Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La aparición de la revista digital Proceso Jurídico y las Elecciones

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para revisar todo lo concerniente a la validez de la Constitución de la Ciudad de México y el país comienza a conocer todo con respecto al proceso electoral del año entrante, donde se elegirá un nuevo presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso de la Unión y varias gubernaturas y congresos locales, en los próximos días saldrá una nueva revista digital, que se llamará Proceso Jurídico.

Esta revista, única en el mercado de las telecomunicaciones y que está dirigida al público en general, pero en especial para estudiantes, abogados, maestros de derecho, profesionistas, empleados judiciales, jueces, magistrados y ministros, empresarios y funcionarios, abordará temas jurídicos innovadores, en un lenguaje sencillo y llano que permita a nuestros lectores entender los cambios.

Los temas de actualidad, las nuevas tendencias, transformaciones en el mundo legal y derechos humanos, novedades editoriales y todo lo que tenga que ver los asuntos nacionales, serán tratados en esta nueva publicación, cuyo fin –aunque parezca ambicioso–, es ser un referente, en los asuntos que se aborden.

Con una periodicidad mensual, abarcará, entre otros asuntos, los derechos de los consumidores, de las audiencias, de autor, de transparencia y rendición de cuentas, temas que tienen que ver con la creación de nuevas leyes secundarias, el nuevo sistema de justicia, incluyendo el acusatorio y el penal, competencia económica, avances tecnológicos y nuevas concesiones, responsabilidad del Estado, asuntos fiscales y de comercio exterior, apertura de mercados, tratados internacionales y de libre comercio, las nuevas formas de contratación laboral, derechos laborales y la tenencia de la propiedad.

Mientras que la tendencia mundial muestra que la mayoría de los impresos como periódicos, semanarios y revistas especializadas, van disminuyendo precipitadamente sus tirajes y los anunciantes son cada vez más escasos, las publicaciones digitales han crecido, no sólo en número, sino que algunas de ellas se han venido a posicionar en el mercado nacional tanto por el número de visitantes, como por el volumen de anunciantes –públicos y privados–. Y si esto va respaldado por una agencia de noticias, la revista digital se fortalece, sobre todo, si aborda temas de actualidad y respalda con información y orientación, sus contenidos.

Esperemos ver a partir del primero de septiembre, la revista Proceso Jurídico, sus contenidos y la forma cómo la sociedad la acoge como un medio de información y consulta confiable. La agenda de los temas a tratar se fundamentará, la mayor parte del tiempo, en las sugerencias de sus propios lectores.

Por otra parte, y como dijo mi amigo el poeta y académico Javier Sicilia, en medio de la velocidad de la violencia, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las furibundas luchas por el poder político, en donde todos hablan, nadie escucha y nada es más viejo que el Twitter de hace dos minutos; en medio de la velocidad de las ciudades y de la agitación electoral, de manera unánime, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes de cara a las elecciones del próximo año.

Luego de reconocer que ese presupuesto será “el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política”, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que “este proyecto no es una determinación arbitraria del INE, sino la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución”.

Esta enorme cantidad de dinero público, que prácticamente será tirado a la basura, lo debemos reducir, como lo sostienen diversas organizaciones sociales, a una cuarta parte, para obligar a partidos y candidatos a que se gasten más las suelas de sus zapatos, caminando por las calles, escuchando los legítimos reclamos sociales y no mediante anuncios en radio y televisión, por lo que esos recursos ahorrados, alrededor de 4,500 millones de pesos, sean destinados a otros programas sociales y puedan ser auditados.

Al dinero público previsto por el INE, habría que sumar el dinero ilegal y sucio que se utiliza en las precampañas y campañas electorales. Por ello, los alcances de una fiscalización, se complican por la carencia de eficaces medios de control ciudadano. Sería saludable, que los partidos políticos y los legisladores federales firmen un pacto y convengan reducir sus gastos.

Eso sería lo justo.