Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar l.

En los crímenes contra periodistas, Estado mexicano le apuesta a la impunidad

Ante la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes no sólo de periodistas –muchos de estos asesinatos fueron ejecutados por sicarios que recibieron dinero por parte de los autores intelectuales–, sino de cualquier ciudadano, ponen en duda, tanto la forma de gobierno como quienes nos gobiernan. La democracia no funciona, cuando tenemos funcionarios y demás servidores públicos que cobran y mucho, pero no hacen su trabajo, y cuando prefieren bajo el manto de la corrupción e impunidad enriquecerse y no resolver los miles de problemas que presenta el país.

La falta de profesionalismo y preparación por parte de los fiscales para esclarecer los asesinatos, son una muestra de ello y ahora, nos encontramos con que la Procuraduría General de la República, ofrece una recompensa de 9 millones de pesos –1.5 para cada caso–, para que la ciudadanía delate a los asesinos de seis periodistas

En efecto, la recompensa será entregada a quien o quienes den informes sobre los homicidas de Cecilio Pineda, Ignacio Miranda, Javier Valdez, Maximino Rodríguez, Miroslava Breach, así como los probables de tentativa de homicidio y lesiones en contra de Sonia Córdoba.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, informó que, de diciembre 2012 a mayo 2017, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dio protección a 727 personas.

Sin embargo, el funcionario reconoció que garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos contra agresiones del crimen organizado, representa un “gran desafío” para las autoridades.

Ante legisladores los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, dijeron que ninguna de las personas protegidas por el Mecanismo ha sido privada de la vida, aunque reconocieron que dos escoltas del mecanismo perdieron en estos últimos meses la vida: Rogelio López Hernández López, el 22 de marzo en Sinaloa, y Alfredo de la Cruz Valle, el 28 de marzo en Baja California Sur. El primero en su labor de proteger a Alama Barraza, defensora de Derechos Humanos; el segundo, en su tarea de proteger a Julio Omar Gómez, periodista en Baja California Sur”, explicó Roberto Campa.

Hoy, 556 personas –40 por ciento de ellas periodistas– reciben protección del Mecanismo. Y es que en lo que va del año siete periodistas fueron asesinados en el país presuntamente por motivos relacionados a su labor. Al respecto, la PGR informó que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó nuevos acuerdos.

Impulsar un proyecto integral de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión para facilitar la cooperación, la coordinación y la comunicación institucional directa a partir de homologar los procesos y las estructuras institucionales de todas las procuradurías y de la PGR”, informó Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría. También se trabaja en adoptar un plan rector de capacitación y especialización de los operadores de justicia en la materia y la adopción del protocolo único de investigación y atención a víctimas, así como en el diseño y operación de una estrategia de investigación sobre los delitos.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) lanzó este martes una recompensa de nueve millones de pesos a quien ayude a la detención de los homicidas de seis periodistas en diversas partes del país.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la dependencia publicó los acuerdos por los que autoriza el ofrecimiento y entrega de 1.5 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que lleve a la localización, detención o aprehensión de los homicidas de cada uno de los seis periodistas.

Los acuerdos que van del A/056/17 al A/061/17 establecen que dicha recompensa será entregada para quien o quienes den informes sobre los homicidas de Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y los probables de tentativa de homicidio y lesiones en contra de Sonia Córdoba Oceguera.

Mientras tanto, periodistas de Michoacán exigen a PGR esclarezca el secuestro de un reportero. Como vemos las cosas, nuevamente el Estado Mexicano vuelve a fallar.