La Suprema Corte y el Congreso deben dar estabilidad a las fuerzas armadas para frenar a la delincuencia

* Basta de periodistas asesinados.

Hace un año el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció algunos de los errores que ha cometido el Ejército al ingresar a la llamada “guerra contra el narcotráfico”. El divisionario indicó que las Fuerzas Armadas habían cometido un error al apartar a las distintas corporaciones policiacas y, así, quedarse totalmente con una responsabilidad que no les tocaba. Cienfuegos Zepeda dejó en claro que no se sentía a gusto con las funciones que estaba desempeñando el Ejército en las calles.

“El Ejército no está destinado para las labores que hoy hace. Ninguno de los que tenemos responsabilidad de mandos en la institución nos preparamos para hacer funciones de policía. No lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función, hoy lo reitero, pero también digo que estamos conscientes que si no lo hacemos nosotros, no hay quién lo haga en este momento”, declaró el general Cienfuegos el 16 de marzo de 2016.

El diciembre pasado, el mando militar volvió a levantar la voz asegurando que los soldados no estudiaron para perseguir delincuentes, que su función se estaba “desnaturalizando” y que él sería el primero en levantar “no una, sino las dos manos” para regresar a los cuarteles para “hacer nuestras tareas constitucionales”.

El titular de la Sedena fue, incluso, más allá y declaró que los alarmantes niveles de inseguridad y violencia en el país no se “pueden resolver a balazos”. Cienfuegos Zepeda dijo que el escenario ideal sería que la policía tuviera un plazo para empezar a “cumplir con su deber” para que elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina pudieran regresar a los cuarteles.

Ante ese incumplimiento, ese 8 de diciembre, el secretario de la Defensa Nacional pidió que los legisladores les brindarán un marco legal que regulara sus actividades. “¿Qué queremos? Que las Fuerzas Armadas tengan un marco que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos”. Pero el Congreso aún no aprueba una ley que regule el uso de la fuerza y les dé a los militares armas legales para combatir a la delincuencia.

Hace unos cuantos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al concluir con el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad, declaró la invalidez del artículo 12, fracción III, incisos a) y b), de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, ya que establece lo que debe entenderse por “tortura” y “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, siendo que ello es una competencia exclusiva del legislador federal, conforme lo prevé el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución, por lo que la legislatura de esa entidad federativa incurrió en invasión de la esfera de facultades constitucionalmente conferidas al Congreso de la Unión.

Asimismo, se declaró la invalidez de los artículos 24, 25, y 26 de la referida ley, los cuales pretenden regular el uso de la fuerza en los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes.

Por otra parte, se precisó qué si bien la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, no contempla las sanciones específicas que deban imponerse a los servidores públicos que incurran en el uso abusivo o excesivo de la fuerza, lo cierto es que el artículo 53 de la propia ley sí prevé la manera en que debe procederse en esos casos.

La Corte precisó que la intención del Constituyente Permanente al establecer la acción de inconstitucionalidad, para el caso de las legislaturas, fue prever una vía para que las minorías legislativas puedan lograr que las normas aprobadas por las mayorías se contrasten con la Constitución, a fin de ser consideradas válidas.

En ese sentido, la SCJN sostuvo que por minorías legislativas deberá entenderse aquellas que tienen como base un 33 por ciento, pero que no cuentan con la fuerza necesaria para modificar, por medio del propio proceso legislativo, las normas generales.

Ya la SCJN se había pronunciado en el sentido de que  los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad mandan que el nivel de fuerza utilizado sea gradual, de tal suerte que sea la mínima necesaria para salvaguardar tal bien jurídico, por lo que no podrá utilizarse un grado mayor de fuerza que la  indispensable para alcanzar dicho objetivo, y que todo uso de  la fuerza se encuentra sujeto a un elemento de temporalidad, lo que implica que debe cesar una vez que el objetivo legítimo ha sido alcanzado o cuando ya no es posible su consecución.

Por lo que se refiere a las armas de fuego o letales, la Suprema Corte explicó que antes de usarlas existe una obligación de dar una clara advertencia de emplear las mismas. En ese tenor, el uso de las armas de fuego, de manera tal que no le otorgue al agresor ninguna oportunidad de supervivencia, únicamente debe estar autorizado en las situaciones más extremas de riesgo, en las cuales la muerte de aquél es la única manera de prevenir la pérdida de la vida de los propios miembros de las instituciones de seguridad pública o de terceros.

