos a México”, las organizaciones convocantes, incluyeron diez exigencias concretas dirigidas a los tres niveles de Gobierno pidiendo que fueran atendidas de inmediato para mejorar la seguridad.

Esta demostración es un parteaguas en la vida cívica del país: la ciudadanía se da cuenta que tiene voz y voto para exigir sus derechos fundamentales. Esta expresión masiva de inconformidad posicionó el tema de la seguridad en el debate público. Las autoridades deben atender las exigencias de los ciudadanos y tomar medidas contundentes para disminuir la inseguridad.

Este esfuerzo por hacer un recuento de la Marcha Blanca invita también a reflexionar sobre los logros y retos pendientes en materia de seguridad. Después de diez años de una lucha incansable, nos queda claro que hemos tenido logros importantes. La Gran Marcha Blanca tuvo un impacto trascendental en la consolidación de la participación ciudadana, a la vez que marcó el inicio de una relación diferente entre ciudadanía y gobierno.

Hay que recordar que el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa está marcado por una intensa crisis social en amplias regiones del país, provocada por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico, al romperse una serie de asociaciones de conveniencia de los cárteles que mantenían el control de plazas y rutas de trasiego de drogas, provocando que hasta septiembre de 2011 se hayan generado oficialmente 49 mil ejecuciones por rivalidad delincuencial.

Esta rivalidad delincuencial y la lucha por el control de rutas y municipios, aunado a la corrupción en los cuerpos policiacos y los gobiernos estatales, provocó que los cárteles de la droga generaran una espiral de violencia y de inseguridad que no sólo involucró a los integrantes de los grupos criminales, sino a la población civil, a quien se amenazó y se causaron severos daños a través de mensajes en casas, mantas colgadas en lugares públicos, incluso vía internet; la otra forma y la más severa fueron los llamados narcobloqueos y los levantones y ejecuciones de familias.

La crisis social provocada por inseguridad en este sexenio, y ante la amenaza que significaba el crimen organizado para la seguridad interior del país, se decidió que las Fuerzas Armadas ampliaran su presencia en las calles, luego de que en la administración del presidente Vicente Fox se pusiera en marcha el plan denominado México Seguro. Pese a ello, el sexenio de Vicente Fox dejó una cifra de homicidios dolosos a noviembre de 2006, de seis mil 783 ejecuciones de acuerdo con el reporte de procuradurías de justicia de los estados del país.

Ahora, en el gobierno de Peña Nieto, el resurgimiento de nuevas organizaciones delincuenciales relacionadas con tráfico de drogas y que básicamente se dedican a la operación y distribución de alcaloides, enervantes y drogas sintéticas, así como contrabando, secuestro, cobro de piso, extorsión, y que a su misma vez realizan labores de sicariato. Mantienen la inseguridad en muchas ciudades del país.

Esperemos que esto pueda ser disminuido a niveles que no pongan en peligro al país y a sus habitantes, como hasta ahora está ocurriendo.