Contexto/Fernando Ramírez De Aguilar L.

La decadencia de un estado democrático y la violencia contra periodistas

Diversos académicos y analistas de diversos países de Europa y América — incluyendo a Estados Unidos y Canadá— están advirtiendo que, en las sociedades democráticas, se está generando un nuevo tipo de revolución cada vez más violenta, pues las mayorías no tienen posibilidades, por ahora, de tener mejores niveles de bienestar.

Y es que instituciones conservadoras, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han estado sosteniendo que el ensanchamiento de la brecha social constituye un freno no sólo para el crecimiento económico, haciéndose eco de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que está generando una violencia generalizada que está enfrentando cualquier tipo de mecanismo de gobernabilidad.

Este declive de la clase media es acompañado por una polarización política y el crecimiento de los partidos extremistas y xenófobos, que recogen votos entre los trabajadores y de los sectores menos favorecidos, que antes votaban por los partidos de izquierda, pero ahora que está cambiando por completo el escenario político, como lo señala el más reciente estudio del FMI, que se refiere a la reducción de la clase media y al aumento de pobres y ricos. Mientras que los primeros crecen de una manera rápida, los segundos están naciendo al amparo de los gobiernos democráticos, alentando la opacidad y la corrupción.

El sistema democrático adquirió legitimidad por su capacidad para apoyar a valores como la justicia, la solidaridad y el desarrollo general de la sociedad. No hay precedentes históricos para prever que puede pasar en un contexto en el que los ciudadanos vivan un constante deterioro social y económico, sostenido durante décadas y los jóvenes no vean un futuro claro, a pesar de sus esfuerzos para estudiar posgrados.

Por ahora, ya se están presentando precedentes que nos dicen que las sociedades en crisis pueden caer fácilmente en regímenes populistas y autoritarios, especialmente si las élites ricas apoyan ese camino. Pero esta democracia mexicana en declive, que gasta enormes sumas de dinero presupuestal en mantener sus inoperantes formas de gobierno, ya está generando una violencia inaudita que crece como una plaga y no tiene cura.

Ante esto, unos 600 periodistas mexicanos, trabajaron en diversas mesas de trabajo y debate de ideas, con la consigna de crear un ente a nivel nacional que defienda los derechos del gremio, así como el establecimiento de conexiones entre reporteros de todo el país para alzar la voz contra la violencia.

Los periodistas mexicanos analizaron la falta de recursos económicos, operativos y de seguridad de organizaciones sociales de protección a periodistas; autocensura de medios locales como reacción a la violencia, así como también la informalidad y desprotección laboral de periodistas y la falta de involucramiento de los dueños y cuerpos directivos de medios de comunicación, quienes ven por sus propios intereses, pero de ninguna manera quieren asumir su responsabilidad de pagar buenos sueldos a los reporteros, así como las prestaciones sociales de ley, como son el pago de cuotas para el IMSS y el Infonavit.

Además, revisaron la corrupción e ineficiencia de instancias locales de procuración y administración de justicia; la inoperancia de mecanismos nacionales de seguridad para periodistas; la publicidad oficial excesiva y opaca que solamente se le otorga a los lacayos del régimen; la

autocensura de medios locales como reacción a la violencia.

En este contexto, Carmen Aristegui dijo que los periodistas tienen el pendiente de dar el mensaje claro a la sociedad, sobre la violencia que vive el gremio.

“Los periodistas y comunicadores no hemos podido dar el mensaje claro sobre el tema de violencia al sector. Estamos en una sociedad mexicana que ha estado sometida a un espiral de violencia tan extendida, tan prolongada, con miles de muertos y desaparecidos, que parece que estamos en una especie de colapso de justicia que no es capaz de enfrentar una montaña de muertos”, explicó.

Y frente a este contexto, ya de por sí muy grave, ahora nos encontramos que el gobierno de Enrique Peña Nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado, según reveló el periódico The New York Times, quien da otro dato revelador:

“El gobierno mexicano se ha dedicado a espiar a comunicadores, activistas y defensores de los derechos del consumidor al menos desde 2014, a través de un sistema de malware (software malicioso) o “código maligno” conocido como Pegasus.

Ese sistema, denunciaron hoy las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Amnistía Internacional, Artículo 19, Social TIC y Acceso Now, se descarga sigilosamente en los teléfonos móviles o en computadoras portátiles, dándole control al atacante y permitiéndole el acceso a todos sus archivos guardados, así como a otras utilidades, como la cámara de video, el micrófono o el GPS, entre otros.

Y ante la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes no sólo de periodistas –muchos de estos asesinatos fueron ejecutados por sicarios que recibieron dinero por parte de los autores intelectuales–, sino de cualquier ciudadano, ponen en duda, tanto la forma de gobierno como quienes nos gobiernan.

Insisto. La democracia no funciona, cuando tenemos funcionarios y demás servidores públicos que cobran y mucho, pero no hacen su trabajo, y cuando prefieren bajo el manto de la corrupción e impunidad enriquecerse y no resolver los miles de problemas que aquejan el país.