Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. 

Los asesinatos de periodistas, su impunidad y la ridícula respuesta del Estado Mexicano ante la condena mundial 

Además de la crisis financiera y de credibilidad que tienen la mayoría de los medios de comunicación, principalmente los impresos y los televisivos, desde hace varios años, los grupos delincuenciales y de poder político y económico regionales, han tomado medidas para asesinar, agredir, amenazar, secuestrar y hasta obligar a periodistas, a que no ejerzan su profesión.

Ahora, en su desplegado, 39 medios de comunicación dieron a conocer que acordaron una estrategia conjunta para prevenir ataques contra periodistas. Dichos medios, entre ellos TV Azteca, Televisa, Grupo Fórmula, TVImagen, Milenio, Proceso, La Jornada, Ríodoce, El Debate, El Financiero y el Universal, entre otros, sostuvieron que pese a las reformas emprendidas entre 2006 y 2015, el sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino que lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia.

Expresaron que esta debilidad institucional alcanza también a las fiscalías especializadas como a los mecanismos ad hoc creados por los estados y el gobierno de la República y denunciaron que los ataques se siguen sucediendo sin que prácticamente ningún responsable de estos atentados haya respondido ante la ley, lo que, a su juicio, retroalimenta los incentivos de violencia e impunidad.

Los medios de comunicación que firmaron dicho documento dieron a conocer sus principales acuerdos:

1.- Desarrollar una estrategia conjunta que les permita incidir de manera eficaz en la prevención de ataques contra periodistas y medios de comunicación, independientemente de dónde provengan tales ataques y cuál sea su modalidad.

2.- Constituir en lo inmediato un Grupo de Trabajo formado por directivos y medios de comunicación para que laboren en delinear acciones de corto, mediano y largos plazos.

3.- Este Grupo de Trabajo podrá establecer comités o subcomités con el apoyo de otras empresas de medios, que estén o no representadas por los suscritos, para desarrollar proyectos concretos alineados con una visión genera.

4.- Emprender una campaña conjunta orientada a la sociedad en general, para compartir con transparencia su visión sobre el desafío que tienen enfrente.

Mientras tanto, en un comunicado conjunto de tres dependencias federales dieron a conocer que concluyó la visita oficial de David Kaye y Edizon Lanza, Relatores Especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión.

Se explicó que en la reunión, celebrada en la Cancillería, los Relatores Especiales agradecieron “la invitación del gobierno de la República y la amplia cooperación por parte de las autoridades, lo cual permitió que la visita se llevara a cabo en un marco de gran apertura y diálogo con los distintos interlocutores.

La visita comprendió una intensa agenda de trabajo, en la que los Relatores sostuvieron encuentros con representantes de alto nivel del Gobierno Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como con Secretarios Generales de Gobierno, Fiscales y Procuradores de los estados de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y de la Ciudad de México. Asimismo, se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de comisiones estatales de derechos humanos; con organizaciones de la sociedad civil y con aproximadamente 250 periodistas.

Según el gobierno federal, durante las reuniones celebradas con los representantes de las distintas instituciones del Estado mexicano se expusieron detalladamente los esfuerzos que, en el ámbito de sus competencias, han puesto en marcha para garantizar la libertad de expresión y proteger al gremio periodístico.

En particular, se destacó que en mayo de este año, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció medidas para fortalecer el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mismo que desde su creación ha beneficiado a 349 periodistas, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual desde dicha instrucción ha incorporado nuevos ministerios públicos, policías investigadores y una unidad de análisis de contexto; y como parte del compromiso con el abatimiento a la impunidad ha presentado 20 casos de agresiones a las autoridades judiciales para su procesamiento y en 6 casos se han obtenido resoluciones que imponen una sanción a los responsables y la reparación a las víctimas.

Pero en concreto nada. El gobierno da la cara y bla, bla, bla, mientras las agresiones y los asesinatos continúan.

INAI APELARÁ ANTE SUPREMA CORTE  

Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) apelará ante la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para evadir el cumplimiento de la resolución emitida por el pleno del INAI y que afecta a los consejeros del IFT.

Síntesis del caso:

Un ciudadano solicitó la grabación de la entrevista efectuada entre los Comisionados del IFT, y las personas que representan los intereses de Tele Fácil. En respuesta el IFT reservó la grabación en términos de la LFTAIP, en relación a la LFTyR. El particular impugnó la reserva de la información. En alegatos el IFT reiteró su respuesta inicial. El INAI en su resolución consideró procedente MODIFICAR la respuesta del IFT, a efecto de que, de manera fundada y motivada, formulara la prueba de daño, y clasificara la información.

El caso es que el INAI sostiene que el artículo 6º Constitucional establece que las resoluciones de su pleno son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, incluido el IFT. Y en el caso concreto, un particular solicitó la grabación de una entrevista efectuada entre los comisionados del IFT y las personas que representan los intereses de Tele Fácil. En respuesta el IFT clasificó la información. El particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez.

De lo que resuelva la Corte generará un enorme precedente de los alcances de los organismos públicos autónomos.