Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L

Desde principio del milenio, en México la muerte tiene permiso oficial, para acallar a periodistas y mantener la impunidad entre autoridades municipales, estatales y federales con integrantes del crimen organizado o grupos empresariales afines, y puedan seguir haciendo “negocios” con recursos públicos, manteniendo un círculo vicioso que fomenta la corrupción y el tráfico de influencias.

Desde el 2000 –hace exactamente 17 años— a la fecha, han sido asesinados en México 103 periodistas, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales Reporteros sin Fronteras y Artículo 19. En lo que va de este sexenio, 30 de ellos han muerto; 10 en 2016 y tres en marzo de 2017.

El asesinato de periodistas es una manera de silenciar a una sociedad, sostuvieron diversos académicos quienes coincidieron en que el clima general que estamos viviendo es en el que se asesina a quienes denuncian la relación que hay entre el gobierno y los narcotraficantes, nuestro gran cáncer.

“¡Ayuda! Nos están matando”, sostiene la doctora Viridiana Ríos quien, en un artículo publicado en Excélsior, el domingo pasado, sostiene que esto no puede continuar y que, por lo tanto, urge contar con una mejor Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra Periodistas de la PGR, pues la que existe “es una broma”.

Creo que la doctora se quedó corta, pues el derecho a la información está en peligro y la libertad de expresión más, ante los embates criminales en contra de reporteros, reporteros gráficos, columnistas y editores, ya que esa violencia se ha venido acrecentar en los últimos meses y el reiterado ¡Ya basta!, que se leía en el cartel que fue colocado en las escalinatas del Ángel de la Independencia, desde donde periodistas y ciudadanos marcharon para exigir justicia y que se castigue a los responsables de los asesinatos de periodistas en México. Esto como consecuencia del asesinato de Miroslava Breach, hace tres semanas en Chihuahua.

La PGR y su fiscalía no han resuelto hasta ahora ninguno de los crímenes contra colegas. Es por ello que los periodistas reprochamos al gobierno la impunidad en torno a crímenes contra periodistas y la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión.

En marzo, al menos tres periodistas fueron asesinados en México: Miroslava Breach (Chihuahua), Ricardo Monluí Cabrera (Veracruz) y Cecilio Pineda (Guerrero). Tres casos que provocaron que los periodistas mexicanos tomaran las calles y los micrófonos para protestar contra el exterminio impune que desde hace años enfrentan, ante la hipócrita actitud de muchos de los propietarios de los medios de comunicación.

Artículo 19 sostiene que el 99.75 por ciento de las agresiones en contra de periodistas mexicanos no se resuelven, además que de los 48 expediente con que cuenta la fiscalía de la PGR, solamente tres han tenido sentencia. Hay académicos que han planteado que la nueva Fiscalía Anticorrupción, tendrá que resolver muchos de los casos de periodistas criminalizados, pues han sido ellos, los asesinados, los que han denunciado o detonado casos de corrupción, inclusive antes de ser detectados en auditorías.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protec Journalists, CPI), así como Reporteros Sin Fronteras, dos de los organismos más prestigiosos a nivel mundial sobre temas de agresiones a periodistas, México es el sexto país en el mundo con mayor impunidad en los crímenes contra diaristas, pero el segundo si se extraen países en guerra.

Hay que recordar que, con 11 asesinatos de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial, de acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Por encima de México, sólo Irak y Afganistán registraron mayor índice en homicidios, con 15 y 13, respectivamente.

La organización destacó que los niveles de violencia se han incrementado en estos tres países, debido al terrorismo extremista, los conflictos armados y el crimen organizado. De acuerdo con información de AP y La Jornada, la FIP informó que un total de 93 periodistas y profesionales de los medios fueron asesinados en 2016 y que otros 29 fallecieron en dos accidentes aéreos.

Que Javier Duarte sea despojado de todos sus bienes

Las detenciones del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte –en Guatemala– y de Tamaulipas, Tomás Yarrington –en Italia–, han venido a demostrar que cuando hay voluntad política la justicia mexicana puede ser exitosa y han abierto la oportunidad para llegar al fondo en dos investigaciones que tienen diferentes trasfondos e implicaciones, pero que están marcadas, ambas, por abusos de poder y corrupción.

En el caso de Yarrington, lo que hay es una evidente relación del entonces gobernador de Tamaulipas con el crimen organizado, que se prolongó después de su mandato y que lo termina involucrando, incluso, con el asesinato del candidato priista Rodolfo Torre Cantú. Su caso recuerda al de Mario Villanueva en Quintana Roo.

En cuanto a Javier Duarte estamos ante una larga serie de abusos descarados en la utilización de los recursos públicos. Si bien ha habido una profunda penetración del crimen organizado en Veracruz y una manifiesta incapacidad para frenarlo, no parecería existir una colusión del gobernador con esos grupos criminales. Pero las denuncias sobre mal manejo de recursos públicos parecen ser interminables. ¿Por qué cayó Duarte después de casi 190 días de estar prófugo? Porque parecen habérsele agotado los tres principales instrumentos que tiene cualquier delincuente en fuga: se necesitan recursos, mucho dinero y de fácil acceso; se necesita protección en las áreas en donde se espera refugiar y se necesita un sistema eficiente de comunicaciones que se torna muy vulnerable con tantos avances tecnológicos.

Lo que la gente quiere con Duarte es que además de pasar muchos años en la cárcel –unos 20 cuando menos–, tanto él como su familia sean despojados de todos los recursos económicos de que disponen y que son producto de sus robos. “Eso es justicia”, planteó un escritor veracruzano, quien consideró que muchos delos delitos de Duarte son de lesa humanidad.