Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Espionaje, asaltos, asesinatos, intimidación y violencia en contra de periodistas, la respuesta del Estado Mexicano

Como se ha denunciado, una y otra vez, dentro y fuera de nuestras fronteras, México es el país de la impunidad.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo debido a la falta de voluntad política para acabar con la impunidad que permite a grupos criminales, funcionarios corruptos y cárteles de la droga silenciar a sus críticos.

Esta es la principal conclusión del informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Además, esta violencia ejercida en México en contra de los periodistas se suma a la que importantes sectores de la población han sido sometidos por parte de grupos delincuenciales que no sólo asaltan y agreden, sino que intimidan a cuerpos policiacos incapaces de confrontarlos y éstos se muestran indefensos ante sus embates y, en muchos casos, los ciudadanos nos quedamos con la sensación de que también están sometidos por corrupción, miedo, negligencia o complicidad

Con el asesinato del periodista michoacano Salvador Adame, quien fue secuestrado el pasado mes de mayo, ya suman 113 los que han sido asesinados desde 2000 en territorio nacional. La mayoría de los crímenes siguen impunes por las amenazas del crimen organizado y la pasividad de los tres niveles de gobierno. Varias organizaciones prueban que la causa de los asesinatos fue su trabajo periodístico.

El procurador michoacano, José Martín Godoy Castro, detalló que los restos de Salvador Adame fueron encontrados desde el 14 de junio, pero pasaron varios días para su identificación. Agregó que el 21 de junio el Ejército detuvo a una persona identificada como ‘El Cabezas’, quien confesó que el líder de una célula criminal de Michoacán, apodado ‘El Chano Peña’ fue el autor material del secuestro y asesinato del periodista.

«‘El Chano Peña’ fue quien ordenó privar de la libertad a Salvador Adame, para después darle muerte. El posible móvil de los hechos, según el procurador Godoy, fue por problemas del tipo personal entre la víctima y el mencionado ‘El Chano Peña'». El funcionario se apresuró y comentó que el crimen no está relacionado con su labor periodística.

Salvador Adame es el séptimo periodista asesinado en lo que va del año. A la lista se suman Juan José Roldán en el estado de Tlaxcala; Maximino Rodríguez Palacios, en Baja California; Cecilio Pineda, en el sureño estado de Guerrero; Ricardo Monlui, en Veracruz; Miroslava Breach en Chihuahua; y Javier Valdez, en Sinaloa. La mayoría de ellos se encontraban informando sobre hechos de corrupción o sobre el crimen organizado.

Salvador fue fundador del canal 6TV en el municipio de Francisco J. Múgica. El medio E-Consulta publicó que personas cercanas al periodista aseguraron que ya había recibido amenazas en varias ocasiones y que le advertían que detuviera su trabajo informativo.

Hasta ahora, ninguno de estos siete crímenes ha sido resuelto. En tanto, el gobierno mexicano anunció que dará una recompensa de un millón y medio de pesos a quien brinde información que conduzca a la captura de los asesinos.

Hay que recordar que otro periodista, Javier Valdez, fue asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, por su propio trabajo de investigación sobre grupos de narcotraficantes, como lo aseguran integrantes del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y de la organización no gubernamental Artículo 19, instituciones privadas sin fines de lucro que investigan los asesinatos de reporteros y determinan si estuvieron relacionados con el ejercicio de su profesión.

En eso estábamos, cuando las oficinas del periodista Joaquín López Dóriga, en el edificio del Grupo Radio Fórmula, en Polanco, fueron asaltadas la madrugada de hoy y a menos de 24 horas del mensaje del fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, sobre la investigación sobre el espionaje a que han sido sometidos periodistas y defensores de derechos humanos.

En su mensaje, el funcionario de la PGR dijo que “la presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países y estamos actuando dada esa experiencia internacional. Para ello, se ha organizado un grupo de apoyo técnico que estará conformado por:

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas.
• La Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido.
• La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
• El expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime.
• Y se pedirá al Buro Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos su colaboración.

Dijo que el ministerio de Justicia canadiense colaborará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas al “Citizen Lab” de la Universidad de Toronto y se declarará a todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México, con las capacidades que han señalado los periodistas y defensores de derechos humanos, “a efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos y, si en su caso, algunos de estos equipos hubieran llegado a entidades distintas a dependencias públicas. De igual manera, se revisará la operación de este tipo de equipos en instancias federales.

Advirtió que todas las personas que “han señalado de manera formal o mediáticamente que sus equipos móviles han sido intervenidos estarán siendo notificadas para que aporten su equipo físico a la investigación, a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware.

Según este funcionario federal la investigación está en curso. Pero los afectados han planteado que esta información oficial, más que resolver el problema de espionaje, afecta sus intereses personales y profesionales.

Lo más lamentable, es que estos funcionarios no entienden que con sus evasiones de responsabilidad fortalecen la impunidad. No quieren aceptarlo oficialmente que estamos en guerra y que los delincuentes están ganando la batalla. Es de vergonzoso.