HAY QUE PONER UN “HASTA AQUÍ” A LOS CRÍMENES DE PERIODISTAS

El derecho a la información está en peligro y la libertad de expresión más, ante los embates criminales en contra de reporteros, reporteros gráficos, columnistas y editores, que se han venido acrecentar en los últimos meses. El reiterado

¡Ya basta!, se leía en el cartel que fue colocado en las escalinatas del Ángel de la Independencia, el domingo pasado, desde donde periodistas y ciudadanos marcharon para exigir justicia y que se castigue a los responsables de los asesinatos de periodistas en México.

Los periodistas reprocharon al gobierno la impunidad en torno a crímenes contra periodistas y la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión. En lo que va de marzo, al menos tres periodistas fueron asesinados en México: Miroslava Breach (Chihuahua), Ricardo Monluí (Veracruz) y Cecilio Pineda (Guerrero). Tres casos que provocaron que los periodistas mexicanos tomaran las calles y los micrófonos para protestar contra el exterminio impune que desde hace años enfrentan los periodistas mexicanos.

Hay que recordar que con 11 asesinatos de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial, de acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Por encima de México, sólo Irak y Afganistán registraron mayor índice en homicidios, con 15 y 13, respectivamente.

La organización destacó que los niveles de violencia se han incrementado en estos tres países, debido al terrorismo extremista, los conflictos armados y el crimen organizado. De acuerdo con información de AP y La Jornada, la FIP informó que un total de 93 periodistas y profesionales de los medios fueron asesinados en 2016 y que otros 29 fallecieron en dos accidentes aéreos.

Miroslava Breach, quien fuera corresponsal de La Jornada, fue asesinada mientras frente a su hijo de 14 años mientras lo llevaba a la escuela. Apenas unos días antes, Ricardo Monluí, director de El Político y columnista de los periódicos veracruzanos El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, fue asesinado a tiros cuando salía de un restaurante.

Desde el año 2000, 103 periodistas han sido asesinados en México, de acuerdo con las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Artículo 19. Treinta de ellos han muerto en lo que va del sexenio; 10 en 2016, tres en marzo de 2017.

El asesinato de periodistas es una manera de silenciar a una sociedad, sostuvieron diversos académicos quienes coincicieron en que el clima general que estamos viviendo es en el que se asesina a quienes denuncian la relación que hay entre el gobierno y los narcotraficantes, nuestro gran cáncer.

El fin de semana pasado, cientos de trabajadores de medios de comunicación de Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Morelos y Oaxaca encabezaron una serie de protestas en repudio al asesinato de Miroslava Breach Velducea, colaboradora del Norte, de Ciudad Juárez, cometido el jueves pasado en la capital chihuahuense. La verdad no se mata matando periodistas, gritaban.

Algunos periodistas de Chihuahua demandaron que cese el hostigamiento contra ellos por funcionarios panistas que los acusan de extorsionadores, chayoteros y otros calificativos en las redes sociales, situación que, dijeron, no abona a mejorar la situación de los reporteros en estos momentos.

Las manifestaciones de repudio se realizaron también en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Reynosa, Tamaulipas y Torreón, Coahuila, donde integrantes de la Red de Periodistas del Noreste denunciaron la violencia que ha cobrado la vida de varios colegas.

En Monterrey, una veintena de comunicadores se congregó frente al monumento a la Libertad de Expresión y colocaron una ofrenda floral en memoria de la periodista y una manta con el hashtag #YaBastadeBalas.

En este país decir la verdad se ha vuelto un trabajo mortal, fue la opinión de la politóloga Denise Dresser. El presidente Enrique Peña Nieto levanta la voz en contra de Andrés Manuel López Obrador y otros personajes, pero no lo hace para solidarizarse con una periodista asesinada y su familia.

Estamos indignados por el brutal asesinato de Miroslava Breach, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. Esta ola de violencia amenaza el derecho ciudadano a recibir información vital y daña a la democracia mexicana al limitar el debate público. Instamos al gobierno federal mexicano a poner fin a esta ola de violencia al enjuiciar a todos los autores del crimen.

Nahum Pedro Zárate, director general adjunto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), indicó al CPJ que se ha abierto una investigación federal, pero muy pocas indagatorias han dado con los responsables de estos asesinatos. Lamentablemente. Es una fiscalía que en términos absolutos no sirve para nada.