Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Los Sismos, los damnificados, la desconfianza y los feminicidios

De acuerdo con los datos que arrojó el censo que realizaron autoridades federales en los estados de Chiapas y Oaxaca, con motivo de la devastación que arrojaron los sismos, hasta ahora suman 300 mil personas damnificadas como consecuencia del sismo de 8.2 grados.

En un mensaje a medios, luego de la reunión de evaluación, el Ejecutivo Federal comentó que, a reserva de consolidar el censo, en Chiapas 200 mil personas resultaron damnificadas y 100 mil en Oaxaca en diversos municipios.

Explicó que por el sismo, 2 mil 678 escuelas resultaron con algún tipo de afectación –mil 72 en Oaxaca y mil 606 en Chiapas-, y que 262 tuvieron daños graves -86 en Chiapas y 176 en Oaxaca-, por lo que su rehabilitación o reconstrucción podría tardar hasta ocho meses. Con daños medios, agregó, hay mil 445, y con afectaciones menores, 927.

La SEP detallo que a través de las aseguradoras se tendrán mil 800 millones de pesos; hay un fondo de 70 millones para reparaciones menores, y unos 200 millones de pesos serían del Fondo de Desastres Naturales. Indicó que el pago directo de las aseguradoras a los constructores evitará la opacidad, y planteó que las mismas comunidades escolares serán vigilantes de un buen destino de los recursos públicos y privados.

Sin embargo, los chiapanecos y los oaxaqueños no le creen al gobierno federal y temen que después de que pase la contingencia, la ayuda humanitaria, los alimentos y recursos de apoyo no lleguen. Hay varias

denuncias en contra de militares, marinos, alcaldes y funcionarios municipales y estatales que presuntamente están lucrando con la ayuda.

El tema no es menor, y es una obligación del gobierno de Enrique Peña Nieto y de los gobernadores Manuel Velasco Cuello y Alejandro Murat Hinojosa, que tanto la ayuda humanitaria y oficial, así como los recursos públicos para la reconstrucción, sean debidamente canalizados y no dejen ninguna sombra de duda, pues en las redes sociales, el tema es la desconfianza y se han canalizado denuncias y sospechas de que está habiendo abusos con dicha ayuda. Eso sería catastrófico, pues la credibilidad de los gobiernos está en entredicho.

Por otra parte, miles de ciudadanos se manifestaron para repudiar el asesinato de la joven estudiante, de 19 años de edad, Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en la ciudad de Puebla. Las protestas se realizaron en los estados de Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México con la exigencia central de que se decrete la alerta de género a escala nacional.

Lo ocurrido con Mara Fernanda Castilla ha fortalecido el fundado temor de mujeres mexicanas ante las agresiones que de la verbalidad obscena y el acoso de tipo sexual pueden pasar a la violación y la muerte.

De acuerdo con lo manifestado por diversas organizaciones sociales, ya no basta el uso de un servicio de transporte supuestamente seguro, como presumen las firmas extranjeras Cabify y Uber, tampoco funcionan los sistemas de activación de investigaciones policiacas, pues son muy lentos, indolentes y, con frecuencia, infiltrados por los mismos delincuentes.

La impunidad y el quiebre del sistema de procuración e impartición de justicia están en el centro del drama cotidiano que se vive en México. Salvo casos de alta exposición pública, como el acontecido con Mara, los agresores suelen ser beneficiados por la falta de controles técnicos y la irresponsabilidad de las procuradurías y en agencias del ministerio público que están absurdamente burocratizadas y que sólo suelen avivarse mediante inyecciones de dinero o recomendaciones que, sin embargo, tampoco garantizan desenlaces aceptables para las mujeres agredidas y sus familiares.

En Puebla, la movilización callejera se realizó dos días después de que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget,

confirmó el asesinato de la estudiante de 19 años, tras siete días de especulaciones sobre su desaparición.

La fiscalía de esa entidad responsabilizó del asesinato a Ricardo Alexis N, chofer del servicio de transporte Cabify, mismo que utilizó la joven para trasladarse a su domicilio la madrugada del 8 de septiembre. El cuerpo de la joven Mara Castilla Miranda fue localizado el pasado 15 de septiembre en un predio de la comunidad de Santa María Xonacatepec, municipio de Puebla, con rastros de agresiones físicas y sexuales.

En algunas ciudades del país se realizaron actos como marchas, plantones, pintas, mantas, consignas y expresiones en demanda de justicia y se exigió la declaratoria de emergencia nacional por el asesinato de mujeres. En los estados de México, Chihuahua, Tamaulipas, los casos de feminicidios han aumentado, mientras que la jerarquía católica y algunos de sus adeptos, han hecho expresiones recriminatorias hacia las mujeres. Muy lamentable. Hay que evitar la violencia de género y también evitar pronunciamientos machistas que pueden alentar una violencia creciente.